El STJ analizará el expediente del caso de la joven muerta por desnutrición

Sábado 9 de noviembre de 2019 | 09:20hs.
La casa donde vivía Aylhén junto a su madre Teresita, en Oberá.
Por Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Ante la complejidad del caso, que tiene como principal imputada a una persona con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitó una copia del expediente que investiga las causas del deceso de la joven Aylhén Rocío Mattos (18), quien el pasado 11 de octubre falleció por desnutrición severa y paro cardiorrespiratorio, según la autopsia. 
La víctima era autista, ciega y sorda, un cuadro de severa discapacidad que la hacía absolutamente vulnerable y dependiente de terceros. 
Por el hecho permanece detenida su mamá, Teresita del Rocío M. (37), quien declaró que oportunamente golpeó varias puertas en busca de ayuda y no obtuvo respuestas favorables. Además tiene otras dos hijas, de 13 y 5 años. 
Asimismo, tal como corrobora el certificado médico presentado por su defensa, la mujer padece trastorno límite de la personalidad (TLP), estaba en tratamiento y medicada. 
Si desde un primero momento a justicia avanzó sobre la presunta responsabilidad de la madre, también se confirmó que 35 días antes del fatal desenlace una trabajadora social presentó un informe socioambiental ante el Juzgado de Familia alertando sobre el deplorable estado de salud en que se hallaba la joven.
Ahora, desde la defensa de la imputada pretenden dilucidar si los funcionarios judiciales intervinientes “subestimaron o cajonearon” dicho informe.
En este contexto, en los últimos días el máximo órgano judicial de la provincia remitió un oficial al Juzgado de Instrucción Uno de Oberá solicitando copia del expediente para su análisis. 
En diálogo con El Territorio, fuentes del caso mencionaron que “esto sucede en ocasiones excepcionalísimas durante la instrucción y marca preocupación al respecto”.  

Comunicado de la Redi
El caso de Aylhén Rocío Mattos tuvo repercusión nacional, al punto que la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) emitió un comunicado de prensa donde manifiesta su profunda preocupación por el hecho sucedido en Oberá, al tiempo que insta a la Justicia “a investigar los hechos con perspectiva de género y discapacidad, poniendo especial énfasis en evaluar en qué medida las autoridades provinciales cumplieron con su obligación de garantizar los derechos de la joven fallecida”. 
Según la Redi, dichas obligaciones comprenden tanto al estado nacional, al ser signatario de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como al estado provincial donde vivía la joven.
Citan que la progenitora solicitó asistencia y no la obtuvo, lo que fue deteriorando la salud de su hija. También mencionan la patología que afecta a la mujer ahora detenida.
En virtud de la información que disponen, subrayaron que la “Redi desea enfatizar que las autoridades que integran los diversos poderes del estado provincial tenían la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de la joven fallecida” y “tenían la obligación de adoptar medidas apropiadas para detectar en forma oportuna el cuadro de desnutrición”. 
Por ello, consideraron que “la justicia debe evaluar si las autoridades provinciales actuaron conforme a estas obligaciones y el eventual impacto de esta actuación en los hechos que resultaron en la muerte de la joven”. 

“Evitar estereotipos”
Tal como declaró en sede judicial, la madre de la víctima precisó que crio sola a su hija mayor, puesto que el padre biológico la abandonó apenas se enteró de que estaba embarazada y nunca colaboró con nada en la crianza de Aylhén Rocío.
En tal sentido, desde la Redi subrayaron la importancia de “evitar estereotipos que atribuyen a las mujeres un rol exclusivo en las tareas de cuidado en el ámbito familiar y las responsabilizan por lo que pueda ocurrirles a sus hijos e hijas en este ámbito, sin considerar los deberes que corresponden a los progenitores”. 
“Las autoridades judiciales tampoco deben verse influidas por ideas preconcebidas sobre la supuesta incapacidad de las mujeres con discapacidad de desarrollar tareas de cuidado. En este sentido, debe evaluarse si el estado cumplió su deber de proporcionar a esta mujer los apoyos que podía llegar a requerir para cumplir el deber de cuidado que se le estaría atribuyendo. 
Incluir estos elementos en el tratamiento judicial del caso es indispensable a fin de juzgar adecuadamente si la mujer tuvo algún tipo de responsabilidad en la muerte de su hija y garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género y discapacidad”, concluye el comunicado de la Redi.

Duro contexto 
El expediente 134592/2019 está caratulado como “abandono de persona doblemente agravado por muerte y el vínculo”, delito que contempla una pena de hasta 20 años de prisión.
La defensa de Teresita del Rocío M. también pretende indagar en la presunta responsabilidad de los funcionarios públicos que estaban al tanto de la situación de indefensión de la víctima. 
En tal sentido, solicitarán que se libre oficio para que el juez de Familia, José Moreira, remita copia certificada del informe socioambiental presentando el 6 de septiembre en su juzgado, para posteriormente llamar a indagatoria a la trabajadora social que alertó sobre el caso. 
Al mismo tiempo, aguardan una resolución sobre el pedido de excarcelación extraordinaria en base a los antecedentes psiquiátricos de la imputada y la medicación que toma a diario. 
Incluso, subrayaron duros capítulos de su historia personal, como abuso intrafamiliar reiterado, intentos de suicidio y falta de contención de su familia. 
Además, mencionaron que el estado estaba al tanto de la situación de vulnerabilidad de Aylhén Rocío. 
“Lleva varios años de tratamiento, siendo su médico psiquiatra el doctor Nicolás Gauna y toma diariamente clonazepam, quetiapina y foxetín”, se cita en el escrito. 
En otro párrafo, se destaca “ha sido víctima de abuso sexual intrafamiliar y a la fecha ha tenido tres intentos de suicidio, ello sumado a la grave condición que padecía su hija Aylhén Rocío Mattos, a la difícil situación económica que atravesaba, a la falta de contención por parte de su familia y a la ausencia de las instituciones que debieron darle apoyo”. 

El informe socioambiental revelador

Tal como informó en exclusiva este matutino, el pasado 6 de septiembre la licenciada Laura Cristina Bida presentó un pormenorizado informe socioambiental ante el Juzgado de Familia de Oberá alertando sobre el “alto riesgo de vida” de Aylhén Rocío Mattos, al tiempo que sugirió la intervención de organismos pertinentes. Pero la asistencia nunca llegó y 35 días después se produjo el deceso de la joven discapacitada. Bida dejó constancia de que la “extrema delgadez podría estar relacionada con la discapacidad o cierto descuido o falta de asistencia diaria. No pudiéndose constatar la asistencia de Aylhén a controles médicos que habría tenido en el último tiempo con el pediatra, a partir de la acreditación de certificados que se le solicitó a la señora Teresita del Rocío”. En ese contexto, consideró que la joven discapacitada “sería el miembro familiar más vulnerado en sus necesidades y derechos. Por lo que se solicita a V.S. (Vuestra Señoría) que la situación sea urgentemente abordada por los organismos pertinentes”.

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