Kunzmann de Gauchat se acogería a la jubilación para evitar destitución

Lunes 2 de diciembre de 2019 | 03:00hs.
Gastón y Viviana denunciaron a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones.
Por Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Ante el cúmulo de denuncias y cuestionamientos a su labor registrados en los últimos meses, la jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, se acogería a la jubilación para evitar una posible destitución.

Actualmente, la magistrada se halla en uso de licencia médica tras una intervención quirúrgica y, según fuentes judiciales, ya no regresaría a cumplir labores en el juzgado que encabezó por más de dos décadas. Está siendo subrogada por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, con las complicaciones y demoras que genera ello.

A mediados de agosto, Gastón Demonari (32) y Viviana Fernández (27) denunciaron a Kunzmann de Gauchat ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones (Jury) por el presunto delito de “retardo de justicia y mal desempeño de magistrado” y solicitaron su destitución del cargo.
La presentación fue realizada en el Palacio de Justicia de la ciudad de Posadas, con el patrocinio del abogado obereño Edgardo Cabrera Germain.
La misma magistrada también fue foco de serias críticas por el accionar de su juzgado en el marco de una denuncia contra un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) denunciado por abuso sexual en perjuicio de una sobrina menor de edad. Sobre el mismo funcionario pesa una segunda denuncia por acoso radicada por una cuñada.

Precisamente, en su edición del 21 de abril pasado, El Territorio publicó detalles de un caso denunciado en marzo del 2018 por los padres de una niña que actualmente tiene 12 años, aunque hasta ese momento ni siquiera se había realizó la Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.

Recién después de la publicación de este matutino se realizó dicha pericia. Asimismo, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación elevaron un pedido de informe a la jueza que tenía a su cargo el expediente. 

“Excesiva dilación”

En el pedido de Jury solicitado por Demonari y Fernández se consideró que el presunto delito de retardo de justicia se halla tipificado por el artículo 273 del Código Penal de la República Argentina. Ambos denunciaron que su beba recién nacida falleció a causa de mala praxis en una clínica privada. 
También se acusa a la jueza de “falta de cumplimiento de los deberes propios de todo magistrado de garantizar el acceso a la Justicia a cualquier ciudadano”. 
Entre otros puntos, se cuestiona el hecho de negar que los padres de constituyan como querellantes particulares, herramienta que les permitiría ser parte del proceso aportando pruebas.

En el escrito se critica que “la excesiva dilación en la resolución que se requiere por parte del juzgador, no hace más que tornar ilusorio el derecho a acceder a la Justicia por parte de mis asistidos y ejercer las facultades que la legislación les confiere, proporcionando elementos de convicción tales como los ofrecidos en el escrito de la interposición del pedido de la querella”.

“Nos preguntamos, ¿cómo podría imputarse o no a algunos de los denunciados sin que previamente los pretensos querellantes puedan aportar la prueba de testigos ofrecidos a los fines -justamente- de lograr la convicción del juez de que existió un delito y que el o los responsables son los que se indican”, se cita textualmente. 
Al respecto, Demonari anticipó que “estamos decididos a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros ya perdimos a nuestra hija y toda la vida vamos a tener que lidiar con el dolor, pero no queremos que otra familia pase por lo mismo. Con todo lo que vivimos estos meses no creemos en la justicia de Oberá porque todos se conocen y hay muchos intereses, pero no vamos a bajar los brazos”. 

El caso  
Según los padres, la beba nació el pasado 25 de febrero en buen estado. Incluso, la mamá mencionó que el 27 a la mañana se fue un rato a su casa, pero a la tarde volvió a la clínica para amamantar a su pequeña. 
“Estaba perfecta y se durmió en mis brazos”, recordó abatida.

A los dos días surgió el primer síntoma adverso, puesto que les manifestaron que no toleraba la leche materna y debían comprar una fórmula especial. 
“El sábado 2 fuimos a verla, tenía fiebre y nos dijeron que despedía un líquido oscuro del estómago. Al otro día le dieron antibióticos por una infección del estómago. El lunes 4 se descompensó y la tuvieron que reanimar. Cada vez peor, por lo que el martes pedimos la derivación a Posadas y nos pusieron un montón de trabas”, precisó el papá.

Al mismo tiempo, mencionó que comenzaron a notar pequeñas heridas en el cuerpo de su hijo y el día martes observaron que tenía “un hueco en la cabeza”, tal como describió.

“Estaba de turno la pediatra Betina E., quien nos dijo que no había visto esa herida en la cabeza, que se le pasó y nos pidió disculpas. Entonces una enfermera le empezó a curar. Ahí empezamos a insistir con la derivación a Posadas porque ya desconfiábamos de la atención, pero ellos decían que se sentían capacitados para curarla”, relataron.

De todas formas, seguían insistiendo en la necesidad de un traslado y fue cuando “la doctora me dijo que nos teníamos que hacer cargo de todo, de conseguir la ambulancia de alta complejidad, un médico, el sanatorio. Era feriado, no había administración por ningún lado y no conseguimos”. 

Presunto abuso

Respecto al segundo caso que involucra a un comandante de GNA, el progenitor de la presunta víctima indicó que “después de que hicimos público nuestro caso se movieron rápido y tuvimos varias novedades. Lamentablemente pasó más de un año sin ningún avance, pero después de la publicación en pocos días sacaron la Cámara Gesell, algo que veníamos reclamando. Lo único que queremos es justicia para nuestra hija que sufrió y está sufriendo mucho”.

Según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, el hecho se registró en la madrugada del 1 de enero del 2016, cuando la pequeña tenía 9 años.

El sospechoso y su familia residen en la provincia de Buenos Aires y estaban de vacaciones en Oberá. 
Durante dos años la pequeña no les contó lo sucedido a sus padres por temor a perder contacto con sus primos, los hijos del acusado, que está casado con la hermana del padre de la nena.

“Con la denuncia pasó todo lo que ella no quería que pase, que era separarse de sus primos y tíos. Por eso mismo tardó en contarnos lo que pasó, pero le explicamos que le hicieron algo muy grave y no podemos dejar así”, remarcó el papá.

Sobre la denuncia, comentó que tras los festejos de Año Nuevo del 2016 en la casa de la abuela paterna, la nena y su hermanita menor se quedaron a dormir con los hijos del gendarme.

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