Sacarse una pesada mochila

Durante seis meses, en medio de una pandemia mundial sin precedentes, el equipo económico de Argentina trabajó muchas veces con un perfil muy bajo y de manera silenciosa para negociar la pesada deuda con bonistas privados dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Desde febrero y en todo este tiempo, por disposición del presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán fue armando una propuesta que terminaría siendo valorada por muchos economistas independientes. Desde que asumió la administración, el 10 de diciembre de 2019, el jefe de Estado se propuso liberar de este peso a la Argentina para poder avanzar en la recuperación del país, tras tres años de recesión y de endeudamiento. Quien mejor supo sintetizar lo que representó el acuerdo fue el ex viceministro de Economía de la Nación, Emmanuel Álvarez Agis, quien en entrevista sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri le dejó a la Argentina una mochila de deuda que pesaba 100 kilos. Y lo que hizo el gobierno fue lograr que la mochila pese 54,8 kilos y que recién se la tenga que poner en 2025.

Está claro que mientras se buscaban soluciones, los más agoreros sólo pensaban que la administración nacional se había enamorado de la cuarentena y sólo estaba enfocada en sobrellevar, sin mayores consecuencias, la pandemia.

Muchos de los que desconfiaban eran justamente integrantes de la administración anterior comandada por Macri, que dilapidó uno de los mayores endeudamientos registrado en un solo gobierno. Es que parte de los 44.000 millones de dólares que el gobierno de Macri recibió del Fondo Monetario Internacional se terminó fugando; se supone que lo destinó en parte al intento -sin éxito- de mantener controlado el dólar que desde 2015 fue creciendo. Esa deuda de 44.000 millones dejada por el gobierno de Cambiemos es la siguiente tarea a ser encarada por Guzmán. Recordemos que Alberto Fernández heredó un país en recesión, con aumento de la pobreza, caída de la actividad, disminución del empleo y una de las inflaciones más altas del mundo, al haber promediado casi 54% en 2019.

Respecto a la actual solución a esta pesada herencia dejada por la administración de Cambiemos, en los últimos días se pudo cerrar el trabajoso acuerdo de restructuración, más exactamente a las 3 de la madrugada del pasado martes, se conoció que el gobierno de Alberto Fernández había llegado a un acuerdo exitoso con los acreedores privados extranjeros. Con ello se daba cuenta haber arribado al entendimiento con los tres grandes grupos de acreedores, entre los que se encontraban el Grupo Ad Hoc -integrado por los fondos de inversión Black Rock, Fidelity y Ashmore, entre otros, el Grupo Exchange -que incluye al fondo Monarch-, y el Comité de Acreedores de la Argentina. Black Rock, una de las mayores sociedades inversoras del planeta, había presentado constante resistencia a la oferta que venía desarrollando la Argentina. Luego, junto a otros trece fondos de inversión, anunciaría formalmente haber aceptado la oferta argentina de canje de deuda señalando que el entendimiento proporcionará un alivio en pagos de deuda de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos nueve años. El descomunal ciclo de endeudamiento de la gestión anterior cargaba con abultados pagos en poco tiempo, que hacía imposible la sostenibilidad. Por ello, el FMI, junto a economistas de prestigio independientes, dictaminaron en varias oportunidades a favor de la propuesta sustentable que presentó el equipo argentino.

Con el documento de los grandes jugadores aceptando la propuesta, se estima que se tendría asegurado el respaldo necesario para avanzar con la reestructuración de los bonos que operan bajo la legislación de Nueva York sin correr el riesgo a enfrentar litigios. Dicho en otros términos, tal como lo sostuvo el ministro Guzmán, con este acuerdo se tendría una gran aceptación, y si no alcanzara el 100%, contaría con las mayorías necesarias en las distintas series de bonos que integran el canje, con lo que Argentina podrá utilizar las cláusulas de acción colectiva para cerrar la operación y evitar que futuros holdouts, tristemente conocidos en la Argentina como los fondos buitre, litiguen contra el país en los tribunales de Nueva York. De esta manera, mediante el acuerdo con este grupo de acreedores, la Argentina supera uno de los escollos más difíciles a la hora de la negociación. Así se avanza en reestructurar una deuda superior a los 65.000 millones de dólares y concretar además algo que en la oposición creían imposible: salir del default, aunque terminarían reconociendo que fue una negociación exitosa.

Los economistas coinciden que de esta manera la Argentina terminó desactivando una bomba. Es verdad que hay otras amenazas, como el endeudamiento con Fondo Monetario Internacional que también dejó la administración de Macri y cuyo equipo económico y responsables del mayor ciclo de endeudamiento de la economía argentina hasta desembocar en un default virtual, salió esta semana a opinar sin sonrojarse sobre la negociación del ministro Guzmán.

Este acuerdo permite tener despejado el horizonte, diría Alberto Fernández, al destacar que se resolvió una deuda imposible en medio de la mayor crisis económica y de la pandemia. Tras felicitar al ministro de Economía por la gestión, el jefe de Estado instó a los empresarios a invertir en el país. Según Fernández ahora viene una etapa para recuperar el mercado interno, impulsar las exportaciones y las economías regionales. La noticia tuvo la reacción positiva de los mercados bursátiles y financieros. Además, este acuerdo se produjo en una semana en la que el Senado aprobó un marco legal para que los bonos en pesos sean equiparados a los bonos en dólares y se espera ahora similar aprobación en la Cámara de Diputados.

