Corrupción Que arrasa a la clase política

Domingo 28 de enero de 2018
Esta semana tres jueces de Porto Alegre determinaron convalidar e incrementar en segunda instancia la condena a prisión que le dictó a Luiz Inácio Lula da Silva el juez federal Sergio Moro. La primera en la historia contra un ex presidente por cargos de corrupción y de lavado de dinero. 
Los comicios de este año en la jurisdicción brasileña se desarrollarán en octubre, tanto la primera vuelta (el domingo 7) como la segunda (el domingo 28). Aunque los típicos niveles de indecisión ante las urnas se multiplican en estos momentos. Ya que la ciudadanía demuestra un creciente sentimiento de hartazgo con sus políticos, a ello debe sumarse las crecientes tasas de homicidios en un país violento por demás.
Los números oficiales demuestran que Brasil está superando la crisis económica, pero sus votantes deploran a la gestión de Michel Temer, sucesor de Dilma Rousseff.
El partido del Presidente, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), posee el 14% de los escaños en Diputados y el 22% en el Senado. El PMDB sólo presentó candidatos propios en las presidenciales de 1989 y de 1994. 
“En ambas no superó el 10% de los apoyos en las urnas. Desde entonces pasó a ser ladero del poder de turno. La remoción de Rousseff llevó al PMDB por tercera vez al gobierno. Había ocurrido en 1985 por la muerte de Tancredo Neves, sucedido por uno de los suyos, José Sarney, y en 1992 por la renuncia de Fernando Collor de Mello antes de ser juzgado por corrupción. Completó el mandato otro de los suyos, Itamar Franco. De esos matrimonios por conveniencia no escapa el PT, partido de izquierda que tuvo como aliado de coalición al Partido Progresista, el principal sostén de la dictadura militar que manejó los hilos del país entre 1964 y 1985”, según el especialista  Jorge Elías. 

Historia que se repite     
La acusación y la penalidad contra Lula por haber recibido como soborno en especie de la constructora OAS un tríplex en Guarujá fue a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la petrolera Petrobras. 
Uno de los jueces de Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto,  dijo que hay “pruebas más allá de lo razonable de que el ex presidente fue uno de los principales artífices del sistema de corrupción creado a través de los contratos de Petrobras (petrolão)”. Mientras que su par Leandro Paulsen dijo que Lula estaba al tanto de “los acuerdos para el pago de comisiones ilegales”.
Se recordará que Fernando Collor de Mello debió renunciar acorralado por denuncias de delaciones. La propia Rousseff debió deshacerse de Erenice Guerra, su sucesora como jefa de ministros o de la Casa Civil durante el gobierno de Lula, antes de ganar las presidenciales de 2010. 
“Guerra había participado de una firma de cabildeo que manejaban sus parientes. Esa firma ayudó a compañías privadas a obtener contratos y préstamos bancarios estatales para proyectos de obras públicas. Parte del dinero recaudado iba a las arcas del PT”, sumó Elías. 
Dos de los tres jefes de ministros del primer gobierno del PT en la historia debieron alejarse por sospechas de corrupción. En 2005, José Dirceu, mano derecha de Lula y antecesor de Rousseff, no pudo rebatir las denuncias por el mensalão. La acusación del diputado laborista Roberto Jefferson apuntaba a su entrecejo por la compra de voluntades entre legisladores que aprobaban los proyectos del gobierno. Por ese escándalo, tres ex ministros y tres decenas de políticos, banqueros, financistas y empresarios desfilaron por el Tribunal Supremo.
En sus primeros seis meses de gobierno Rousseff despidió a dos miembros de su gabinete heredados del gobierno anterior: el jefe de la Casa Civil, Antonio Palocci, y el ministro de Transportes, Alfredo Nascimento. Funcionarios de esas carteras habían sido desplazados  por denuncias de fraudes y de desvíos de fondos. 
En el medio de la puja entre los políticos y los jueces, seis de cada diez brasileños viven en territorios controlados por facciones criminales, de acuerdo a los números divulgados por el instituto Datafolha. 
El país bate el récord de asesinatos: siete por hora. Los partidarios de la venta libre de armas crecieron del 30 al 43% desde 2013, al decir de los datos de la institución ya referida. El 57% de los brasileños, sobre todo jóvenes de 25 a 34 años, apoya la pena de muerte. Eso supone un aumento de 10 puntos respecto de 2008. 
De los 513 diputados federales, 295 enfrentan causas judiciales. De los que votaron a favor de la destitución de Rousseff, el 68% atraviesa circunstancias similares. Temer salió airoso en el Congreso de la posibilidad de ser suspendido por obstrucción de la justicia y asociación ilícita.  
Por primera vez en la historia, la Procuraduría General presentó en dos oportunidades denuncias penales contra un presidente en ejercicio. La transparencia no es una característica habitual entre la clase política del vecino país.

