El día en que el gobierno militar hizo desaparecer 33 municipios en Misiones

Domingo 14 de abril de 2019 | 03:00hs.
Antonio Villalba

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Durante la dictadura, los militares hicieron desaparecer de un plumazo 33 municipios de Misiones. Este 19 de julio se cumplirán 40 años de tal determinación que provocó una fuerte reacción de la sociedad civil, cuyas voces por entonces eran más silenciadas que escuchadas, junto a la valerosa postura de algunos dirigentes. Recién con el retorno de la democracia se pudo devolver la autonomía y bienes de estas comunas.
Lo que puede ser considerado ahora una historia casi increíble sucedió el 19 de julio de 1979. El por entonces gobernador de Misiones, el capitán de navío retirado Rubén Norberto Paccagnini, sancionó y promulgó con fuerza de ley (número 1131) establecer “en 41 el número de municipios de Misiones”.
Por entonces eran 74 las comunas, porque aún no se había constituido como tal Andresito –lo que se concretaría en agosto de 1983- y, como se sabe, en forma más reciente, la incorporación de Pozo Azul con lo cual Misiones quedó conformado por 76 municipios.
Por lo tanto, de los 74 municipios de entonces, desde 1979 mediante ese decreto desaparecían 33 administraciones.
Se concluyó que las citadas leyes apuntaban a la estrategia de “achicamiento del país”.
Se desconocieron aspectos históricos, políticos e institucionales, se cuestionaría en forma posterior.

Las que se eliminaron
De esta manera, Azara, Tres Capones y Fachinal pasaron a depender del departamento de Apóstoles.
Cerro Corá, Profundidad, Loreto y Mártires quedaron bajo la órbita de Candelaria y Santa María pasó a manos de Concepción.
Fueron transferidos a la administración de Eldorado los municipios de 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria, mientras que Colonia Delicia pasó a manos de Iguazú.
Las comunas de Bonpland, Caá Yarí, Almafuerte, Gobernador López, Dos Arroyos, Arroyo del Medio y Andrade se traspasaron al departamento de Alem.
Puerto Leoni, Ruiz de Montoya y El Alcázar debieron responder al departamento Libertador General San Martín (cabecera Puerto Rico) y Caraguatay quedó a cargo de Montecarlo.
Santo Pipó, Colonia Polana, General Urquiza, Hipólito Irigoyen fueron transferidos a San Ignacio.
En tanto, San Martín, Florentino Ameghino, Los Helechos y General Alvear pasaron a depender de Oberá e Itacaruaré y Mojón Grande se sometieron a San Javier.
Casi cuatro años después de la eliminación de los 33 municipios, los dirigentes Ricardo Barrios Arrechea -por entonces vicepresidente segundo de la UCR- y Mario Losada, presidente del espacio Encuentro, elevaron una nota al entonces gobernador de la provincia de Misiones, general de Brigada (RE) Juan Manuel Bayón.

El documento
El documento histórico, al que accedió El Territorio, esta fechado el 22 de marzo de 1983. Allí le recordaban al mandatario de facto que habían concretado audiencia con el ministro de Gobierno -Magno Omar Pérez, interinamente a cargo del Ejecutivo- a los fines de ratificar el pedido de derogación de las leyes 1039 y 1131 en cuanto dispusieron la fusión y anexión de 33 municipios de Misiones.
Recordaban una convocatoria realizada por la Unión Cívica Radical en Leandro N Alem, donde con la participación de representantes de distintas agrupaciones políticas, delegados de los municipios afectados y vecinos, reclamaban “la restitución de la autonomía política, administrativa y financiera para las mencionadas 33 comunas”.

Las consecuencias
Como muestra de las consecuencias de la eliminación de estos municipios, dieron a conocer el trabajo aprobado en el plenario de los vecinos, en el cual sintetizaban algunas conclusiones que demostraban los efectos adversos causados por las dos leyes.
Detectaron que el 32 por ciento de los bienes municipales delas entonces ex comunas estaban cerrados, en desuso o deteriorándose. Otro 68 por ciento pasó a ser utilizado para otros fines, desde oficinas a viviendas.
Otro dato significativo es que el 100 por ciento del equipamiento vial de las comunas “desapareció” porque fue transferido a otros municipios. En consecuencia, tampoco se hicieron obras o mantenimientos. Se dejó asentado que al menos 19 municipios suprimidos perdieron población y padecieron estancamiento económico.
Ricardo Argañaraz, que fuera el ministro de Gobierno tras la recuperación de la democracia, recordó y reflejó parte de este episodio en su reciente libro denominado Crónicas en primera persona.
Allí, quien en la actualidad sigue desempeñándose como abogado sintetiza su experiencia como dirigente en aquella época y describe la gestión del gobernador Ricardo Barrios Arrechea.
Cuando asumió en 1983, una de las tareas que debió desarrollar fue la de reorganizar estas comunas.
Quien fuera ministro de Gobierno recordó a este matutino que esas comunas “volvieron a existir” al recuperarse la democracia.
Para retomar la autonomía de los municipios, se concretó una gran reunión plenaria de vecinos el 20 de marzo de 1983, en Leandro N Alem.
Las resoluciones fueron elevadas al entonces gobernador de facto general Juan Manuel Bayón.
Se le reclamaba la derogación de las leyes de facto 1039 y 1131, que disponían la supresión de los 33 municipios.
Se añadía el pedido que se incluyera en las elecciones de octubre a estos municipios.
Cuatro meses más tarde, el 28 de julio, Bayón mediante ley 1839 restituyó el estatus a todos los municipios suprimidos (ver Consecuencias...)
Pero se encontraron, con que los municipios de cabeceras “no querían devolver autos, maquinaria y otros elementos” que habían sido transferidos al eliminarse las comunas.
En consecuencia, representó un fuerte retraso a estas administraciones para volver a funcionar, tras haber sido eliminadas durante cuatro años.

