Fuentes judiciales y policiales que expusieron la situación ante El Territorio tocaron un punto considerado como una barrera entre lo que observan a diario en sus barrios y lo que hacen con esa información, porque el temor paraliza, y antes de poner en riesgo lo poco que tienen, prefieren no denunciar.
“El ‘no te metas’ juega en contra de lo que se puede hacer, porque el inicio de todo es la denuncia y a partir de eso se activan todos los mecanismos. El miedo de la gente está fundamentado, no podemos cuestionar, pero debemos reconocer que limita bastante el trabajo de investigación”, explicó el comisario inspector Enrique Camargo, quien hace alrededor de seis meses asumió la jefatura de la Unidad Regional V.
Reconoció que el ingreso de ‘pedra’ se incrementó, al igual que el consumo e incautación, al punto de que por semana se concretan procedimientos. Desde su lugar expuso que no es una tarea sencilla y en todos los casos dependen del titular del Juzgado Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, quien en base a la información que le suministran decide si ordena una investigación o la descarta.
“El proceso es largo porque se inicia con un informe que se manda al Juzgado Federal y el magistrado evalúa y decide si ordena la investigación -que puede ser con la misma fuerza o con otra- o la descarta, pero siempre tiene que haber un aval judicial para que se pueda avanzar”, explicó, ponderando que las de ese tipo “son investigaciones que duran de tres a seis meses, en que se hace un seguimiento, se vigila al sospechoso, a su entorno y se consiguen muchos elementos de prueba que sustentan con firmeza la acusación, teniendo como resultado final un trabajo sin fisuras, que deja al detenido pasible ser recibir una condena”.
Pero la burocracia del fuero federal dejó una salida a modo paliativo, en los que interviene la Justicia provincial por delitos en contra de la propiedad y en paralelo se incautan sustancias estupefacientes, dando inicio a causas por tenencia que muchas veces se define como simple (para consumo) en vez de para comercialización.
“Se inicia una causa paralela, pero no es lo mismo a la que se ordena en el contexto federal, en la que hay un seguimiento de muchas semanas y los elementos de prueba que se suman al expediente son mucho mas consistentes”, reiteró.
De acuerdo a lo que se informó, Iguazú cuenta con alrededor de 20 uniformados trabajando en forma permanente y rotativa en la calle, entre ellos efectivos policiales que no son de la zona.
“Los vecinos creen que no escuchamos sus denuncias, pero si actuamos rápido y no tenemos evidencia sustentable los tipos entran por una puerta y salen por otra. Estamos trabajando mucho pese a todas las limitaciones y burocracias judiciales”, destacó Camargo. 

Hartazgo y denuncia pública

Harto, hace poco más de un mes un vecino del barrio Almirante Brown eligió la red social Facebook para denunciar públicamente el avance desmedido de la venta de estupefacientes en su barrio. “Quiero contarles a todos los que quieran comprar droga que vengan al barrio Almirante, por calle Timbó, al lado del puente se puede conseguir. No se preocupen si es de día o de noche, la zona es segura y esta liberada para la venta, consumo y de paso pueden robar al vecino que quieran, volver a bajar la calle Timbó, donde pueden vender lo robado rápidamente y volver a comprar droga. Así que, adictos, vengan a disfrutar de las drogas libremente”, posteó irónicamente, aclarando que es la forma que se le ocurrió para tratar de graficar la situación.
En ese contexto pidió que “Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Misiones, Policía Federal, se pongan las pilas, sin contar con los jueces, que son una vergüenza”. 

Futuro oscuro
Nada cambió. Es más, los vecinos del barrio se animan a decir que empeoró. “Basta una tarde para ver cómo se vende en cada esquina. En pocas semanas, a la docena de fisuras que conocemos se sumó medio centenar más, que son de otros barrios, y empezó a haber robos a las 2 de la tarde, a las 4, a cualquier hora, porque los dealers les aceptan todo, desde una alpargata. Entonces, es un círculo que se retroalimenta con delito”.
“Los consumidores tienen entre 8 y 20 años, eso es realmente terrible. Estamos en Iguazú, no en Buenos Aires, creo que si se quieren poner las pilas, en diez minutos lo resuelven pero nadie se quiere hacer cargo y los jueces son más que responsables de la situación porque los retienen pocas horas detenidos, los liberan y vuelven a lo mismo”, coincidieron, lamentando que se aproxima un panorama muy oscuro. “No avizoramos un solución a corto plazo. Hace una década que estamos denunciando y mirá hasta donde llegamos. Esto es triple frontera, no se puede ser permisivos”.