Juan De Amorin, en el banquillo después de 10 años y ante un día clave para su futuro

jueves 13 de junio de 2019 | 7:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Diez años después de los allanamientos que dieron inicio a la causa en su contra, Juan De Amorin (53) ayer se sentó en el banquillo de los acusados y empezó a responder ante la Justicia por el delito que le endilgan: trata de personas.

El hombre, que ayer se presentó como productor tabacalero, está acusado de poseer al menos un bar-pool en San Vicente donde en mayo de 2009 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) rescataron a dos adolescentes de 15 años que habrían sido sometidas a la explotación sexual.

El debate en su contra comenzó minutos después de las 9 de ayer en el Tribunal Federal de Posadas y se extendió hasta cerca de las 14, tras la toma de testimonio a los seis testigos que estaban citados.

Abierto el debate, el primer paso fue la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, en el cual se detallan los procedimientos realizados en su momento y se mencionan los elementos recolectados en el marco de la investigación del caso.

De dicha lectura se desprende que las actuaciones en contra del acusado comenzaron a fines de marzo de 2009, cuando investigadores de la GNA obtuvieron sospechas de la existencia de delitos de explotación sexual en al menos un local de la zona.

Al recolectar elementos, los uniformados pidieron autorización a la Justicia Federal y en mayo de ese mismo año irrumpieron en forma simultánea en los locales ubicados sobre la ruta nacional 14 y sobre la ruta provincial 13.

En el primero de ellos se obtuvo resultados, dado que de dicho lugar rescataron a dos menores de edad y también se incautaron, entre otros elementos, cuadernos con registros de todo tipo, profilácticos y estupefacientes.

Fue allí donde también resultó detenido De Amorin, quien luego fue a indagatoria y quedó procesado en esta causa que ahora, diez años después, llega a juicio, aunque prácticamente durante todo este tiempo continuó en libertad.

Tras cumplimentar este paso, las partes plantearon las cuestiones preliminares que consideraban oportunas y en esa instancia la defensora oficial de De Amorin, Susana Criado, pidió la anulación del acta de procedimiento y de la declaración indagatoria del acusado prestada en su momento.

Para la primera cuestión, Criado argumentó que el acta no fue firmada por alguien de confianza del acusado, situación que debía haberse cumplido teniendo en cuenta que De Amorin se presenta como analfabeto y ello representó una “desobediencia de la regla” y una “vulneración de las garantías constitucionales”.

A su tiempo, la fiscal Vivian Barbosa se opuso a las interpretaciones y el tribunal -encabezado por Norma Lampugnani e integrado por los vocales Manuel Jesús Moreira y Víctor Alonso- pasó a un breve cuarto intermedio para deliberar, tras el cual decidieron no hacer lugar al pedido de la defensa.

Durante este lapso, De Amorin, quien durante casi toda la mañana presenció el debate con la cabeza gacha, se quebró y las lágrimas afloraron en él.

Minutos después, tuvo la oportunidad de declarar ante los magistrados, pero decidió abstenerse. “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”, señaló, al referirse a la indagatoria a la que fue sometido durante la instrucción del caso.

Extenso testimonio

Luego esto llegó el turno de las testimoniales y la primera en comparecer en la sala fue Claudia Lascano (62), quien al momento de los hechos era coordinadora de la coalición Alto a la Trata y participó de los operativos de la GNA.

El testimonio de la mujer fue el mayor duración. Tras el repaso del informe confeccionado en su momento, durante casi media hora Lascano recordó aspectos, detalles y consideraciones respecto al caso.

En dicho informe se consignaba que en el bar ‘Especial’ se logró el rescate de dos adolescentes de 15 años, aunque una de ellas en primera instancia insistía en que era mayor de edad.

En ese primer contacto, las menores contaron que llegaron allí tras cruzarse en la calle con De Amorin, quien les ofreció el trabajo y después dijeron que su labor consistía en la atención de los clientes, como así también invitarlos a consumir -copas- y luego mantener encuentros sexuales -pases-.

Las menores además señalaron que hasta hace pocos días había otras dos chicas y que en su momento en el lugar alcanzaron a trabajar al menos 20 mujeres más.

Allí Lascano tomó la palabra y recordó que las chicas “no tenían documentos” y que una de ellas “estaba muy nerviosa y en todo momento hacía notar que tenía 19 años”, mientras que la otra “estaba preocupaba por su hija, que estaba con su abuela”.

