“Es una investigación compleja por la participación del personal de Policía”

Los coletazos por el escándalo del robo un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en el depósito de decomisos de la Unidad Regional II de Policía, no se agotaron en la imputación de ocho funcionarios de la fuerza ni en el recambió del jefe y subalternos de la división Toxicomanía, dependencia que estaba a cargo de la custodia de la droga.

Incluso, en un intento por despegarse del hecho y “empezar de cero sin el estigma de este caso”, tal como reconoció un alto jefe, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó borrar la palabra Toxicomanía y rebautizar a la división como “Drogas Peligrosas”.

En tanto, para garantizar la transparencia de la investigación penal, desde un primer momento el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, ordenó que las pesquisas estén a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

El magistrado también decretó el secreto de sumario con la intención de preservar al máximo los testimonios y elementos de prueba para evitar filtraciones que puedan interferir en un caso gran complejidad, ya que los implicados son integrantes de la Policía de Misiones.

“Ya se tomaron todas las audiencias indagatorias y se están realizando las últimas medidas necesarias, previas al levantamiento del secreto de sumario, lo que fue necesario para asegurar una investigación adecuada y completa”, explicó Gallandat Luzuriaga.

Asimismo, reconoció que “es una investigación compleja por la participación de personal de la Policía. La misma gente que hizo el secuestro y que a su vez tenía a su cargo la custodia, se relajó, por decirlo de alguna manera, en esa función y permitió que parte de esa droga se filtrara en nuestra jurisdicción. Por eso mi enojo, lo que me llevó a involucrarme mucho en la investigación de esta causa en particular”.

Resolución inminente
El faltante de un kilo de cocaína del depósito policial fue alertado el pasado 7 de agosto por el propio personal de la División Toxicomanía.

Un dato clave indica que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína disponían de las llaves. Las mismas eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B. -ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente-, aunque luego declararon que los subalternos también tenían acceso a las llaves que se dejaban en la oficina.

La droga desaparecida era parte de un lote decomisado el 28 de septiembre del año pasado en un procedimiento que se concretó en la localidad de Campo Viera.

En aquella ocasión un hombre de 50 años fue detenido con varios panes de cocaína de máxima pureza, secuestro que arrojó un peso total de 4,213 kilogramos divididos en cuatro paquetes, todo valuado en más de 5.500.000 de pesos.

Al respecto, el juez Federal de Oberá explicó que la investigación posterior permitió determinar que el acusado pretendía transportar el estupefaciente hacia la provincia de Entre Ríos. En tanto, confirmó que dicha causa ya se encuentra en etapa de juicio.

Con relación al expediente por la desaparición de la droga secuestrada, mencionó que concluidas las medidas de prueba, el sumario “será puesto a disposición de las partes para su evaluación y sugerencias de nuevas medidas”.

“Luego se procederá al dictado de las resoluciones procesales de cada una de las personas que fueron indagadas, lo que conllevará procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito, según se determine”, remarcó.

Acción u omisión
Avanzada la pesquisa se halló elementos para imputar a ocho policías. Se trata de seis efectivos que cumplían funciones en Toxicomanía, responsable de la custodia de la droga, además de la jefa y segundo a cargo de la Seccional Tercera, dependencia en la que se hallaba el depósito ahora clausurado.

En tanto, los sucesivos testimonios del personal subalterno de Toxicomanía complicó la situación de los superiores.

Incluso, trascendió que el subcomisario Carlos Ariel L. habría entrado en serias contradicciones que derivaron en la renuncia del defensor oficial asignado, por lo que tuvo que cambiar de abogado, cargo que recayó en una defensora oficial.

Con respecto a las autoridades de la Seccional Tercera, se habría determinado que en el libro de guardia no se registraba el acceso del personal de Toxicomanía al depósito, lo que atiza suspicacias.

Ahora la Justicia Federal deberá determinar si hubo acción u omisión, complicidad o negligencia por parte de quienes estaban al frente de la dependencia.

