La Biblioteca Popular de Posadas, en emergencia financiera

Los trabajadores de la Biblioteca Popular Posadas (BPP) declararon públicamente que la casa de libros se encuentra en emergencia económica.

La lamentable situación se debe a la falta del cumplimiento del contrato de alquiler de la empresa Ribeiro, inquilina del local comercial lindante a la biblioteca y propiedad de la entidad.

La deuda se arrastra desde enero de este año, por lo que ya son siete meses que la firma no cumple con lo estipulado en el contrato, poniendo en riesgo la situación financiera de la biblioteca, que es una organización civil que se gestiona de manera autónoma.

“Los empleados de la biblioteca nos declaramos en estado de alerta. Trabajamos en blanco, con aportes y obra social y debido al incumplimiento de la firma Ribeiro no cobramos aguinaldo. Nuestro futuro es muy incierto”, señala el comunicado emitido por los trabajadores de la Biblioteca Popular.

En ese contexto, Perla Dubovitzky, presidenta de la comisión directiva de la casa de libros, dijo a El Territorio: “Los cinco trabajadores que tenemos en la biblioteca están preocupados por la situación financiera a la que estamos llegando por el no pago de los alquileres”.

“Ese alquiler sirve para sortear los gastos de la biblioteca. Pero muy fundamentalmente es destinado al pago de los salarios de los trabajadores”,  agregó la presidenta, haciendo hincapié en que, pagando el sueldo correspondiente a julio, llegan al límite financiero.

“Ellos lo saben, nosotros trabajamos en todo cooperativamente y con absoluta transparencia. Saben muy bien a la situación límite que estamos llegando”, remarcó.

La comisión que preside Dubovitzky sigue una larga tradición de 107 años de buscar recursos para autofinanciación, con apoyo oficial de subsidios y aportes estatales, pero siempre con la constante búsqueda de financiación propia.

En los últimos meses, la entidad se sostuvo gracias a la correcta administración de los recursos de los que disponían, así como también con algunos subsidios como el Apoyo a la Producción y el Trabajo (ATP), del Estado nacional.

Sin embargo, la situación es muy compleja. “Podemos entender que hay una situación económica particular, por el marco de pandemia, pero ellos adeudan el alquiler desde antes. Además,  en esa misma situación, los que tienen compromisos contractuales se acercan a la otra parte para ver cómo o de qué manera se puede resolver la situación. Acá es nulo el interés. Nosotros insistimos, pero no obtenemos respuesta y cuando logramos que nos contesten, nos responden con generalidades”, especificó Dubovitzky, alegando a la falta de responsabilidad de la empresa.

 “Se trata de un compromiso contractual, ellos tienen el alquiler y están obligados a cumplir. Nosotros necesitamos que cumplan con su parte del trato”, cerró.