Comunas que no fueron afectadas

El 1 de diciembre de 1978 mediante ley 1039, el capitán de navío retirado Fernando Di Fonzo, siendo gobernador interino, fue el primero en promover la eliminación de municipios al promulgar la ley 1039 que disponía la unificación de las jurisdicciones y fusionaba comunas.
De acuerdo al documento histórico al que accedió El Territorio, el entonces gobernador de facto Rubén Paccagnini resolvió que siguieran siendo municipios: Posadas, Garupá, Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Gobernador Roca y Jardín América.
Además, conservaban igual estatus Corpus, Puerto Rico, Capioví, Gahuapé, Montecarlo y Puerto Piray. Por decisión del entonces gobierno de facto, también seguían siendo municipios Eldorado, Puerto Esperanza, Colonia Wanda, Libertad, General Manuel Belgrano, Bernardo de Irigoyen, San Pedro, El Soberbio y San Vicente.
A su vez, se habían salvado de ser eliminados Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Dos de Mayo, 25 de Mayo, Colonia Aurora, Alba Posse, Oberá, Guaraní, Colonia Alberdi, Campo Viera, Campo Ramón, Panambí, Leandro N Alem, Cerro Azul, San Javier, Concepción de la Sierra, San José, Apóstoles y Puerto Iguazú.

Sin obras, mantenimiento, ni oficinas públicas En la nota elevada el 22 de marzo de 1983 al entonces gobernador de Misiones, general de Brigada (RE) Juan Manuel Bayón, se detallaron las diversas consecuencias que provocó a los 33 municipios haber perdido la autonomía.
En el escrito consensuado por los pobladores de las distintas comunas afectadas, requerían eliminar las dos leyes de facto (1039 y 1131) por las cuales se dispuso la disminución de la cantidad de municipios en Misiones. Refirieron que desde la supresión de la autonomía municipal no se efectuaron obras públicas ni se incorporaron servicios públicos nuevos en el cien por ciento de los municipios eliminados. Según el documento oficial, disminuyó o cesó el cuidado y conservación de calles urbanas y caminos vecinales.
Se añade que en varios de los entonces ex municipios, se anularon en dicho período oficinas del Registro de las Personas, juzgados de Paz, comisarías, unidades sanitarias y servicios de Correo. En definitiva, toda la infraestructura política, administrativa y financiera y la de obras y servicios públicos municipales sufrió el efecto negativo de la pérdida de autonomía.

Muchos pueblos no lograron recuperarse con el tiempo Pueblos congelados fue el título de uno de los tantos informes brindados cada domingo por El Territorio.
En abril de 2013, tras recorrer diversos pueblos de la provincia, se dieron a conocer aquellas poblaciones que no lograron desarrollarse y, justamente, muchas estaban en la lista de los desaparecidos durante el gobierno militar.
Es lo que sucedió con municipios como Santiago de Liniers, en el departamento Eldorado; Caá Yarí, en Leandro N. Alem; o Florentino Ameghino, en San Javier; y Colonia Alvear en el departamento Oberá.
Se detalló entonces que el caso más llamativo es el de Itacaruaré, también asentado en el departamento de San Javier. En este municipio, los vecinos derraman añoranzas en sus palabras y recuerdan cómo fueron en sus orígenes y cómo la proyectada ciudad pujante, llena de proyectos quedó frenada en el tiempo y aferrada a sus tradiciones.
Otro caso es el municipio de Caá Yarí, en el departamento de Leandro N. Alem, cuyo centro cívico y social está encerrado en seis manzanas.
Son pequeñas muestras de algunas comunas que terminaron afectadas al quedar eliminadas por decisión del gobierno de facto.

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