JBS: resonante ejemplo con aristas inconmensurables

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil liberó días pasados  el texto de los testimonios de los dueños de la cadena de frigoríficos JBS, Joesley y Wesley Batista, y de ejecutivos de esa compañía en el marco del denominado Lava Jato.
Joesley dijo que en 2017 el presidente Michel Temer pidió una “ventaja monetaria” para resolver un problema para JBS: acabar con el monopolio de la petrolera Petrobras en el abastecimiento de gas natural. La ayuda también se extendería a otras demandas de la compañía, como el “desbloqueo de las compensaciones de créditos de Pis/Cofins con débitos”. El presidente de Brasil, según dijo Batista, recibiría el 5% de los valores en cuestión. Joesley Batista citó un repaso, en 2014, de valores cercanos a 15 millones de reales para Temer “a cambio del accionar favorable ante los intereses del grupo J&F”, que es el holding del que forma parte el frigorífico JBS. 
Ricardo Saud, ex director de JBS, afirmó ante la Fiscalía General de la República, que Temer pidió la entrega de un millón de reales en efectivo, a una empresa del coronel retirado João Baptista Lima. 
Mientra que Joesley Batista dijo que transfirió a una cuenta en el exterior, a título de “ventajas indebidas”, 50 millones de dólares destinados al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y otros 30 millones a otra cuenta, también en el exterior, a favor de la ex presidente Dilma Rousseff. Los traspasos, dijo, fueron hechos por intermedio del ex ministro de Hacienda, Guido Mantega.  
El dueño de JBS también afirmó que abrió cuentas en el exterior, vinculadas con Lula y Dilma, que sumadas juntaban cerca de 150 millones de dólares en 2014. Aseveró haber pagado 30 millones de reales al ex ministro Antonio Palocci con el pretexto de ayudar en la campaña de Rousseff en 2010.
Además Joesley dijo que oyó del  Temer que podría ayudar a Eduardo Cunha, detenido desde el año pasado por corrupción. 
Según Ricardo Saud, uno de los principales ejecutivos de JBS, el senador Eunício Oliveira recibió 5 millones de reales para ayudar en la aprobación de una medida provisional para JBS. Los dueños y ejecutivos de JBS contaron que el senador Aécio Neves (PSDB), recibió en 2014 valores cercanos a 63 millones de reales para defender intereses de J&F.  Neves ayudaría, por ejemplo, a liberar créditos adeudados a la empresa. Joesley Batista citó, además, el traspaso de 2 millones de reales “en razón de la aprobación de la ley de abuso de autoridad y amnistía a la caja dos”.
El ex canciller y ex candidato presidencial, José Serra (PSDB), fue destinatario, según Joesley de 20 millones de reales, dinero pagado con el pretexto de auxiliarlo en la campaña electoral. Batista dijo que, por medio de un sistema de cuenta corriente gestionado por el operador de mercado Lúcio Funaro, pagó 50 millones de reales entre 2009 y 2014 a Eduardo Cunha, ex titular de la Cámara de Diputados, ello para obtener facilidades en financiamientos de la Caixa Econômica Federal. Marcos Pereira, actual titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, fue citado como beneficiario de sobornos a cambio de la aprobación de un préstamo de 2.700 millones de reales a la Caixa. 

El Territorio no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite.

El Territorio se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina