Traspasaron de obra social al encargado de una boca de expendio

Los traspasos no consentidos de una obra social sindical a otra siguen presentando historias de damnificados que dejan ver con claridad que el traspaso era indiscriminado. Esta vez le tocó sufrir el cambio a un encargado de la boca de expendio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera).
Rolando Rivas, es delegado gremial de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Uatre) en San Ignacio, y está a cargo de la boca de expendio de Osprera en la misma ciudad.
La tarea de Rolando en San Ignacio es tramitar las autorizaciones y la entrega de boletas de consultas para los afiliados de Osprera, obra social a la que también pertenecía, o creía pertenecer hasta hace dos semanas, por ser trabajador del sector, delegado gremial y colaborador de la misma.

Según cuenta Rivas, “venía sucediendo seguido que los afiliados llegaban a buscar órdenes de consulta y se iban sin nada porque no estaban en los padrones”.
Por los cálculos que llevaba realizando el encargado de la boca de expendio de Osprera en San Ignacio, en los últimos dos meses, unas 20 personas pasaron por esta situación. Entre las cuáles se debe contar él mismo, que siendo representante de la obra social, fue cambiado y dejado sin cobertura, sin consentimiento previo.
“Hace dos semanas debía hacerme unos análisis y solicite la autorización y la orden, ahí nos dimos cuenta de que ya no figuro en el padrón de la obra social y que me cambiaron a otra prestadora”, relata un angustiado Rivas, que aún pugna por sus análisis.
El traspaso de Rivas fue registrado en el mes de julio, por lo que el trámite debió comenzarse en abril. Al ser consultado sobre si habría firmado alguna serie de papeles, Rolando aseveró que “no firmé nada, yo sólo firmo el correo cuando recibo los papeles que me mandan de acá (refiriéndose a la central de Osprera) y nada más. No me sucedió nada de lo que cuentan acerca de las visitas a la casa del afiliado o la oferta de servicios. Nunca puse la firma”, insistió convencido de que se trata de la alteración de documentos.

 

Sin cobertura
La situación de Rivas se repite en cada una de las historias de traspasos no consentidos. Cuando hay un problema de salud por solucionar, aparece el impedimento de la obra social a la que se creían afiliados.
Pero el caso de este obrero y delegado gremial de San Ignacio, como el de otros damnificados del interior de Misiones, es más complejo, ya que la mayoría de las obras sociales sindicales a las que son traspasados no tienen prestación fuera de Posadas. “Tengo los análisis ahí esperando para hacérmelos y no puedo porque es muy caro y ahora no tengo obra social en San Ignacio”, afirmó Rivas, haciendo mención de que en la ciudad de las ruinas jesuíticas, la entidad a la que fue traspasado, sin solicitarlo, no cuenta con una boca de expendio, ni tampoco es aceptada por los profesionales de la salud de la región.
“En San Ignacio no hay oficina ni nada. Allá esta obra social no existe, y los médicos tampoco la aceptan”, remarcó el damnificado.
Aseguró que no es el único afectado y contabilizó 20 afiliados de Osprera en la misma situación, además de otros obreros rurales con el mismo inconveniente en ciudades aledañas. “Sólo en mi barrio son once, pero tengo un padrón de más de 20 con el mismo problema, y sabemos que en Jardín América pasa lo mismo”, afirmó.
Rivas también indicó que, desde que El Territorio denunció la situación, “apareció mucha gente que viene a controlar si están o no en el padrón, antes de que necesiten y no puedan usar”.
Rivas envió a la Superintendencia de Salud de la Nación una nota certificada por escribano donde hace constar, bajo juramento, que nunca solicitó un cambio de prestadora, pero por el momento no fue regresado, por el organismo nacional, a su anterior obra social, de la que además es colaborador.

 

 

Se vislumbra la solución

El primero de octubre entró en vigencia la resolución Nº 950/2009 de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Esta resolución preve la firma del afiliado con certificación de la Policía o de un escribano público, a la hora de iniciar el trámite de traspaso, como mecanismo para impedir rúbricas apócrifas o compulsivas.
“Los formularios de opción de cambio deberán contar con la firma del beneficiario debidamente certificada por autoridad competente (escribano, autoridad policial, bancaria o judicial)”, reza el artículo 1º de la resolución.
Esta herramienta mostrará los primeros frutos con los resúmenes de traspaso de enero, ya que el trámite demora 90 días, y recién en ese mes estarán concluidos los primeros cambios bajo las nuevas reglas.
Pero, no obstante, se pudo saber que los números de traspaso habrían bajo de forma considerable. “Para esta altura del mes solíamos tener un preaviso de que varias personas dejaban la obra social al iniciar el mes siguiente. Pero para enero nos confirmaron, hasta el momento, solo cinco”, indicó una fuente de una de las obras sociales más damnificadas.
Esperan que los traspasos de enero ya no se cuenten de a cientos por prestadora, como sucedía hasta ahora.