El policía acusado por el crimen de Víctor declararía en los próximos días

Una semana transcurrió desde el momento en que Víctor Fernando Márquez Dos Santos (16) fue asesinado de un balazo en la cabeza -en las afueras de la localidad de Santa Ana- hasta que una suboficial de la Policía de Misiones confesó en el marco de una declaración testimonial haber sido testigo presencial del crimen, acusando directamente al oficial Deibid V. (32) como autor del disparo mortal con su propia pistola reglamentaria.

Fue el punto final para una cadena de encubrimiento enmarcada en supuestas amenazas de muerte que terminó con siete uniformados acusados (tres actualmente en prisión) y más de 30 desplazamientos, no sólo en la comisaría de Santa Ana sino también en la Unidad Regional XIII de San Ignacio, de la cual ésta depende. 

La pericia balística realizada por la Policía Científica sobre el proyectil (plomo) y casquillo hallado en la escena -frente a la Escuela de Comercio 10- con el arma que le secuestraron al sindicado asesino fue positiva, es decir que confirmó con alto grado de certeza que la bala salió de dicha pistola, por lo que la hipótesis se colocó casi definitivamente en un caso de gatillo fácil. 

El acusado se negó a declarar en el ámbito judicial a mediados de esta semana, pero ante sus abogados defensores, Mónica Olivera y José Luis Rey, aseguró que no cometió el brutal crimen. 

Es el principal sospechoso, por lo que sigue privado de la libertad -igual que Matías A. (30) y Rubén N. (43)- bajo custodia permanente de la Brigada de Investigaciones, aunque en los próximos días va a defenderse de la acusación ante el magistrado subrogante del Juzgado de Instrucción Dos, Fernando Verón, quien lo imputó por delito de homicidio agravado por su condición de funcionario público en ejercicio, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser considerado culpable. 

En ese contexto poco favorable para el uniformado sindicado asesino, por el cúmulo de pruebas que lo colocan como supuesto autor material, su abogado defensor manifestó que “recién nos dieron la copia del expediente con más de cien declaraciones, ahora tenemos que sentarnos a leer cada una porque aparentemente hubo una bifurcación del proceso investigativo, pero tampoco están agregadas las pericias, sino apenas algunos informes preliminares y no podemos hacer ningún juicio de valor sobre lo que no hay todavía”. 

“Él (por el oficial) hizo una negativa genérica, afirmando que no participó en el hecho y oportunamente va a ampliar su declaración. Niega haber cometido el crimen, es un tipo que no tiene antecedentes y tiene una foja bastante impecable, por lo que que se conducía bien policialmente” explicó Rey.

En esa línea, el letrado adelantó que en un primera lectura detectó “algunas inconsistencias, siendo la más básica que si voy a matar, no voy a ir con una comisión policial y además, quien aparentemente encuentra el casquillo es él (por su defendido) y hace la preservación del lugar hasta que llega la gente de Criminalística y hace levantamiento del material. Entonces, si disparé y ese casquillo pertenece a mi cargador, me voy a alejar”, analizó. 

“Son cuestiones que merecen ser objeto de verificación, como por ejemplo algunas inconsistencias de tipo horaria y referidas a los disparos, que algunos dicen que fue uno y otros que fueron más. Por eso no me quiero anticipar a nada, porque tenemos que cruzar todos los testimonios y hasta que éstos no sean ratificados en sede judicial no podemos avanzar. Esto recién empieza”, afirmó.     

Actos provisorios

Rey fue crítico con el manejo de la información en el ámbito oficial porque a su criterio “emitieron juicios de valor y en este caso parece que los funcionarios creen que tienen derecho a comenzar a escribir la sentencia”. En esa línea preguntó: “¿Cómo te defendés contra un discurso que viene armado institucionalmente? Se genera una falsa expectativa en la gente y hay cuestiones que pueden ser cuestionadas desde el punto de vista técnico. Es decir que hay que ver si se hicieron los procedimientos correctos, si son válidos o son nulos porque en la etapa instructoria todos los actos son provisorios, no definitivos. Y en el caso de que en ese contexto la Justicia pueda tener un pronunciamiento favorable para el imputado, se entra en el marco de la no credibilidad para el común de la gente. Entonces, no puede ser que como funcionarios valoren una prueba públicamente”, cuestionó.

Información telefónica

Sobre la continuidad de la pesquisa, parte fundamental de la tarea está en manos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial, a cuyos peritos encomendaron analizar los teléfonos celulares incautados a los siete policías acusados. 

La intención es reconstruir los recorridos de esa noche mediante la geolocalización, además de rescatar las conversaciones de los aparatos, hayan sido borradas o no. Es fundamental establecer el itinerario que hicieron los uniformados previo y posterior al crimen para verificar si encaja en el testimonio de la suboficial que con su confesión fue clave para destrabar la investigación.

En la víspera se supo que la Municipalidad de Santa Ana aportó el registro de dos cámaras de seguridad en el que se observa a Víctor caminando frente a la iglesia del pueblo en compañía de dos adolescentes, poco antes de que lo mataran.

Hasta ese punto es coincidente con el relato de la suboficial, que declaró que la víctima se encontraba con dos amigos en la vía pública esa noche y se cruzaron con la comisión policial que en principio no los pudo interceptar. En esta instancia, la patrulla volvió a la comisaría, donde se bajó una mujer policía y se subió ella para hacer una segunda recorrida.

El móvil volvió a cruzarse con el grupo en una calle de tierra de la Escuela de Comercio 10 y ante la voz de alto, Víctor quedó inmóvil. Entonces el oficial se bajó, caminó hasta él y lo remató a sangre fría. La investigación buscará reconstruir qué es lo que ocurrió en esos minutos y por qué el oficial habría cometido tan atroz crimen.  

La autopsia estableció que la bala ingresó por el ojo derecho de la víctima y salió por la región parietal izquierda del cráneo con la consecuente pérdida de masa encefálica y el adolescente no tenía marcas de arrastre ni otras lesiones. El uniformado habría amenazado de muerte a sus colegas si contaban algo.