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Incontrolable espionaje

domingo 21 de abril de 2019 | 6:00hs.
El creador de WikiLeaks fue sacado de la Embajada ecuatoriana en Londres.
Analistas y expertos en informática expresaron la semana pasada su creciente preocupación debido al incremento y el desarrollo de las políticas de vigilancia, control social y espionaje por parte de los gobiernos latinoamericanos. El uso de datos privados por parte de empresas, como también el aumento de cámaras de monitoreo en la vía pública, son los focos más alarmantes de una estrategia que en la era digital parece estar cada vez más afianzada, según coincidieron en el IV Simposio Internacional de la Red de Vigilancia, Tecnología y Sociedad.
Enrique Chaparro, miembro de la Fundación Vía Libre y especialista en seguridad informática, aseguró que “desde 1990 para acá hubo un cambio en el paradigma de vigilancia, el cual pasó de un método clásico que tenía como objetivo determinar un blanco para seguir su trayectoria, a uno que ahora implica predecir mediante algoritmos lo que un conjunto de blancos o grupo de gente hará”.
A nivel mundial “vivimos en un estado de excepción permanente”, señaló Chaparro, debido al crecimiento exponencial de las herramientas de vigilancia como la circulación de datos privados en la red que permiten actuar a los Estados en defensa de una “amenaza permanente”.
La era de la vigilancia dio pie a la apropiación de algoritmos por parte de empresas y organismos estatales de inteligencia, apuntó la doctora y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Fernanda Bruno, utilizados en cámaras programadas con patrones que le otorgan una presunta capacidad de predicción de conflictos mediante un juicio previo al hecho.
En Latinoamérica, Brasil es un claro ejemplo de su aplicación: “Los cuerpos son inspeccionados mediante las cámaras cotidianamente sin que sea intervenida su movilidad, con el fin de predecir patrones de acciones sospechosos sin la necesidad de que intervenga un agente”, detalló. El gigante latinoamericano desarrolló en los últimos años su propio software para espionaje y en San Pablo, la ciudad más grande del país, hay cerca de un millón de cámaras privadas y estatales: más de 1.000 son manejadas por la Policía y el gobierno paulista busca integrar el resto a una red masiva de vigilancia. Asimismo, en el 2015 el Estado de Río de Janeiro contaba con 290 cámaras de vigilancia. Apenas dos años después eran más de 850 las que estaban en funcionamiento mientras que para 2018 el número de dispositivos creció a más de 1.000.
La irrupción de las cámaras de videovigilancia también tiene su réplica en México y Colombia: el primero con un total de 25.600 dispositivos; el segundo con un plan de instalar más de 7.000 dispositivos, con el foco puesto en Cali donde ya hay cerca de 1.200.
En el caso de Argentina, Chaparro comentó que “aún no parece haber una doctrina pública de vigilancia ya que históricamente la actual AFI se manejó como un organismo extorsivo a través de los carpetazos”.
La comparación con Brasil pareciera estar lejana. Sin embargo, en los últimos meses, el espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia de correos electrónicos a los periodistas Gustavo Silvestre y Mauro Federico abrió una nueva ventana. Otros ejemplos, como el llamado “Proyecto X” con el cual el kirchnerismo realizó “inteligencia” a organizaciones sociales o la resolución firmada por Marcos Peña para utilizar la base de datos privados de los ciudadanos de Anses agrega preocupación.

