Los presuntos cómplices de Rojas se desligaron del plan para matar un juez

Los presuntos cómplices de Néstor Fabián “El Negro” Rojas (54), detenidos desde el 26 de mayo después de dos procedimientos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), volvieron a desfilar ayer por la mañana en los pasillos del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas. 

Bajo un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), los implicados nuevamente fueron trasladados ayer hasta sede judicial para comparecer en una audiencia de ampliación de declaración indagatoria ante el magistrado Marcelo Cardozo. 

Las audiencias fueron solicitadas por el abogado que defiende los intereses del grupo y tres los cuatro involucrados decidieron declarar respecto de las sospechas que ahora recaen sobre ellos de formar parte del plan que Rojas presuntamente lideraba desde el penal de Ezeiza para asesinar al juez Fernando Verón, quien investiga al sindicado narco-sicario en la causa por el doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado a fines de 2015 en Posadas. 

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres declarantes fueron Luis Miguel B., su cuñado y un hermano de éste, quienes están detenidos desde fines de mayo cuando la GNA los atrapó y descubrió que tenían en su poder varias armas de fuego y uniformes de la Policía Federal Argentina (PFA). 

Según lo que se pudo saber, todos ellos se desvincularon por completo del presunto plan de Rojas, alegando desconocer las intenciones del narco-sicario y entrecruzando acusaciones. El único que no declaró fue el paraguayo que integraba al grupo.

Después de las audiencias, la banda nuevamente fue conducida a su nuevo lugar detención, el cual se mantiene bajo reserva por cuestiones de seguridad, y continuarán bajo custodia del SPP.

Todo están los implicados están detenidos desde el 26 de mayo e imputados en una causa que por el momento se instruye por los delitos de “tenencia de arma de guerra y acopio de proyectiles”.

Sin embargo, la imputación de ellos podría cambiar conforme avance la investigación y se sigan recolectando elementos que permitan vincularlos al macrabo plan que Rojas orquestaba para atentar contra la vida del magistrado Verón. 

Según añadieron fuentes consultadas, las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno aguardan la recepción completa del informe de las pericias teléfonicas que llevan adelante los especialistas de la GNA para definir los próximos pasos a seguir. 

La captura

La captura de la banda, lo cual posiblemente significó la salvación del juez Verón, se concretó mediante dos procedimientos ejecutados entre la mañana y la tarde del último 26 de mayo. 

Ese día, uniformados de la GNA realizaban controles de rutina y se encontraron con un automóvil Nissan circulando en sospechosas circustancias por Candelaria.

Ante esta situación, los efectivos decidieron controlar el rodado y allí dieron cuenta que uno de sus ocupantes se trataba de Luis Miguel B., un posadeño que desde el año pasado estaba en la mira de los pesquisas federales por su presunta vinculación con un grupo de brasileños fuertemente armados que había caido en San José. El otro sujeto dentro del vehículo era el paraguayo, que además de estar indocumentado poseía una pistola Glock 9 milímetros. 

Tras la novedad, las autoridades ordenaron continuar con los procedimientos y de esa forma allanaron la vivienda del principal sospechoso, ubicada sobre la avenida Salvador Miqueri, a pocos metros de la ex ruta provincial 213 en Posadas. 

Allí concretaron la captura de las restantes dos personas involucradas en la causa y se incautaron más elementos que comprometieron a la banda, entre ellos armas de fuego como un fusil M-16, municiones y uniformados de la PFA. 

En su poder también se incautaron varios teléfonos celulares, los cuales fueron peritados por la GNA y de allí surgieron tanto la conexión directa como los escalofriantes mensajes que le atribuyen a Rojas desde el penal de Ezeiza, hacia donde fue trasladado a fines del año pasado por motivos de seguridad. 

Plan al descubierto

“Filmá todo, así ya voy armando, es necesario, yo sé lo que te digo. Hacele seguimiento estos días temprano, cuando sale a trabajar. Lo mandamos a un semáforo y chau de última. Preocupate por eso porque ese nos va a traer problemas a todos. Foto, filmación y el horario que sale para el trabajo. Esa es la hora, yo traigo la gente”, fue una de las trascripciones de mensajes que trascendieron. 

Según las estimaciones elaboradas a partir de los elementos obtenidos, el plan consistía en interceptar al juez Verón con motocicletas y ultimarlo en un semáforo.

Para ello, el sindicado narco-sicario ya había ordenado la toma de fotografías, seguimientos y filmaciones de la víctima. 

Toda esa inteligencia, se supone, era labor del posadeño y el paraguayo que fueron detenidos en el Nissan en Candelaria, mientras que del crimen en sí se iban a encargar unos mercernarios brasileños que vendrían con equipos de comunicación, vehículos y armamentos propios, aunque ellos nunca entraron en acción.

La idea era concretar el golpe durante la primera quincena de marzo, pero el cierre de las fronteras a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus postergó su ejecución.