Su familia lo creía muerto y él estaba preso sin saber por qué

Domingo 15 de abril de 2018
“Vengo a solicitar por este acto la entrega de mi sobrino Daniel, declarado inimputable en la presente causa y alojado en la U.P. VI de Encausados, en razón de que su madre falleció en junio de 2012 y se desconoce el paradero de su padre. Y su hermana menor, de 20 años de edad, se encuentra viviendo en Andresito”.
Así, el señor Dinarte solicitó la tenencia de su sobrino, quien pasó diez años alojado en una celda.
Daniel, del cual no se va a dar mayor información, es sordomudo, iletrado y estuvo acusado de un abuso sexual del que nunca se comprobó su autoría y que presuntamente cometió cuando era menor de edad, por lo que la reclusión a la que estuvo sometido constituyó un combo de ilegalidad y abandono.
No obstante eso, también le diagnosticaron una enfermedad mental que lo describía como peligroso para sí mismo y para terceros, patología que fue cuestionada luego.
Pero la historia de sufrimiento de este joven, que ahora tiene 28 años, empezó mucho antes, en Jardín América, de donde es oriundo. En 2005, cuando tenía 16 años y su madre aún estaba viva, ambos y su hermanita menor se dedicaban a vender chipas en la localidad. Un día, esas dos personas, las únicas que lo entendían, no supieron más nada de él.
“Un sábado se pierde, no aparece más acá. No apareció ese sábado, no vino domingo, se puso en conocimiento la comisaría y, como te digo, desapareció”, revivió su tío por primera vez en una entrevista exclusiva a El Territorio.
La búsqueda no tuvo resultados positivos y al parecer la comunicación entre instituciones y jurisdicciones no funcionó. A los dos años “para nosotros estaba muerto”, admitió Dinarte.
Pero Daniel no estaba muerto, sino que estaba en un hogar que no conocían, hasta incluso pensaron que era paraguayo.
Con todas esas desventajas, lo habían sacado de su madre. La señora pudo saber el destino de su hijo recién en 2007, cuando se enteró que Daniel había sido denunciado por un delito sexual dentro de la institución y ahora enfrentaba desde la Unidad Penal IV un proceso judicial llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Dos.

Oligofrenia
En el marco de la instrucción, cuando apenas se inició, un médico le diagnosticó oligofrenia y, por ende, se determinó que era inimputable, aunque también que era “una persona tranquila, respetuosa, servicial e integrada a las actividades escolares, lo que induce a pensar que en la medida en que se cumpla el control y supervisión, su conducta podría ser adaptada socialmente”, según se lee en el informe.
“Es menester indagar en base a qué estudios clínicos y después de cuántas entrevistas se arriba a este diagnóstico. Si se contó con algún tipo de auxiliares que facilitaran la comunicación, que para el caso no serían intérpretes de lengua de señas, ya que el acusado las desconocía completamente”, expondría luego la diputada Myriam Duarte en la Legislatura misionera, donde se aprobó un proyecto que solicitaba de manera urgente la revisión de la causa del joven al Poder Judicial.
Más allá de todo ese periplo,  lo cierto es que Daniel era un incomprendido y así lo alojaron en el sector de Encausados de la Unidad Penal VI cuando cumplió la mayoría de edad. “Daniel no tuvo conocimiento, sino mucho tiempo después de detenido, de su detención”, aseguró una persona que estuvo ligada al proceso muy de cerca. Es que había tenido alguna formación en lengua de señas en La Plata cuando era más chico, pero su madre no pudo mantenerlo más allá.  
Desde ese entonces empezó la lucha de su madre -que murió con la seguridad de que su hijo no había cometido tal delito- para poder hacerse cargo de él. A  esa pelea luego se le sumó el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones  y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Y en los pasillos interminables e indescifrables de la burocracia trascurrió una década.
“Cuando estuvo allá -en la UP VI- la mamá estuvo con él, ella iba a visitarlo. Pero en ese momento ya estaba enferma”, contó el tío del joven. Por ese motivo, la Justicia no podía otorgarle la custodia. La mujer falleció en 2012 sin poder tener a su hijo en casa, pero antes ya le había encomendado a su cuñado que se haga cargo de las gestiones. “Yo estoy peleando con él -por Daniel- desde el 2014”, dijo.
La intervención del tío del joven hizo, según cree, que se evite el traslado a Loreto “donde no lo sacábamos más”. Tuvo que someterse a muchas inspecciones e investigaciones para que se determine que estaba apto para recibirlo, lo que demoró otros tres años más hasta diciembre del año pasado, cuando la Justicia ordenó su inmediata libertad. Hizo modificaciones en su vivienda, por lo que ahora Daniel tiene una habitación y baño propio, y viaja todos los días a Posadas para formarse.
Ahora toma un colectivo y asiste a clases, se mueve con total independencia y visita a las personas que estuvieron a su lado en los peores momentos. Empezó una nueva vida, aunque la marca de su encierro quedará grabada de por vida.


No pudo despedirse de su madre
Desde el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), se consignó, presentaron miles de informes en los que se dejaba en claro que Daniel necesitaba un tratamiento especial y que la institución no estaba capacitada para tratarlo. “Me parece importante destacar la necesidad de que haya personal en todos los organismos estatales que tengan conocimiento de la lengua de señas”, consignó una especialista del Ministerio de Derechos Humanos al respecto.
El Cuerpo Médico Forense determinó que el joven quería estar libre y “que no surgen otros antecedentes de valor psicopatológicos médico legal, tiene condiciones para comprender y/o dirigir sus actos y distinguir entre lo lícito y lo ilícito”.
Otro dato que puede dar cuenta de su sufrimiento fue la imposibilidad de asistir al velorio de su madre. Según contó su tío, el vehículo que lo trasladaba a Jardín América se averió y tuvo que volver, no disponiéndose otra unidad luego.
Por Carlos Cardozo
cardozocarlosm@gmail.com.com

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