Nuevo paradigma
A partir de la caída de las Torres Gemelas en 2001, y con el crecimiento exponencial del uso de internet, la información de los ciudadanos en la red se transformó en un elemento preciado para los Estados y las corporaciones privadas. La revelación realizada por el ex agente informático Edward Snowden sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), en conexión con diversas empresas, sacó a la luz aquello que era la sospecha de numerosos especialistas: las prácticas de vigilancia de Estados Unidos hacia sus ciudadanos y numerosos mandatarios mundiales.
La era digital se transformó en poco tiempo en la base de la pirámide de la vigilancia que se lleva adelante en gran parte de los países del mundo. “Los Estados de vigilancia dependen de entidades comerciales como internet y empresas telefónicas que proporcionan datos a las Agencias de inteligencia, gracias a órdenes judiciales por muchos años”, señaló el sociólogo escocés David Lyon, exponente en el IV Simposio Internacional de la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad organizado por la Fundación Vía Libre y el Área de Tecnología, Cultura y Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en el Centro Cultural San Martín.
La sociedad actual muestra un nivel de desarrollo técnico que permitió avances en telecomunicaciones como nunca en la historia. Pero dichos avances sacan a relucir una contradicción, como señaló el mismo Lyon en su libro Vigilancia líquida: “Por un lado estamos más protegidos que cualquier generación anterior, y por otro ninguna generación anterior experimentó como la nuestra la sensación cotidiana de inseguridad”. La aceptación de vivir en una “cultura de la vigilancia” es un punto central para el sociólogo ya que “es un aspecto que damos por sentado” y además en su gran mayoría “se cumple sin cuestionarla”, apuntó.
Existe un discurso que busca legitimar la vigilancia, el cual no es actual, explicó la investigadora Laura Lacaze. La concepción de que se enfrenta “a la mayor amenaza de la historia se repite tanto en los discursos de Bush en el 2000, en los de Obama con el surgimiento del Estado Islámico y también en el Malleus Maleficarum del siglo XV con el que la Iglesia perpetró el mayor genocidio de mujeres en la historia, escondido bajo la excusa de la caza de brujas. Se enuncia que se va a impedir algo y se desarrolla como una intervención anticipada, con argumentos idénticos a lo largo del tiempo”.


Aprobaron ampliar el espionaje oficial

A inicios del presente año, Suiza aprobó con una rotunda mayoría en todos los cantones un referéndum el incremento de la capacidad de los servicios de inteligencia para espiar a los ciudadanos a través de dispositivos tecnológicos a partir del año entrante.
Se trata de una medida impulsada para aumentar la seguridad y reforzar la lucha contra el terrorismo.
La propuesta, que comenzará a regir en septiembre del próximo año, autoriza al Servicio de Inteligencia de la Confederación (SRC) a intervenir los teléfonos, verificar correos electrónicos, colocar cámaras o micrófonos y vigilar intensamente lugares específicos, aunque siempre con una “autorización previa doble”.
Estos procesos de vigilancia intensiva deberán ser refrendados por una autoridad judicial y por responsables del Ministerio de Defensa y de Justicia de Suiza.

“Embajada como centro para espiar” El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, indicó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres “como centro de espionaje”. Además lamentó que éste “violara constantemente las condiciones” de su asilo político, en una entrevista con The Guardian divulgada ayer.
El activista, cuyo portal reveló en 2010 miles de documentos confidenciales del Gobierno de Estados Unidos, fue detenido el pasado jueves después de que Ecuador le retirase el asilo que le había concedido en 2012.
La Policía británica arrestó por la fuerza a Assange (47), por una petición de entrega estadounidense y por violar las condiciones de libertad condicional impuestas por la Justicia británica en 2012 en relación con una solicitud de extradición a Suecia.
Moreno, que ha recibido críticas en su país por haber puesto fin al asilo del australiano, concedido por el anterior Gobierno de Rafael Correa, defendió su decisión al resaltar que ésta no fue “arbitraria”, sino “basada en la legislación internacional”.
The Guardian recordó que WikiLeaks fue vinculado a una web anónima que divulgó que el hermano de Moreno había creado una compañía “Offshore” (en un paraíso fiscal), además de publicar fotografías privadas del presidente ecuatoriano y su familia.
Moreno, que ha negado haber actuado como represalia, consideró que el australiano empleó la delegación ecuatoriana en el Reino Unido para interferir en las democracias de otros países.
“Cualquier intento por desestabilizar es un acto reprobable para Ecuador, porque somos una nación soberana y respetuosa con las políticas de cada país”, aseveró.
En este sentido, el mandatario lamentó que “desde nuestro territorio, y con el permiso de autoridades del anterior gobierno, se hayan proporcionado instalaciones desde la Embajada ecuatoriana en Londres para interferir en los procesos de otros Estados”.