En determinado punto, la fiscal Barbosa le consultó por algunos detalles del procedimiento y Lascano aseguró que “leí el acta en voz alta porque De Amorin decía que no sabía leer”. También recordó que en el lugar se secuestraron preservativos, un arma, cuadernos con anotaciones y drogas.

“Las chicas habían referido dónde podían encontrarse estas sustancias. Por lo que contaron, el ofrecimiento de drogas en el bar era parte del juego de las copas y los pases”, expresó.

Lascano acompañó a las adolescentes no sólo en el allanamiento sino que continuó con ellas varios días después. Por ello, tuvo mucho contacto y diálogo con ellas, por lo que fue consultada sobre varios aspectos.

Respecto a la relación que las chicas tenían con el imputado y las condiciones en las que estaban en el lugar, la mujer señaló: “Ellas habían hablado de dos locales y que incluso en el segundo local era muy estricto y era más común que vaya la Policía a mirar. Ahí tenían que estar encerradas en una cocina para que no las vieran. También contaron que había relaciones con otros locales fuera de la provincia”.

Y continuó: “El término que ellas usaban era que eran muy estrictos en lo que se podía y en lo que no se podía hacer. También del peso de la relación de la hija de Juan -por De Amorin- sobre ellas era mucho más fuerte. Contaron que cuando él viajaba, ella se quedaba a cargo de los papeles, de los pagos y del control de los locales”.

Antes de culminar, le preguntaron por la situación de vulnerabilidad que ambas adolescentes evidenciaban y la influencia que sobre ellas ejercían.

Sobre este punto, Lascano manifestó: “Daba la sensación de que tenían un poder muy fuerte sobre ellas. No estaban bajo llave, pero tenían relaciones estrictas y bajo una coerción muy fuerte. Las dos tenían un discurso armado en un primer momento, que después se fue desestructurando. El temor de ellas era ir presas. Se ve que les habían dicho qué decir. El poder de esta gente, de este hombre y de su hija sobre ellas era muy claro”, culminó.

Más testigos

Después de Lascano, declararon otros cinco testigos entre integrantes de la GNA y una psicóloga que en su momento trabajaba para el Ministerio de Derechos Humanos.

El segundo turno fue para la cabo primero de GNA Vanesa Meneses, quien en 2009 se desempeñaba en el Escuadrón 8 y acompañó a las víctimas durante el allanamiento.

De su contacto con las adolescentes, la uniformada recordó que “según lo que contaron, trabajaban ahí. Hacían pases, que es tener relaciones con hombres”.

Sobre las edades y apariencias de las chicas, la mujer expresó que “una dijo que ella tenía 14 o 15 años y la otra, por el aspecto, se me hacía que era menor también. Tenía aspecto de 15. Ambas tenía miedo de hablar”.

La psicóloga María Pizarro fue la tercera en comparecer, a quien las consultas giraron en torno a la situación de vulnerabilidad de las chicas.

“Eran menores de 16 años, seguro. En este caso, al establecer que eran menores, ya eran vulnerables y además venían de familias expulsoras de hogar. También eran vulnerables por la posición frente al Estado en que se encontraban, en el que no tenían idea de lo que estaban haciendo estaba bien o mal sino que lo hacen por una necesidad”, apuntó.

“Yo las consideraba en ese momento como niñas, saliendo de la pubertad. Pasando los 16 se les considera adolescentes. Estando en la pubertad no hay discernimiento entre lo que está bien o mal. Son más impulsadas por el deseo y lo primitivo que es la impulsividad, donde no media el razonamiento”, expresó al final con una claridad tal que fue reconocida por los magistrados.

Los últimos tres testigos fueron miembros de la GNA que tuvieron distintos grados de participación en los allanamientos. Entre ellos hubo un gendarme que tomó fotografías en los procedimientos y en ese punto suscitó un inconveniente y es que en las actas que le exhibieron no estaba su firma.

Además de contar qué hicieron en el operativo, a los tres se les pidió que describan cómo era el lugar y qué elementos fueron secuestradas en la escena.

La jornada de hoy

El debate continuará hoy, a partir de las 9, con la ronda de alegatos, en la que tanto la fiscal como la defensa deberán exponer y argumentar sus pedidos al tribunal. A De Amorin se lo acusa del delito de trata de personas, figura bajo la cual puede ser condenado a penas de entre 4 a 15 años de prisión en caso de ser hallado culpable. El acusado está detenido desde hace dos semanas, cuando la fiscal pidió que se le revoque el beneficio de la excarcelación que gozaba desde 2009 para garantizar el inicio del juicio. En su pedido, Barbosa consideró que había elementos para presumir riesgo de fuga o entorpecimiento del inicio del debate.