La politización de la Justicia en Misiones

Domingo 26 de marzo de 2006
La crisis del Poder Judicial misionero no comenzó con la destitución de la jueza Salvado de Sotelo, o por consecuencia del estallido de la megaestafa o incluso como resultado de los juicios provenientes de la ola de conflictos de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo en el 2004 y 2005. Todos estos casos son emergentes de la crisis, hasta podría decirse que son consecuencias -aunque extremas- de la degradación del Poder Judicial. Esta realidad tuvo su origen en decisiones políticas que comenzaron hace varios lustros.
La clase política misionera empezó a acompañar la degradación institucional del país, tomando decisiones que se apartaron de los principios de rectores que dieron origen a la República, los de Alberdi o Vélez Sársfield, olvidaron la independencia de los poderes y convierten al Poder Judicial en un botín político. La degradación moral que sufrió la Argentina afectó a todos los ámbitos, ningún sector puede presumir de preservarse incólume, pero en este devenir es la  clase política la que pasó a la vanguardia y entrega la Nación al vaciamiento económico y moral.
En la historia contemporánea de Misiones, los primeros síntomas de ingerencia grave de la política en la Justicia aparecen tiempo después del retorno a la democracia, e históricamente es la más relevante, porque el ideario de independencia judicial y de la división de poderes fue bandera de lucha en la reconquista de la democracia.
La justicia misionera dio las primeras muestras de dependencia política con el Jurado de Enjuiciamiento que impulsó el oficialismo contra el juez Rubén Langbart, quien investigaba en ese momento un caso de homicidio contra el hijo del intendente radical de Posadas Fernando “Tulo” Llamosas. La destitución de Langbart fue el resultado de la simbiosis político-judicial de esa época y un baldón que el radicalismo misionero jamás podrá lavar.
Luego aparece en la escena política provincial, el poder absoluto de Julio César Humada y se sube un nuevo escalón en la dependencia política. Con el agravante de que varios de los abogados que entran a la Justicia exhibían al momento de ingresar una trayectoria profesional sin el lucimiento anterior, sin antecedentes judiciales o académicos que era habitual cuidar en un postulante.
Luego sigue Federico Ramón Puerta, quien pese a la diferencia de estilo, continuó en general con el modelo de incorporar a la Justicia a abogados políticamente afines. En esta etapa empiezan a tomar ingerencia algunos de los jueces y magistrados que habían entrado como hombres de confianza del humadismo, habían desarrollado un conocimiento del Poder Judicial que los ayudaba a ser hombres de consulta para las designaciones. La política ya no se escondía avergonzada detrás de las puertas judiciales, paseaba oronda por sus salas.
El poder político en la Provincia fue cambiando de mano, pero algunos cortesanos de la Justicia aprendieron con el tiempo a sortear los vaivenes, fueron transfiriendo su lealtad, los pedidos de destitución por mal desempeño terminaban arreglándose en los delgados pasillos de la casa del caudillo de turno.
Actualmente los magistrados que más habilidad tienen en sumergirse en las corrientes contaminadas, son los que más esfuerzo hacen para seguir aferrados a esa cuota de poder.  Se desesperan por entregar su "prueba de amor", tal vez sin advertir que los tiempos han cambiado. Quienes tienen responsabilidad política parecen haber advertido que el poder político se mantiene, si satisfacen las demandas de la sociedad y se alinean los intereses políticos, con los que reclama el pueblo.
La ineficiencia, impunidad o corrupción cuando proviene del Poder Judicial afecta a todos, desde el encumbrado  Gobernador a un humilde ciudadano, porque agrede los valores democráticos esenciales, pone en riesgo el patrimonio y amenaza la  libertad, y porque al final, más allá o más acá, afecta nuestras vidas y compromete el futuro de nuestros hijos.

La Justicia del radicalismo
El caluroso 31 de enero de 1984 se producen los primeros cambios importantes en la Justicia posterior al Proceso militar. A iniciativa del nuevo gobierno democrático encabezado por Ricardo Barrios Arrechea, asumen como ministros del Superior Tribunal de Justicia los abogados Raúl Fernández, Juan Carlos Sorrentino y Jorge Alberto Primo Bertolini.
En diciembre de 1986 Sorrentino se jubila y con su salida entra en escena el primer político de carrera en la historia de la Justicia misionera. Es propuesto por Barrios Arrechea para integrar el Superior Tribunal quien se desempeñaba como presidente de la Cámara de Representantes, el diputado radical Carlos "Pajarito" Acosta. Es la primera designación abiertamente política.
Barrios Arrechea, arrobado por las mieles del poder, no pudo abstraerse a la tentación de garantizar el control del alto cuerpo y preventivamente, antes de las elecciones, aumentó el número de los integrantes de la Corte de tres a cinco miembros. El 17 de julio de 1987 ingresan los abogados Augusto Manuel Márquez Palacios y Julio Máximo Silveira Márquez.
Por ello, en Misiones los radicales tienen que asumir que fueron los primeros en pretender tener una Justicia lo suficientemente adicta para gobernar sin sobresaltos. Cabe destacar que en general trataron de incorporar profesionales de trayectoria en las lides judiciales, algunos de los cuales fueron y son buenos jueces.

Humada y la nueva mayoría oficialista
En diciembre de 1987 asume un nuevo Gobernador, el médico apostoleño Julio César Humada, pero el triunfo no le alcanzó para controlar el Poder Legislativo, el que continuó en manos del radicalismo, que con toda la pericia partidocrática intentaba impedirle gobernar. Estas circunstancias generan las condiciones o  el espacio para que dos abogados lograran posicionarse como hombres de confianza de Julio Humada. Eran Jorge Galeano, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobierno, y el apoderado del Partido Justicialista, el abogado Miguel Piñero, quienes, jóvenes y ambiciosos, ayudan al Gobernador a escapar del cerrojo radical. Con ese aval fueron quienes junto con el martillero Carlos Golpe diseñaron la estrategia judicial implementada luego por Humada convirtiéndose en las personas más influyentes en los futuros nombramientos judiciales.
Dos años más tarde, el justicialismo vuelve a ganar las elecciones y logra el control de la Cámara de Representantes. Ahí empieza un proceso que culmina con control global del poder político sobre el Poder Judicial.

Los ministros del caudillo
Humada, con ese estilo carente de sutilezas que lo caracteriza, empieza a ocupar la Corte con su gente más cercana. Empieza con el lugar dejado por Raúl Fernández que se jubila, y lo ocupa el asesor jurídico de la Gobernación, Luis Alberto Absi, hijo de un amigo de Humada y abogado destacado por su lealtad partidaria. Llega gracias a los avales de Carlos H. Golpe, Jorge Galeano y Jorge Yamaguchi, y jura como ministro las 11.40 del miércoles 25 de abril de 1990. Con 46 años, Absi había sido elegido como el primer hombre de Humada en la Corte, aunque el plan para elevar a nueve el número de integrantes ya estaba en la cabeza de los estrategas jurídicos del caudillo. Once meses antes de que finalizara el gobierno de Julio Humada se aprueba la ley que decide elevar a nueve el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia, copia del modelo de control que inauguró el ex presidente Carlos Menem.
En marzo de 1991 se sumaron de un solo golpe los abogados Marta Catella, Jorge Rojas, Julio Dionisi y Marta Poggiese de Oudín. Todos exhibían como pergaminos estrechos vínculos con el humadismo de esa época. Esa oportunidad también nos deja al actual Procurador General, el inefable Miguel Piñero, que por primera vez comparece ante la Justicia -desde un estrado- y a quien ponen a controlar a los fiscales del fuero penal, rama de la Justicia cariñosamente apetecida por el peronismo.
El mencionado Piñero llega a la Procuración General luego de un intento fallido de incorporarlo al Fuero Federal. Su pliego sugerido por Humada ya había sido desechado por la Comisión de Poderes del Senado de la Nación, responsable de evaluar los antecedentes de los postulantes. Analizan sus antecedentes profesionales, académicos e incluso los penales, por los informes que piden al Registro de Reincidencia. En este caso, aparentemente alguno de los antecedentes del abogado Miguel Piñero no satisfizo a los legisladores de esa época, porque su designación fue desechada. En el futuro, de darse las circunstancias, sería conveniente analizar más a fondo la prueba existente sobre el asunto para conocer bien cuáles fueron las causas analizadas y los criterios de la selección usados, pues pueden traer enseñanzas para futuras designaciones.
