Estafadores presos en Alem ya habrían actuado San Vicente

Martes 3 de diciembre de 2019
La pareja de estafadores que fue detenida el último fin de semana en Leandro N. Alem sumó más denuncias en las últimas horas, por lo que su situación judicial se ve cada vez más complicada a medida que avanza la situación en su contra. Fuentes policiales señalaron que en la víspera se incorporaron nuevos hechos en la localidad de San Vicente que datan desde principios de año.  
Los señalados son Andrea Mariela A. (42) y su concubino Roberto E. (39). Según detallaron fuentes policiales consultadas por El Territorio, el ardid llevado adelante en la Capital de la Madera era ofrecerle a las víctimas la tramitación de pensiones en Brasil, por lo que fingían ser trabajadores de organismo equivalente a la Afip en el vecino país.  
Para estas supuestas gestiones, los implicados pedían una entrega de entre 6.000 y 10.000 pesos en efectivo y,  según arrojó la pesquisa al momento, llegaron a alzarse con 131.000 pesos. Aunque eso no es todo, porque también ofrecían la entrega de vehículos en remate con un bajo costo. 
Desde la fuerza provincial detallaron que estas nuevas pistas surgieron mediante un trabajo en conjunto entre policías de las unidades regionales VI -encargada de la detención en Alem- y VIII de San Vicente. Estas estafas habría ocurrido en el mes de enero y el total de lo sustraído por los implicados asciende ahora a 190.00 pesos.

La investigación
Como viene informando este medio, la denuncia que desenmascaró a la pareja fue radicada el viernes 29 de noviembre, pero los hechos fueron perpetrados durante la tarde del día anterior. Gerardo H. (56) se presentó ante la Policía, señaló su esposa; familiares y conocidos cayeron en la trampa de una mujer que se hizo pasar como gestora de la Afip y bajo el pretexto de realizar trámites para obtener pensiones a desocupados se hizo de 60.000 pesos en efectivo.
De esta forma, los efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VI comenzaron  a realizar averiguaciones y así reconstruyeron que el jueves a la tarde la esposa de Gerardo, identificada como Elizabeth A. (46), fue hasta el comercio de unos amigos sobre la avenida Vélez Sarsfield, donde también arribó una mujer que dijo ser empleada de la Administración Federal de Ingresos Públicos y contó que se encargaba de realizar trámites para la asignación de pensiones a personas desocupadas. 
Según indicaron, esta mujer era cliente habitual del comercio, por lo cual nadie desconfió de ella y la esposa del denunciante se interesó en su falsa labor. Ante ello, la presunta estafadora le solicitó a la mujer una serie de documentaciones y le pidió además la entrega de 12.000 pesos para iniciar los trámites, lo cual se concretó. 
Lo mismo ocurrió instantes después con un hijo de la damnificada, que también entregó $12.000. 
Incluso la propietaria del local también accedió al pedido y le dio prendas de vestir por el mismo valor. A ello se sumaron después la hija y el yerno de la dueña del lugar, quienes aportaron 6.000 cada uno. Ninguno de los damnificados recibió documentación alguna que acrediten los pagos. 
La esposa del denunciante se había quedado con el número telefónico de la implicada y al otro día las dudas comenzaron a acrecentarse, hasta que decidieron radicar la correspondiente denuncia. De esta forma, se pactó un nuevo encuentro para otra gestión con la mujer y a ese lugar también arribó el personal de policial que procedieron a la detención de la sospechosa. 
Las fuentes indicaron que la detenida fue identificada después como Andrea Mariela A. (42), que terminó siendo trasladada a sede de la División Investigaciones donde se le incautó un teléfono celular que será peritado.  
Después fue alojada en una celda de la Comisaría Primera, mientras que otro grupo de uniformados fue hasta su domicilio sobre la calle Las Heras. Allí detuvieron a su concubino, Roberto E. (39), en tanto que en el secuestraron otro celular y una billetera con 400 dólares, cerca de 2.500 pesos y documentaciones varias. 
La causa está siendo llevada adelante por Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, presido por la jueza Raquel Zuetta.

En cifras

$190.000

Sumando los hechos de San Vicente y Leandro N. Alem, el perjuicio para los denunciantes asciende a casi 200.000 pesos en efectivo.


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