La Sigen asegura que Caballero desvió los fondos para el autopago
De acuerdo al informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), desvió fondos que originalmente estaban destinados al pago adicional por zona desfavorable, para concretar el cuestionado autopago de más de 2.300.000 pesos.
viernes 19 de diciembre de 2008 | 0:00hs.
De acuerdo al informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), desvió fondos que originalmente estaban destinados al pago adicional por zona desfavorable, para concretar el cuestionado autopago de más de 2.300.000 pesos. Anoche estudiantes, docentes y no docentes, analizaban tomar la Universidad si el lunes el rector no adoptaba alguna medida a raíz del informe, como su propia renuncia.
Según el documento, al cual tuvo acceso El Territorio, esta casa de altos estudios no tenía financiamiento para concretar ésta operatoria, hoy considerada nula por la Sigen.
Es que para el autopago se utilizó dinero que tenía por fin regularizar el desfinanciamiento producido por la incorrecta liquidación de los haberes del personal de la universidad. Esto es lo que se desprende de la auditoría realizada por la Sigen y solicitada por las autoridades de la UNaM, que ahora terminaron cuestionando el contenido de dicho escrito.
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) autorizó el 30 de noviembre del 2007 el envío de un millón doscientos mil pesos a la UNaM para “mitigar el desequilibrio presupuestario producido por la incorrecta liquidación del concepto Zona Desfavorable”. Así afirma el informe N° 125/08 GSIS de la Sigen, emitido con fecha de noviembre de 2008, tal como adelantara ayer este matutino. Agrega el escrito que “dichos fondos no incluían la financiación de la deuda salarial emergente por la Ordenanza N° 048/05-HCS”. Con claridad, la Sigen advierte que no estaba destinado al autopago, tal como ocurrió. En el citado documento, sostienen que desde la universidad, aún no rindieron cuentas, como se exige. De esta manera, dicha dependencia no tiene información oficial sobre el destino real que finalmente le dieron a los fondos enviados.
El 2 de enero de este año el rector, antes que regularizar la situación presupuestaria, para lo cual se le envió el dinero, instruyó a la Secretaría General de Economía y Finanzas de la UNaM para que disponga la liquidación retroactiva, al mes de mayo de 2006, del incremento salarial de los funcionarios que otorga la Ordenanza N° 048/05 del Consejo Superior.
La UNaM debía rendir cuentas a la SPU del destino final del dinero. Esto aún no sucedió, según también consta en el informe de auditoría de la Sigen.
Además, el autopago dejó en rojo las arcas de la universidad misionera, ya que al librar los cheques para abonar a los funcionarios, la cuenta corriente creada para los sueldos de la UNaM no tenía los fondos suficientes para afrontar el pago. “La cuenta corriente (sueldos) abierta en el Banco Patagonia S.A. N° 710384632, contra la que se libraron los cheques correspondientes al pago retroactivo efectuado en enero de 2008, no contaba con los fondos suficientes para hacer frente al mismo”, señala el escrito del organismo nacional. A su vez, detalla que al finalizar enero de 2008, la cuenta sueldos de la UNaM presentaba un saldo negativo de 239.423,49 pesos.
La ordenanza bumerang
La Ordenanza 048/05 se transformó en un efecto bumerang, para el actual rector de la universidad, quien debe afrontar una de las peores crisis de la historia.
Todo el conflicto tiene su génesis en la citada ordenanza, como puntualiza la Sigen, aprobada en diciembre de 2005 y fundamentada por el acuerdo N° 555 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el cual recomiendan a las casas de altos estudios modificar los salarios de funcionarios y equipararlos, en valor y movilidad, al de un docente de categoría exclusiva y de la mayor antigüedad.
Ordenanza que se trató en el Consejo Superior a instancias del despacho N°055/05 de la Comisión de Presupuesto y Administración , con fecha 30 de noviembre de 2005, y que lo firmaron los entonces consejeros superiores Aldo Montini, quien abdicó como Vicerrector hace unos meses; Aldo Caballero, actual rector; Susana Cáceres, Egidio Esquivel, Gerardo Ibáñez, Miriam Wik y José Ortiz. Pero, según miembros de aquel Consejo Superior, los ideólogos de la misma fueron Caballero, Montini y Wik. Esta ordenanza se aprobó por mayoría, pero sin el apoyo ni el acuerdo de la gestión de aquel entonces, que tenía a Fernando Jaume como rector y a Roberto Gutawski como Vicerrector, quienes pidieron que no se apruebe debido a que no existían fondos suficientes. Igualmente se avanzó y se concretó la Ordenanza, hecho que fue tomado como un triunfo político por Caballero y Montini. “Como gestión del 2005 no estuvimos de acuerdo con esa ordenanza y no votamos a favor en el Consejo porque no se contaban con los fondos necesarios para afrontar el aumento”, manifestó Gutawski durante la sesión del Consejo Superior del último miércoles. Así, aquella resolución lanzada en el 2005, con intenciones políticas más que gremiales, la Ordenanza 48/05, volvió para golpear, muy duramente, a la gestión de sus propios creadores.
El documento de la Sindicatura
El informe de auditoría de la Sigen lo firman los contadores Gonzalo Plaza, síndico de la Sigen; Marcelo Cainzos y Ana María Fernández, ambos subgerentes del área de Supervisión Institucional y Social de la Sindicatura. Consta de nueve páginas y es el resultado de una tarea que comenzó a finales de julio de este año, por un pedido expreso que el rector de la UNaM, Aldo Luis Caballero, realizó a principios de marzo de este año. Los miembros de la Sigen visitaron Misiones, con el objetivo de comenzar la investigación y recabar datos, entre el 28 de julio y el 31 del mismo mes y tras cuatro meses de trabajo concluyeron que, lo actuado por el Rector en enero último, cuando efectuó el pago extraordinario a los funcionarios para saldar una deuda, carece de sustento jurídico.
