El estado de Ceará tiene una nueva ley de Seguridad Pública

Lunes 14 de enero de 2019
El gobernador del estado de Ceará, Camilo Santana, puso en vigencia ayer la ley que el sábado aprobaron los parlamentarios y que fija una nueva ley de Seguridad Pública para el estado que desde hace 12 días está siendo azotado por una ola de violencia.
La nueva ley de la Seguridad Pública fue aprobada por unanimidad por los 36 parlamentarios presentes en la reunión plenaria deliberativa desarrollada el sábado en el parlamento del estado del noreste brasilero.
En una publicación en Facebook Santana informó el acto de sanción, destacando que las leyes entran en vigor de inmediato. “Todos unidos por un Ceará cada vez más seguro, la lucha contra la violencia es de todos nosotros”, afirma en un video el jefe del Ejecutivo.

Las medidas
A partir de ahora la policía militar puede trabajar hasta 84 horas extras mensuales, incluso en los días libres. También se creó el Fondo de Seguridad Pública y Defensa Social para estructurar una cartera de seguridad.
En paralelo, el Gobierno también puso en vigencia una Ley de Recompensa para los ciudadanos que proporcionan información relevante a la policía para castigar a los que están detrás de los actos de vandalismo que hace más de 12 días acechan a la zona.

La violencia no para
Banda de criminales armados con explosivos destruyeron una torre de transmisión y una concesionaria de autos, en medio de una ola de violencia desatada hace más de 12 días en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, que no da señales de amainar, dijeron el sábado las autoridades.
El departamento de Seguridad Pública del estado dijo que en los últimos 12 días se han registrado 194 ataques contra bancos, comisarías y otras instalaciones públicas. Dijo que al menos 150 sospechosos han sido detenidos.
Los ataques han ocurrido en Fortaleza, la capital, y en cerca de casi 50 otras ciudades. Las autoridades dicen que los ataques fueron ordenados por bandas de crimen organizado en represalia por los planes del gobierno para imponer más restricciones en las prisiones estatales.

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