Espías macristas en problemas
El escandaloso sistema de espionaje montado durante la administración de Mauricio Macri comienza a tener resolución en la Justicia, que esta semana procesó al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y a la segunda del organismo, Silvia Majdalani. Es por la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Cristina Fernández y al Instituto Patria, una de las sedes del kirchnerismo en Buenos Aires. Los espías están acusados por presunta presentación de informes falsos y seguimiento a quien además fuera presidenta de la Nación.

Este expediente es una de las varias causas judiciales abiertas por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que afectó a periodistas, dirigentes gremiales, sociales y políticos, incluso aliados del ex presidente. Estos hechos habrían ocurrido en 2018 durante la presidencia de Macri. En el procesamiento se conoció que Arribas mantenía constante diálogo con el presidente Macri a través de un teléfono encriptado y con un sistema armado por la AFI.

El ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste -procesado porque advirtió todas estas maniobras y no hizo la denuncia- admitió en la causa que era imposible que un agente o director de la central de espías dispusiera una vigilancia sobre Cristina sin el consentimiento del entonces mandatario nacional.

Queda por resolver otro expediente, el referido al espionaje al domicilio de Cristina Fernández y a lo que debe sumarse una amplia lista de personalidades, donde figuran desde la hermana de Macri, a dirigentes de Cambiemos, más numerosos opositores, dirigentes sociales o sindicales y hasta el obispo Jorge Lugones por ser amigo del Papa Francisco, entre otros. Esta no es la primera vez que Macri está involucrado en casos de espionaje ilegal, ya que fue procesado por tal delito siendo jefe porteño, luego rápidamente sobreseído dos semanas después de asumir la presidencia en diciembre de 2015. Algunos referentes de Cambiemos intentan responsabilizar lo sucedido a grupos autónomos, sin embargo se suman elementos dando cuenta que Macri, que por estos días disfruta junto a su familia del verano francés en plena pandemia, estaba al tanto por los lazos establecidos con los agentes de AFI y la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, cuyo despacho estaba a metros del sillón presidencial donde recibía a los agentes, más los chats del ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, que complican aún más la situación del ex presidente.

Cristina Fernández sigue de cerca y con intensidad las investigaciones y aprovecha para pegarle a su rival de turno con los avances o retrocesos en las causas.

La Legislatura, con más digesto
En la Legislatura de Misiones se siguen aprobando diversas leyes y comenzará a tratarse esta semana el Presupuesto de la provincia para el próximo año. Para ello el uso de la tecnología será importante, como lo viene siendo en el trabajo de las comisiones y sesiones. Como se recordará había comenzado el año legislativo consolidándose como la primera legislatura virtual del país, hasta colaborar y asistir al Congreso de la Nación para que sesionen con el sistema misionero. Esta semana, así como se ocupó de hacer con el Digesto jurídico provincial y luego asistir al Municipio de Posadas, del mismo modo tendrá intervención para trabajar en el Digesto Jurídico de Montecarlo. Para tal fin se firmó un convenio rubricado mediante videoconferencia entre el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y la titular del Concejo Deliberante de esa localidad del Norte, Graciela Oliveira. Desde la Legislatura se destacó el trabajo del Parlamento Misionero de haber concretado el compendio de normas de la provincia, que según expuso Rovira, se trató de un esfuerzo de síntesis, de separar las partes para encontrar lo primordial de lo secundario de manera científica. Con ello, destacó que se evita la inflación legislativa y errores o superposiciones de normas. Ello además de lograr un texto ordenado y actualizado.

Impuesto diferencial para Misiones
Los empresarios de Misiones casi al finalizar la semana salieron en masa a ratificar el reclamo ante Nación, para contar con un tratamiento impositivo diferencial para la provincia, pensando en ser competitivos cuando vuelva a abrirse la frontera con Brasil y Paraguay. En similar sintonía se había expresado en forma previa el gobernador Oscar Herrera Ahuad, ante las autoridades nacionales reiterando la necesidad de contar con una zona franca especial u otro sistema similar ante la ubicación que tiene Misiones. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, indicó que está por demás claro que Misiones tiene más del 90 por ciento de frontera con terceros países y es la única provincia cuya capital es ciudad de frontera. Dicho en otros términos, al estar rodeada de dos países, implica también competir con regímenes impositivos muy distintos a los vigentes en la Argentina. En resumen, la veintena de empresas nucleadas en la Confederación misionera pretenden que se reduzcan los costos tributarios y previsionales y con ello, bajar el costo de los comercios, industrias o producción, para mantener igualdad de oportunidades con países de la región.

Con más apoyo
Desde el sector también reconocen el apoyo desde la administración provincial para sobrellevar este momento de pandemia, que en muchas provincias afecta con dureza a la economía. Desde el gobierno se sostiene la actuación binaria, cuidando por igual la salud como la economía local. Para dar un paso más en tal sentido y cuidar el bolsillo de los misioneros, se lanzó esta semana una nueva herramienta para incentivar el comercio electrónico.

Se trata de la billetera virtual Yacaré que fue lanzado esta semana por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Se apunta con ello darle un mayor impulso al comercio electrónico que fue creciendo en medio de la pandemia y la propuesta es facilitar transacciones seguras, es decir darle la oportunidad al usuario de hacer compras de productos desde el celular en la provincia o en otros puntos del país. En el mismo lanzamiento se puso en marcha el programa provincial Ahora Monedero, que permitirá reintegros importantes a los consumidores en los comercios de todos los municipios que operen con esta nueva herramienta digital que estará vigente hasta fines de octubre.