En cuanto al personal de Toxicomanía, en sus respectivas declaraciones los subalternos habrían apuntado a los oficiales de mayor rango.

Así, se supo que apenas horas antes de alertar sobre el faltante de droga, el subcomisario Carlos Ariel L. se encontraba cubriendo un servicio adicional en un conocido mayorista local, circunstancia en la que solicitó relevó por una presunta indisposición y se retiró antes de que llegue su reemplazo, lo que siembra suspicacias.

Días después, ya en disponibilidad el mismo oficial se habría presentado en la base de la división con intención fotografiar expedientes y reunirse con el personal, lo que derivó en una denuncia por presunto entorpecimiento de la investigación.

“Era pura pura”
Entre los funcionarios que prestaron declaración ante el Juzgado Federal se hallan el comisario inspector Juan Rafael Kubiszen y el comisario inspector Hugo Omar González, jefe y segundo jefe, respectivamente, de la Unidad Regional II.

Si bien ambos asumieron el 30 de enero pasado, Kubiszen proviene de la jurisdicción de Leandro N. Alem, mientras que González fue jefe de la División Investigaciones de la UR II, dependencia que siempre mantuvo una estrecha relación laboral con Toxicomanía, hoy Drogas Peligrosas.

En ese marco, una cuestión que tuvieron que explicar fue por qué el jefe y el segundo de Toxicomanía siguieron al frente de la dependencia hasta una semana después de que se detectará el faltante del depósito de decomisos.

Incluso, trascendió que los apartados habrían tenido cierta injerencia en el hallazgo de un presunto dato que permitiría corroborar que la droga desaparecida ya fue introducida al circuito comercial ilegal de la ciudad de Oberá.

Es que si bien la pesquisa ordenada por Gallandat Luzuriaga está a cargo de personal de GNA, el indicio que derivó en los primeros allanamientos fue suministrado por personal policial.

Así, según el expediente, a principios de agosto personal del Comando Radioeléctrico acudió a un requerimiento por violencia doméstica y dieron con un sujeto muy alterado.

En el lugar, los familiares reconocieron que es adicto a las drogas, aunque mencionaron que al momento evidenciaba un comportamiento más violento de lo habitual.

El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde más tarde y ya calmado, precisó que habría consumido un dosis de cocaína de máxima pureza, nada comparado con lo que adquiría habitualmente.

“Era pura pura, parece que no estaba cortada. Nunca tomé algo tan fuerte”, habría asegurado ante los uniformados.

Pericia química
Tras la declaración del adicto detenido, el personal policial siguió indagando sobre el origen de la droga y surgió el nombre del presunto proveedor, quien sería familiar de un ex integrante de Toxicomanía.

A partir de ese testimonio, que según fuentes del caso habría sido previo a la constatación del robo de la droga que estaba en resguardo, se ordenó el allanamiento de una vivienda donde personal de GNA encontró 60 gramos de marihuana y una dosis de cocaína.

Luego, el Juzgado Federal de Oberá informó que dicha dosis sería sometida a una pericia química para tratar de confirmar su procedencia y la posible vinculación con el lote al que pertenecía la sustancia que despareció del depósito, resultado que aún no trascendió por el secreto de sumario.

De todas formas, a partir de los testimonios y pruebas recepcionadas en la instrucción, surgirían indicios de cierto direccionamiento para forzar la vinculación a un subalterno con la desaparición de la droga, según fuentes con acceso al expediente.

Por otra parte, días atrás efectivos de Gendarmería procedieron al secuestro de toda la droga que había en depósito de la UR II, ubicado en la Seccional Tercera.

En la oportunidad se procedió al decomiso de poco más de 3.000 mil kilos de marihuana y 3 kilos de cocaína. Los estupefacientes fueron ubicados en los depósitos del Escuadrón 9 Oberá de GNA.

Además del retirar todos los estupefacientes que estaban en custodia de la División Toxicomanía, se procedió a la clausura del depósito de la Policía.