Lula la trama política al descubierto

El escándalo sin precedentes judicial y de corrupción conocido como operación Lava Jato logró ser catalogado como la mayor crisis política tanto en Brasil, país en el cual se inició, y también para el resto de los Estados de América Latina. Las revelaciones periodísticas siguen fluyendo en la jurisdicción brasileña, ya que involucraron a dos ex mandatarios y a otros funcionarios de alto rango, donde días pasados se conoció un nuevo capítulo de la saga fílmica.
En 2018, Luiz Inácio Lula da Silva fue sentenciado a doce años y un mes de cárcel como parte del escándalo. Desde entonces innumerables voces de especialistas en derecho público acusaron a Sergio Moro, ex juez federal y actual Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro que estuvo a cargo del caso, de usar al Lava Jato como arma política para bloquear el retorno al poder de los líderes del Partido de los Trabajadores (PT).
La pesquisa judicial inició en el 2014, implicó 400 acusaciones oficiales de corrupción en Brasil, encarceló a Lula y agilizó la destitución de la ex mandataria, Dilma Rousseff. Las actuaciones del por entonces magistrado Moro llevaron a Lula a la cárcel y lo inhibieron, cuando tenía un índice de popularidad cercano al 80 por ciento, de pujar por la Presidencia, facilitando la victoria de Bolsonaro.
Recientemente se conocieron revelaciones publicadas por el portal The Intercept, donde se plasmaron innumerables dudas de los fiscales a cargo del caso sobre la validez de las pruebas presentadas contra Lula. Además el propio Moro daba expresas instrucciones a los fiscales sobre las preguntas que los investigadores debían hacer al líder del PT.
De su parte, el ministro de Justicia de Brasil sólo se limitó a lamentar la “invasión criminal” de teléfonos de varios de los fiscales involucrados en la investigación que llevó a políticos y empresarios a prisión. Moro encabezó la investigación Autolavado cuando era juez federal.
Emitió un comunicado después de que el portal noticioso The Intercept publicara artículos en los que, aseguró, se revelaban mensajes privados entre Moro y miembros del grupo especial de trabajo. En uno de los artículos publicados, el portal confirmó que el entonces juez Moro y los fiscales que participaban en una investigación sobre Lula intercambiaron mensajes comentando el caso.
Moro dio instrucciones a los fiscales, extralimitándose en sus deberes como juez. Lula fue condenado a doce años y un mes de prisión en la condena por corrupción que después se redujo a ocho años y diez meses.
Moro aseguró que no se le había dado la oportunidad de comentar sobre las conversaciones telefónicas intervenidas antes de que fueran publicadas y lamentó que la fuente de los mensajes filtrados permaneciera anónima.
La Fiscalía Federal emitió dos comunicados confirmando que los teléfonos habían sido intervenidos. Esa dependencia defendió el trabajo del grupo especial encargado del caso y “su imparcialidad”. También condenó severamente la “vil acción del hacker”, señalando que la filtración podría poner en riesgo investigaciones abiertas y revelaba la estrategia de la fiscalía.
Los teléfonos hackeados eran de empleados de la fiscalía del estado de Paraná. El caso se lanzó en 2014 para investigar contratos firmados por la petrolera estatal Petrobras por valor de miles de millones de dólares.
Las comunicaciones entre magistrados y la parte acusadora están prohibidas por el contenido de la vigente Constitución de Brasil, pero se teme que fueran permitidas por un Tribunal Federal de Brasil, máxima instancia judicial que el año pasado ratificó la sentencia en contra de Lula, temática analizada en un artículo de investigación publicado en la Revista Conexiones de la Universidad de la Cuenca del Plata.
Esta semana Moro se reunió en Brasilia con el presidente Jair Bolsonaro luego de las referidas revelaciones periodísticas de buscar acuerdos indebidos con fiscales cuando era juez. El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que la Fiscalía fue “corrompida” y que el ex mandatario debería ser excarcelado. De su lado Moro y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, afirman que las conversaciones fueron sacadas de contexto y defendieron la investigación.

Los inicios
La operación Lava Jato se inició en marzo de 2014 como una investigación sobre lavado de dinero en el estado de Paraná, en el suroeste del país. La policía local y la fiscalía arrestaron al propietario de gasolineras Carlos Habib Chater y lo acusaron de hacer negocios con Alberto Youssef, condenado por lavado de dinero y le había regalado una costosa camioneta a un ex ejecutivo de la compañía petrolera Petrobras, Paulo Roberto Costa. Youssef y Costa lograron acuerdos de culpabilidad que revelaron una enorme red de sobornos.
Según los fiscales, los ejecutivos de grandes compañías de construcción como Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez conformaron un cártel que decidía a qué empresa se le otorgarían las licitaciones de Petrobras, con montos que miles de millones de dólares y qué tanto se inflaban los precios para encubrir los pagos a políticos y ejecutivos de Petrobras, según los investigadores.
Hasta el momento, una larga lista de empresarios y políticos fueron condenados o están bajo investigación. El ex mandatario Michel Temer también está siendo investigado. Otras figuras involucradas son el ex director general de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el que supo ser el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
También la pesquisa judicial posee implicancias en Perú, los fiscales solicitaron una sentencia de 20 años en contra del ex mandatario Ollanta Humala, mientras que otro ex presidente, Alan García, se suicidó de un disparo en la cabeza en abril pasado justo antes de que las autoridades llegaran a su residencia para arrestarlo en relación con la pesquisa.
Testigos bajo acuerdo de culpabilidad acusaron a Lula de aceptar en secreto un apartamento frente al mar de parte de OAS a cambio de obtener licitaciones de Petrobras entre 2006 y 2012. Lula niega haber cometido delito alguno y asegura que nunca fue el propietario legal del apartamento. Pero el juez Moro argumentó que la intención de darle el apartamento ya implicaba un delito.
Una causa judicial que se inició en el estado de Paraná extendió sus tentáculos de corrupción a varios países latinoamericanos.

Fallos con un predominante sesgo de tipo conservador

Una investigación periodística del diario Folha de San Pablo demostró que durante el 2018, el 65 por ciento de las decisiones tomadas por el Tribunal Federal de Brasil tenían un sesgo conservador, mientras solo el 34 por ciento poseían una naturaleza progresista.
Ahora, el Tribunal Federal podrá reabrir el debate sobre la legitimidad de la condena a Lula y si se puede considerar a Sergio Moro como imparcial, dada su aceptación del puesto como ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Aún así, no está claro si el Tribunal actuará a partir de las revelaciones de The Intercept.
El Consejo Nacional del Ministerio Público abrió esta semana una investigación para determinar si hubo fallo de conducta en la actuación de los fiscales durante el caso y la Orden de Abogados de Brasil emitió una recomendación para que los involucrados sean suspendidos de sus cargos temporalmente, mientras una investigación imparcial determine si hubo colusión entre ellos (Ver: Piden...), es decir si pactaron y actuaron en contra de un tercero.
Pero todo depende del Tribunal Federal y no habría confianza en que se lograría en el corto plazo justicia para Lula de lo que ya fue catalogado por prestigiosos juristas como una “flagrante persecución política”. Lo previo dado que el Tribunal Federal de Brasil tiende a tomar decisiones más conservadoras, “apareciendo como un eslabón más de la judicialización de la política que tanto daño le está haciendo a la separación de poderes”, aseguraron los doctrinarios.