Narcosandía: seis meses más para confirmar roles de tres imputados

Lunes 27 de mayo de 2019 | 04:00hs.
Cristian Valdez

Por Cristian Valdezfojacero@elterritorio.com.ar

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas extendió recientemente el plazo de investigación en torno a la banda narcocriminal desbaratada en pleno transporte de 6.080 kilogramos de marihuana entre frutas de sandía, hace poco más de dos años, en las afueras de Oberá.

La decisión tiene que ver, principalmente, con la envergadura de la causa que desde entonces tiene en prisión a tres hombres sindicados como negociadores y organizadores de la maniobra que el 15 de febrero de 2017 debió ser abortada ante la irrupción del Grupo de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA). Se llaman Luis Ramón Blanco (alias Tati), Carlos Javier Díaz (Chachi) y Carlos Rodolfo Zabala (Brasilero).

Los dos primeros son oriundos de Eldorado, uno sindicado también como nexo con el abastecedor de la droga y el otro un camionero, encargado del transporte. El tercero, en tanto, es obereño y su identidad había sido mencionada en las escuchas de una causa anterior con incautación de mil kilos de marihuana -en Salto Encantado- que terminó siendo la punta del ovillo de la causa Narcosandía.

Más allá de eso, aún se deben sumar al expediente los resultados de una serie de medidas solicitadas por la fiscal relacionadas a las llamadas y mensajes entrantes y salientes que se hicieron y recibieron con los teléfonos celulares incautados, desde al menos diez días antes de las detenciones.

Teniendo en cuenta eso, los camaristas decidieron ampliar los plazos procesales hasta principios de septiembre pero en paralelo exhortaron a los funcionarios judiciales que “adopten el temperamento pertinente que diluya toda posible dilación en el trámite de la causa, adoptando los recaudos necesarios para evitar vulnerar los derechos y garantías reconocidas en la Carta Magna”.

“El estado en que se encuentra la causa y el lapso de tiempo incurrido en la instrucción (dos años y tres meses) amerita que se tomen medidas urgentes a los efectos de que esas pruebas sean incorporadas a las actuaciones principales con la mayor premura y diligencia que el caso requiere”, indicaron.

Los procesados

Las actuaciones principales de la causa Narcosandía tuvieron su génesis bajo la órbita de competencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires y el devenir de las investigaciones derivó en la declaración de competencia en el Juzgado Federal de Oberá, en tanto y en cuanto se constató la existencia de un grupo de personas que de manera organizada y coordinada llevaban a cabo actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

Esos individuos serían Blanco, Zabala y Díaz, quienes fueron imputados como coautores del delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas”, en tanto que el camionero también fue procesado en orden al delito antes mencionado en concurso real con “falsa denuncia” porque la mañana de su detención hizo una presentación ante la Policía de Misiones asegurando que había sido secuestrado y que los criminales le habían robado el camión, tratando de despegarse de la marihuana que transportaba (ver Falsa denuncia de secuestro).

El financista prófugo

Pese a que los tiempos procesales están prácticamente vencidos, la causa tiene como prófugo al misionero Mario Federico Arriola. Está sindicado como financista y dueño del millonario cargamento de marihuana por lo que suponen que cuenta con suficiente logística como para mantenerse en la clandestinidad, contando incluso con ayuda de terceros. Un ejemplo de eso es cómo logró eludir su detención el 15 de febrero del año pasado.

La investigación del Juez Federal de San Martín concluyó que tuvo ayuda del policía federal Rolando Daniel Cabrera. El grupo investigativo que hizo pie en Oberá descubrió mediante escuchas que en casi dos meses se comunicaron decenas de veces por teléfono y en ese contexto el misionero habría recibido información sensible respecto de la causa por la cual está siendo buscado.

Las pruebas que existen sobre la relación del prófugo con el uniformado son clave. Una escucha telefónica da cuenta que Cabrera le hizo saber sobre el oficio en que se ordenó su captura cuando su obligación era ejecutarla y ante eso el misionero le manifestó que se iba a ausentar de su domicilio. Se fugó.

También surge en otra comunicación que el uniformado le sugirió encontrarse para “tratar de arreglar” su situación en el juzgado e incluso en un extracto del diálogo que figura en el expediente su colaboración queda explícita cuando le dijo “…como le dije a su hermana, no es que quiero ir a detenerlo a usted en frente de su casa ni de su barrio para que quede mal parado, a lo mejor ni siquiera es algo importante…” (sic).

En su descargo el federal admitió que debió efectivizar la detención y que se equivocó en dejar escapar a Arriola, pero su aporte fue crucial y por eso fue procesado con prisión preventiva por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave, por haber actuado con ánimo de lucro y por su condición de funcionario público”.

Con respecto al misionero, con una orden de captura, la Policía Internacional (Interpol) insiste (hasta ahora sin éxito) en detectar su escondite.


Falsa denuncia por secuestro

En la madrugada del operativo, el camionero Díaz se arregló para llegar a la dependencia policial. Denunció que dos sujetos le robaron el camión a punta de pistola en una estación de servicios de Aristóbulo del Valle y lo mantuvieron secuestrado casi doce horas hasta que lo liberaron cerca de una arenera de Oberá. Era mentira.
Sabía que los federales habían detectado la marihuana que transportaba en su camión y con eso trató de zafar.

Esa acusación infundada derivó en la imputación por falsa denuncia por la que será juzgado una vez que la causa se eleve a debate oral.

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