Misioneros, ¡ Sí a Corpus !

Martes 7 de febrero de 2012

Los últimos datos obtenidos sobre los costos y productividad de los proyectos Garabí/Panambí, avalan la postura que hemos mantenido los misioneros en relación al Proyecto Corpus, que despliega un abanico estratégico muy superior a cualquier otro proyecto de represas o de cualquier otra fuente de energía. Mínimo impacto ambiental por áreas a inundarse, ínfima población a desplazar  y el más bajo precio de generación conforman un cuadro general para que los misioneros prioricemos este proyecto cuyas ventajas surgen del cuadro comparativo de generación de distintas fuentes disponibles y en proyectos inmediatos:

A la vista de estos números podemos concluir lo que sigue:
1) Además de ser la energía más limpia y menos contaminante, el monto de la inversión necesaria para producir 1 KW es de alrededor de U$S.1.000 para la represa más eficiente, que sería Corpus hasta los U$S.4.000 que sería Yacyretá, donde la incidencia de los intereses por el tiempo transcurrido se lleva gran parte de la inversión. Cabe acotar que por desidia, negligencia o complicidad, las represas de Yacyretá e Itaipú, se han convertido en negocio financiero en vez de energético. Avalados por el seguro de la generación de energía, los financistas de la obra buscan que los plazos de amortización se extiendan a lo largo de los años para seguir redituando los intereses.
2) Lo más aproximado en eficiencia para la generación de energía a un costo similar a las represas eficientes son las centrales a gas del tipo de Ciclo Combinado, que vuelven a utilizar el calor liberado por la primera turbina. Si bien el costo de generar 1 kw. 

Se acerca a los mil dólares, el funcionamiento de las mismas requiere la provisión de gas, un bien escaso y de uso universal en casas de familias e industrias.
Pese a existir opiniones que fundamentan el manejo de los ríos internacionales por parte de la Cancillería, la Constitución Nacional establece que los recursos dentro de de una provincia le pertenecen, posición avalada por Ley de la Legislatura misionera. Por los antecedentes que conocemos, la Nación esgrimirá los altos intereses de la misma en necesidades de energía cuya escasez puede detener el crecimiento, para realizar las obras hidroeléctricas necesarias aun en contra de las opiniones de las provincias afectadas.
Si existiera una posición unánime en la provincia, es difícil que la misma pueda ser realizada por los múltiples obstáculos que podría generar  un movimiento  de resistencia, similar al de Famatina, en la que estuviera comprometido todo el pueblo misionero con sus entidades representativas.
Otro aspecto que debe ser reivindicado por los misioneros se refiere a las regalías hidroeléctricas que por Ley están fijadas en un 12% y pedir la aplicación del sistema establecido en la provincia de Santa Cruz con las represas de Cóndor Cliff y La Barrancosa a construir por el Gobierno  Nacional  y que le otorga  dicha provincia el 50% de la generación.
Este criterio es de estricta justicia, pues Santa Cruz apenas utilizaría  un poco más del 8% del recurso y el sobrante iría a las alejadas provincias de la Pampa húmeda y la Capital. En el caso Corpus, la provincia apenas podrá utilizar una cuarta parte de la misma derivando el resto al Sistema Integrado Nacional.
Corpus tiene una ventaja económica adicional para los misioneros, pues en este caso somos dueños de la mitad del recurso que debemos compartir con Paraguay. Mientras que Garabí / Panambí, la mitad pertenece a los brasileños y la otra mitad debemos compartirla con los correntinos.
Es la hora que el federalismo en que se basa nuestra organización política, sea una realidad no declamativa y que los gobiernos provinciales, representantes de todos los habitantes de Misiones, los verdaderos dueños del recurso hídrico provincial, lo manejen siguiendo la defensa y vigencia de los más altos intereses de la provincia.
El destino y la inversión de estas regalías son otro aspecto que debe ser encarado por todos los misioneros.
Existe un Plan Misiones, donde se establece la metodología, reparto y destino de estos fondos y que fuera discutido y consensuado por entidades representativas, con el apoyo de la mayoría de los Intendentes y que debiera comprometer al Gobierno Provincial antes de cualquier votación.