El policía y su sobrino fueron imputados por hurto y estafa

Martes 2 de junio de 2020 | 06:30hs.
El juez Marcelo Cardozo es quien lleva adelante la pesquisa | Foto: Sixto Fariña
Carlos Cardozo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

El sargento de la Policía de Misiones y su sobrino, acusados de diversos negocios ilegales con motocicletas robadas, fueron trasladados al Juzgado de Instrucción Uno de Posadas para completar la audiencia indagatoria en la jornada de ayer. La declaración, como informó El Territorio, se había pospuesto el último sábado en virtud de un pedido de la defensa del funcionario.   
Se solicitó el análisis del registro de una cámara de seguridad, aunque al parecer eso no tuvo consecuencias en la declaración de los sospechosos. Fuentes ligadas al proceso confirmaron a este medio que ambos decidieron abstenerse de declarar ante el magistrado Marcelo Cardozo.  
Se trata del policía Claudio B. (31) y  Alan E. (21), quienes seguirán tras las rejas a la espera de que avance la investigación. De todas formas, también el juez Fernando Verón, del Juzgado de Instrucción Tres, los acusa por hurto; y su par del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, los investiga por una asalto a mano armada. 
Ayer, Cardozo los imputó formalmente por los delitos de hurto y estafa. Además, al policía Claudio B. se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Detención y modus operandi
Los implicados fueron atrapados hace casi una semana, el miércoles pasado, luego de una investigación de la División Brigada de Investigaciones de la misma UR X ,  la misma en la cual trabajaba el sospechoso. Las aprehensiones fueron concretadas mediante una serie de allanamientos en los barrios 90 Viviendas Nosiglia y Belén, donde residen los involucrados.
Se secuestraron entre otros elementos de interés el Peugeot 308 del efectivo policial, un arma de fuego, municiones y unos 70.000 pesos aproximadamente, que sería parte de lo obtenido mediante las maniobras ilegales que el sargento y su sobrino. Se cree que habría más involucrados, pero al momento no fueron identificados. 
También se secuestraron motos robadas, elementos centrales en el actuar delictivo del dúo. Es que a partir del entrecruzamiento de varias denuncias, investigadores lograron establecer que el uniformado se valía de su trabajo para llevar adelante varios “negocios”. Para todo ello, su sobrino era su mano de obra en la calle. 
Como viene informando este medio, la pesquisa detectó al menos dos maniobras claras. Una de ellas se basaba en el hurto de motocicletas y la venta de los rodados a bajo costo por parte del sobrino, que luego le pasaba todos los datos de su comparador a su tío policía.
En esa instancia, el uniformado llegaba hasta la vivienda del comprador de la moto robada, en donde realizaba un falso procedimiento con incautación del rodado. No había denuncia ni orden judicial y la motocicleta nunca llegaba al corralón.
Después, esos mismos rodados eran vueltos a comercializar o desguazados para la venta como autopartes y la maniobra estaba tan aceitada que con una misma motocicleta se podrían hacer tres o cuatro negocios.
Otro ardid consistía en que delincuentes presuntamente afines o con nexos con el uniformado sustraían motocicletas que estaban incautadas en corralones de la Policía y luego de ello el efectivo utilizaba la base de datos de la fuerza para identificar a los damnificados o propietarios de esos rodados sustraídos.
El paso siguiente era contactar a los denunciantes e iniciar una especie de negociación, en la cual ofrecía información respecto de dónde podían recuperar los vehículos. A cambio de esos datos, se estima que el uniformado solicitaba el pago de “comisiones” que rondaban entre los 10.000 y los 30.000 pesos, monto que dependía del tipo y modelo de motocicleta involucrada en la fraudulenta negociación. 

La acusación más grave

Como informó ayer este medio, la acusación más grave que pesa sobre el policía y su sobrino es un asalto a mano armada. El hecho ocurrido en una vivienda del barrio Itaembé Miní el 12 de marzo de este año y es investigado por el juez Ricardo Balor, quien les notificó la acusación por robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y banda. Se detalló que en la presentación una mujer de 40 años identificada como Cristina dijo que ese día se encontraba en su casa junto a su hija, un hermano y un vecino cuando, cerca de las 18, se detuvo un Peugeot 308 blanco -como el vehículo del sargento- con patente del Mercosur. Del vehículo bajaron cuatro hombres armados e irrumpieron en la vivienda muy violentamente. Los intrusos portaban armas de fuego, tenían la cara descubierta y estaban vestidos de civil, pero se identificaron como efectivos de “la Brigada”, exhibieron placas de la fuerza y sus esposas. “Quédense quietos, todos adentro”, “al piso, al piso, quédense quietos o si no les pego un tiro, que nadie levante la cabeza”, gritaron apuntando. Una vez adentro ataron al hermano de la dueña de casa y empezaron a pegarle solicitando “dónde está la plata”. Las víctimas entregaron los celulares, otras cosas de valor y el dinero que había en la vivienda -no se consignó el monto- y los asaltantes huyeron del lugar. Según dijo la denunciante, buscó a los detenidos en las redes sociales y los reconoció como sus asaltantes.


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