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Los títulos, las habilitaciones y la universidad

domingo 12 de julio de 2020 | 5:00hs.
Los títulos, las habilitaciones y la universidad
Gonzalo Peltzer

Por Gonzalo Peltzer [email protected]

En el actual territorio de la República Argentina hubo universidad más de 200 años antes de nuestra independencia. La Universidad de Córdoba y las cinco anteriores fundadas en la América española nacieron con el concepto medieval de universidad, ese que dice que es un lugar donde todos estudian y no donde unos enseñan y otros aprenden. Fue junto con nuestra independencia que empezó a colarse la idea napoleónica de convertir a las universidades en agrupaciones de escuelas profesionales, donde se aprende más a hacer cosas que a dominar una ciencia.
Hasta 1885 la universidad argentina no daba títulos habilitantes: solo certificaba que esa persona había estudiado lo que fuera. Eran las profesiones las que lo daban, lo quitaban y lo regulaban. Tanto que Dalmacio Vélez Sárfield, el autor de nuestro primer código civil y a quien nadie niega su condición de gran jurista, abandonó en primer año la carrera de Derecho... Y Marcelino Ugarte, uno de los primeros juristas de Buenos Aires, consiguió muy joven el título de doctor en jurisprudencia, pero para conseguir el de abogado tuvo que trabajar en un estudio, hacer prácticas durante tres años y rendir examen ante la Academia de Jurisprudencia. Ya se ve que una cosa era ser licenciado o doctor y otra abogado, contador, arquitecto, médico, veterinario, ingeniero...
Desde esa ley de la época de Nicolás Avellaneda hasta nuestros días se ha ido exacerbando la habilitación profesional desde la universidad. Los títulos y solo los títulos dan derecho a ejercer profesiones y esta realidad llegó a pasar los límites del sentido común, tanto que durante unos cuantos años rigió una ley que establecía incumbencias profesionales para las carreras; así al registrar una nueva carrera ante el Ministerio de Educación había que listar taxativamente las incumbencias del título y si te olvidabas de alguna tus graduados nunca iban a poder ejercer esa incumbencia bajo pena de ejercicio ilegal de la profesión si lo hacían. Llegaron a inscribirse 1.500 carreras y el periodismo fue un caso testigo tremendo, tironeado por los que querían controlarlo desde el estado por un lado y desde la industria que pedía libertad por el otro.
La ley que rige actualmente la educación superior es de 1995 (24.521), con algunas leves modificaciones posteriores. Se apeó entonces del concepto de las incumbencias, pero lo único que hizo fue borrar esa horrible palabra para establecer casi lo mismo en su artículo 42: Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional (...). Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. Y el artículo 43 establece requisitos especiales para las carreras que otorguen títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes... solo se salvan pocas carreras... esas que siguen los poetas, los escritores y otros artistas, siempre que no sean profesorados.
Mientras la universidad argentina no se despegue del racionalismo napoléonico seguirá sumida en la decadencia y la decadencia de nuestra educación es el origen causal de nuestros fracasos como país. Por eso vengo diciendo hace tres domingos que la universidad debe ser el lugar donde todos estudian. La idea de que sea la universidad la que otorgue títulos habilitantes con incumbencias taxativas las convierte en tiendas de diplomas para buscadores de trabajo. Peor es el lobby de las profesiones, a las que les conviene que su título sea necesario para trabajar; así obligan a la industria a contratar solo afiliados al colegio profesional y así pueden mangonear a su antojo.
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