Habían pasado veinte minutos de la 6 de la tarde del jueves 7 de marzo de 1991, cuando el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Primo Bertolini, comenzó a tomar el juramento de rigor a los nuevos magistrados. El acto había comenzado más tarde de lo previsto, porque el gobernador Humada se retrasó. En la vieja casona de la calle La Rioja no cabía ni un alfiler; el lugar rebozaba de la alegría de amigos, familiares y compañeros. Los amantes del realismo mágico podrían aderezar la escena con una expresión que recuerde dichos de algunos vagos dignos de poco crédito que refieren que a la misma hora vieron salir por el portón de la calle Rivadavia, muy cabizbaja, a una señora de toga negra que se retiraba silenciosa.
Los cuatro ministros habían llegado de la mano del oficialismo. Dionisi, propuesto por Jorge Galeano, durante años habría estampado su firma en las pretensiones jurídicas que elaboraba otro de sus amigos, Carlos Golpe, un martillero con pose de abogado. Marta Catella y Marta Poggiese de Oudín no sólo tenían en común sus nombres, ambas habían sido procuradoras en la Fiscalía de Estado. A Catella, Humada la había hecho nombrar poco antes Jueza Laboral. La segunda también era cercana por ser la esposa de René Oudín, abogado, empresario de la construcción, socio político y hombre de estrecha confianza de Julio Humada. A la sazón, a uno de los pocos a quien el caudillo no le perdonó haberlo abandonado para pasarse al puertismo.

La era Puerta
Con la llegada de Federico Ramón Puerta al Gobierno no hubo grandes cambios en la estrategia para la Corte, no tardó el apostoleño en entender la dinámica del poder en relación con la Justicia. Primero usó el vínculo con los jueces  a través del caudillo, luego trató de crear alianzas con los ministros que eran de Humada.
Para Puerta el tema de la Justicia siempre fue algo traumático. Tal vez por su condición de ingeniero siempre le costó entender la lógica jurídica,  pero probablemente lo que más dolores de cabeza le costó fueron los conflictos que le generó con Julio Humada, para quien el manejo de la Justicia era central y no cejaba de presionar para cubrir todas las vacantes con gente muy allegada a él. Esta circunstancia le impedía a Puerta colocar a sus amigos y generaba rechazo en la clase media, impactando directamente en la imagen que Puerta quería trasmitir.
El Gobernador, inicialmente y por un buen tiempo, intentó negociar cuotas de designación, pero Humada conocía su debilidad y lo cercaba con sus jueces, diputados e incluso los ministros que respondían a él, como el caso de René Oudín, ministro de Gobierno. A tal punto llegaba la injerencia política en esa época, que una de las vía más eficientes que existió para entrar como auxiliar en los juzgados, era ser amigo de Cesarín Humada, el hijo del caudillo.
De esos tiempos es la frase que refiriera Luis "Lucho" Absi, presidente del Superior Tribunal, en una reunión en la residencia oficial del gobernador Puerta, donde se empezaban a barajar nombres para cubrir vacantes de una Cámara Civil, quien risueño refirió: “…tenemos que recordar la frase de Golpe, ‘¿le podemos escribir la sentencia?… Si le podemos escribir la sentencia es buen juez….".  Aparentemente pretendía, con la referencia, sugerir criterios sobre los cuales se debía discutir las cualidades de los propuestos para un cargo judicial. Esta metodología de selección dio lugar a que colaboradores del Gobernador se excusaran de participar en nuevos cónclaves.
Con el tiempo y luego de intentar diversas estratagemas para designar a sus postulantes, el entonces gobernador Puerta optó por lo que consideraba un mal menor: crear por decreto el Consejo de la Magistratura, que le significó tener que ceder su apetencia de nombrar solo los jueces, a cambio de que Humada no pueda nombrarlos. Esto se logró por la presión de la sociedad y los medios de comunicación, simultáneamente con la acción de algunos abogados cercanos al Gobernador -entre los que no se encontraba Oudín que operaba en contra- que de alguna manera actuaban en conjunto con el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados.
A Puerta no lo animaba una vocación de independencia del Poder Judicial, el Consejo le quitaba poder, pero en su visión pragmática, por lo menos evitaba que Humada le siguiera copando la Justicia.