Según el documento, al cual tuvo acceso El Territorio, esta casa de altos estudios no tenía financiamiento para concretar ésta operatoria, hoy considerada nula por la Sigen.
Es que para el autopago se utilizó dinero que tenía por fin regularizar el desfinanciamiento producido por la incorrecta liquidación de los haberes del personal de la universidad. Esto es lo que se desprende de la auditoría realizada por la Sigen y solicitada por las autoridades de la UNaM, que ahora terminaron cuestionando el contenido de dicho escrito.
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) autorizó el 30 de noviembre del 2007 el envío de un millón doscientos mil pesos a la UNaM para “mitigar el desequilibrio presupuestario producido por la incorrecta liquidación del concepto Zona Desfavorable”. Así afirma el informe N° 125/08 GSIS de la Sigen, emitido con fecha de noviembre de 2008, tal como adelantara ayer este matutino. Agrega el escrito que “dichos fondos no incluían la financiación de la deuda salarial emergente por la Ordenanza N° 048/05-HCS”. Con claridad, la Sigen advierte que no estaba destinado al autopago, tal como ocurrió. En el citado documento, sostienen que desde la universidad, aún no rindieron cuentas, como se exige. De esta manera, dicha dependencia no tiene información oficial sobre el destino real que finalmente le dieron a los fondos enviados.
El 2 de enero de este año el rector, antes que regularizar la situación presupuestaria, para lo cual se le envió el dinero, instruyó a la Secretaría General de Economía y Finanzas de la UNaM para que disponga la liquidación retroactiva, al mes de mayo de 2006, del incremento salarial de los funcionarios que otorga la Ordenanza N° 048/05 del Consejo Superior.
La UNaM debía rendir cuentas a la SPU del destino final del dinero. Esto aún no sucedió, según también consta en el informe de auditoría de la Sigen.
Además, el autopago dejó en rojo las arcas de la universidad misionera, ya que al librar los cheques para abonar a los funcionarios, la cuenta corriente creada para los sueldos de la UNaM no tenía los fondos suficientes para afrontar el pago. “La cuenta corriente (sueldos) abierta en el Banco Patagonia S.A. N° 710384632, contra la que se libraron los cheques correspondientes al pago retroactivo efectuado en enero de 2008, no contaba con los fondos suficientes para hacer frente al mismo”, señala el escrito del organismo nacional. A su vez, detalla que al finalizar enero de 2008, la cuenta sueldos de la UNaM presentaba un saldo negativo de 239.423,49 pesos.
La ordenanza bumerang
La Ordenanza 048/05 se transformó en un efecto bumerang, para el actual rector de la universidad, quien debe afrontar una de las peores crisis de la historia.
Todo el conflicto tiene su génesis en la citada ordenanza, como puntualiza la Sigen, aprobada en diciembre de 2005 y fundamentada por el acuerdo N° 555 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el cual recomiendan a las casas de altos estudios modificar los salarios de funcionarios y equipararlos, en valor y movilidad, al de un docente de categoría exclusiva y de la mayor antigüedad.
Ordenanza que se trató en el Consejo Superior a instancias del despacho N°055/05 de la Comisión de Presupuesto y Administración , con fecha 30 de noviembre de 2005, y que lo firmaron los entonces consejeros superiores Aldo Montini, quien abdicó como Vicerrector hace unos meses; Aldo Caballero, actual rector; Susana Cáceres, Egidio Esquivel, Gerardo Ibáñez, Miriam Wik y José Ortiz. Pero, según miembros de aquel Consejo Superior, los ideólogos de la misma fueron Caballero, Montini y Wik. Esta ordenanza se aprobó por mayoría, pero sin el apoyo ni el acuerdo de la gestión de aquel entonces, que tenía a Fernando Jaume como rector y a Roberto Gutawski como Vicerrector, quienes pidieron que no se apruebe debido a que no existían fondos suficientes. Igualmente se avanzó y se concretó la Ordenanza, hecho que fue tomado como un triunfo político por Caballero y Montini. “Como gestión del 2005 no estuvimos de acuerdo con esa ordenanza y no votamos a favor en el Consejo porque no se contaban con los fondos necesarios para afrontar el aumento”, manifestó Gutawski durante la sesión del Consejo Superior del último miércoles. Así, aquella resolución lanzada en el 2005, con intenciones políticas más que gremiales, la Ordenanza 48/05, volvió para golpear, muy duramente, a la gestión de sus propios creadores.
El documento de la Sindicatura
El informe de auditoría de la Sigen lo firman los contadores Gonzalo Plaza, síndico de la Sigen; Marcelo Cainzos y Ana María Fernández, ambos subgerentes del área de Supervisión Institucional y Social de la Sindicatura. Consta de nueve páginas y es el resultado de una tarea que comenzó a finales de julio de este año, por un pedido expreso que el rector de la UNaM, Aldo Luis Caballero, realizó a principios de marzo de este año. Los miembros de la Sigen visitaron Misiones, con el objetivo de comenzar la investigación y recabar datos, entre el 28 de julio y el 31 del mismo mes y tras cuatro meses de trabajo concluyeron que, lo actuado por el Rector en enero último, cuando efectuó el pago extraordinario a los funcionarios para saldar una deuda, carece de sustento jurídico.
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