La clase política y las difusas tareas de inteligencia El caso de Marcelo D’Alessio sacudió al mundo del espionaje, que se entrometió, una vez más, en la vida política y en la Justicia Federal . Tal vez nunca dejó de hacerlo, pero este episodio expuso la instrumentación política de las tareas de inteligencia y la ineficiencia del gigante aparato estatal para impedir el espionaje clandestino.
Según indicó el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el objeto de la investigación ya no consiste en verificar si el fiscal Carlos Stornelli participó de la extorsión a Pedro Etchebest, sino en investigar operaciones de inteligencia clandestinas y su presunta relación con el Ministerio Público Fiscal.
La figura de D’Alessio es en parte una incógnita. Aún no se termina de esclarecer a quién respondía ni qué tan profundos son los vínculos que alega tener. Dijo haber trabajado como agente inorgánico para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde ese organismo primero lo desconocieron y luego lo denunciaron. Cuando quedó detenido, D’Alessio dijo que trabajó para Ricardo Bogoliuk, un ex policía bonaerense que había sido contratado por la AFI para desarrollar tareas desde el 4 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017, y para Aníbal Degastaldi, que fue separado de la policía bonaerense en 2003. También dijo que Etchebest, supuesta víctima de extorsión, trabajó en connivencia con Bogoliuk.
Bogoliuk y Degastaldi quedaron detenidos y se negaron a declarar. Quedan pendientes varios interrogantes, como saber con qué dinero Bogoliuk contrató a D’Alessio.
Desde la agencia de inteligencia sostienen que Bogoliuk dejó de trabajar allí en diciembre de 2017. “No se puede seguir a los que dejan de trabajar”, alegan en la AFI. Pero fuentes de la ex Side consideraron que si bien Bogoliuk pudo haber actuado como mano de obra desocupada, el organismo tuvo elementos para detectar un posible conflicto.
Las escuchas a ex funcionarios kirchneristas que se encuentran detenidos en el penal de Ezeiza fueron desgrabadas, cuando tendrían que haber sido destruidas.
Aunque se habla de un clima de tensión entre el director de la AFI e íntimo amigo del Presidente, Gustavo Arribas, y la subdirectora, Silvia Majdalani, en la agencia de inteligencia no hay autocríticas.
En el Gobierno, estos episodios despiertan desagrado.
No hubo demasiadas menciones al tema, pero se conjugan dos elementos: la mancha venenosa que se expande al ventilarse los vínculos de D’Alessio y la vigencia de prácticas de espionaje clandestino en una administración que prometía una regeneración institucional.
Durante la campaña presidencial de 2015, el asesor Jaime Durán Barba sugirió, con el objetivo de “unir a los argentinos”, cerrar la AFI y reemplazarla por una nueva agencia contra el crimen organizado, para “dejar en la calle a ese ejército que se ocupa de espiar a los argentinos”. Pero aquella idea duró tan sólo 48 horas.

Países europeos demandan más transparencia

La Comisión Europea (CE) insistió a los Estados Unidos para que garantice transparencia en sus programas de vigilancia electrónica. Advierten que la falta de privacidad puede apartar a los usuarios europeos de las empresas estadounidenses y que busquen alternativas.
“Si el Gobierno de Estados Unidos no elige este camino, minará la confianza en nuevos servicios digitales, con riesgo de que los usuarios los abandonen”, aseguró quien fue comisaria europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, en un discurso en la Cámara de Comercio estadounidenses en Bruselas. Las revelaciones sobre el programa de vigilancia Prism aumentarán los llamamientos para crear una nube europea para salvaguardar los datos de los ciudadanos”.
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