Todos los ministros que pasaron por el Superior Tribunal de Justicia inicialmente fueron reticentes a colaborar con los gobiernos que nos los habían puestos, les costaba adaptarse a los nuevos mandatarios, pero con el tiempo hubo algunos que desarrollaron una encomiable versatilidad. Quien aparecería como un buen intérprete del minué que significa perdurar en el poder es el ex apoderado del PJ y actual Procurador General, que luego de ser el hombre de confianza de Humada pasó a tener la confianza de Ramón Puerta. Y ahora suena como uno de los candidatos más firmes para integrar el Superior Tribunal. Como también suena el actual camarista de Oberá Viky Moreira, quien fuera un hombre importante en la escuadra judicial del humadismo, pero hoy se lo refiere como candidato del influyente abogado posadeño para cubrir las actuales vacantes en el Superior Tribunal.
Las sospechas sobre actos de corrupción en la Justicia misionera comenzaron a tomar un notorio estado público desde 1995, y al año siguiente la imagen del Poder Judicial estaba por caer al piso. En una puja política por el control del poder del segundo mandato del gobierno de Puerta, Julio Humada, en la apoteosis de su desenfrenado autoritarismo, denuncia al Fiscal de Estado de esa época, que es enjuiciado con fútiles cargos, que en un eufórico proceso lleva adelante el alineado Miguel Piñero.
La acción era acompañada por alborozados acólitos, como el hoy silencioso juez César Jiménez, que con una retórica principista en las radios, hacía de ayudante del acusador, y hasta un comprometido Eduardo Paprocki, que diligenciaba personalmente las cédulas al Tribunal de Cuentas para darle celeridad al proceso. Al comienzo todo lo cubría un triunfante exitismo, duró hasta una mañana de viernes, en que la provincia entera amaneció estupefacta con la tapa de El Territorio, que mostraba la foto de la ilegal reunión que había mantenido Humada con el acusador y los jueces para planificar la sentencia condenatoria. El escándalo se enseñoreaba en la Justicia de Misiones.
El corolario de esa etapa aparece cuando el obispo de la diócesis de Iguazú, Joaquín Piña, denuncia en enero de 1996 la "invasión del oficialismo en la Justicia, sobre todo en el Superior Tribunal de Justicia". "Acá en la provincia, quizás como un reflejo de lo que se da en la Nación, se notan presiones y manejos turbios", disparó el jesuita en declaraciones a la agencia de noticias DyN. Cinco días después de estas declaraciones, Piña y el obispo de Posadas, Alfonso Delgado, se presentaron en Olivos para pedir a Menem la intervención de la Justicia. Al salir dieron a luz un duro documento con 29 puntos que describía las irregularidades. Obviamente Menem, como no podía ser de otra manera, nada hizo al respecto. El pedido de los obispos fue aplaudido por el arco opositor,  pero no fue eficiente para mejorar el servicio de justicia. Con estos hechos, el Poder Judicial de Misiones se integraba con armonía al modelo político de la década del 90, donde los intereses personales de los políticos y los hechos de corrupción fundaron la mayor crisis moral que recuerda la Argentina.
Debe reconocérsele a Puerta un extraño gesto de independencia: haber llevado al Superior Tribunal de Justicia a un abogado de conducta intachable. El 31 de julio de 1997 juró como ministro el doctor Humberto Augusto Schiavoni, profesional de respetada trayectoria, que vino a cubrir la vacante producida por la muerte de Carlos Ismael Acosta. Esta designación fue solamente una gota de remedio en un organismo ganado por una dolencia nociva que hacía padecer a toda la sociedad.


La sociedad pide un cambio
La Justicia no es sólo el Superior Tribunal, éste es su órgano supremo, pero en todo el cuerpo judicial existen muestras de los desvíos y componendas de los que los políticos fueron y son responsables. Existen sobradas muestras -sólo basta hablar con los abogados litigantes- de juicios orientados, sospechados y hasta denunciados. Tal el caso de los juicios por el corralito o el de la firma Mercedes Benz, que fuera condenada en Eldorado a pagar varios millones de dólares en un juicio denunciado como construido para estafar.
Estas prácticas son nocivas para el cuerpo social y son perjudiciales para el Poder Judicial porque empañan el buen nombre de los buenos funcionarios y jueces que existen en nuestra provincia, que se debaten en soledad ante tanta corrupción.
La sociedad clama un cambio, pero quiere que quienes tienen la responsabilidad histórica de mejorar la calidad del servicio de justicia, actúen con honor, basados en los altos principios de la democracia y no en los vastos intereses políticos del momento.