“El colapso judicial hace que por ahí el inimputable no sea prioridad”

Domingo 15 de abril de 2018
Abordar la cuestión de los inimputables era una de las prioridades en Misiones y, en cierto lo punto, lo continúa siendo. Es por ello que hace pocos meses se constituyó una mesa especial para tratar la problemática en busca de soluciones y con la clara intención de mejorar la situación actual de esas personas que cometieron un ilícito pero que no son presos comunes, sino enfermos que requieren tratamiento.
Una de las integrantes de esa mesa es la abogada Rita Ñúñez, presidenta de la todavía joven Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que depende administrativamente de la Cámara de Diputados pero que cuenta con autonomía funcional y total independencia de acción.
En diálogo con El Territorio, Núñez manifestó que la mesa se constituyó cuando se conoció la decisión política de trasladar a los inimputables que están alojados en la Unidad Penal I de Loreto a un nuevo pabellón especial que se construirá dentro del complejo que abarca el hospital de salud mental Dr. Ramón Carrillo en Posadas.
“Se constituyó la mesa para la cuestión de inimputables, que está integrada por la ministra superior Liliana Picazo, el ministro de Salud, el subsecretario de Seguridad y Justicia, la ministra de Derechos Humanos, entre otros. En realidad la mesa la convoca la comisión porque nos parecía que era un tema muy importante, no solamente abordar el futuro traslado de los inimputables, que nosotros consideramos que urge, sino abocarnos a la situación actual de los inimputables que están en Loreto por las condiciones en las que se encontraban”, sostuvo Ñúñez.
Para la presidente de la comisión, las condiciones en las que se encontraban los inimputables en la mayor cárcel de Misiones eran graves, pero tras las reuniones y el trabajo mancomunado que se viene realizando hace un tiempo, el contexto evolucionó favorablemente.
“Ellos se encontraban en un pabellón, que si bien estaba separado y tenía cierta atención especial, no dejaba de ser un pabellón de una unidad penitenciaria resguardada por agentes penitenciarios y el equipo médico que asistía no llevaba un tratamiento individualizado para inimputables, claramente porque no lo podía sostener el propio Servicio Penitenciario Provincial (SPP)”, describió la letrada.
Y añadió: “Entonces lo que se hizo fue pedir a Salud Pública que se involucre un poco en la colaboración del servicio. Pero igualmente desde un principio también hubo predisposición de la directora del SPP, Nilda Correa, que tomó las riendas en el asunto. A partir de eso se hicieron evaluaciones individuales, se les hizo un expediente, que es como una historia clínica, a cada uno. Se afectó a todo el equipo técnico psiquiátrico del SPP a los inimputables. Y el poder judicial paralelamente se comprometió a ir revisando las causas”.
Núñez explicó que todas estas medidas y solicitudes fueron llevadas a cabo a fines del año pasado, pero que en los próximos meses se volverá a reunir la mesa para continuar tratando el tema y reactivar los seguimientos, como así también para tomar conocimiento de los plazos que tiene en mente el Gobierno para culminar la obra del nuevo pabellón en el Carrillo.
“Ellos siguen separados de la población carcelaria común. Pero ahora el pabellón está limpio, ordenado, siempre tienen colchones y ropa. Porque estaban en bastante abandono”, apuntó la funcionaria, pero a la vez hizo una salvedad en este sentido “porque la propia enfermedad hace que ellos mismos rompan sus pertenencias”.
Eso por ello que puntualiza como cuestión clave el tratamiento individualizado, porque las patologías, modos de reacción y de comportamiento de los inimputables no tienen un patrón común.
En este punto, Núñez explicó que “la diferencia fundamental entre un interno que comete un delito, que está procesado y condenado, y un inimputable es que el inimputable no comprende la criminalidad de sus actos porque tienen una disminución mental que se le impide. Entonces, a diferencia de un interno común, ellos no son internos, son enfermos, deben ser pacientes en una clínica y no presos en una unidad penitenciaria”.
Pero, lo que complica el contexto para que estas personas puedan ser contenidas fuera de un recinto como el de Loreto es el grado de peligrosidad que cada uno de ellos represente. Ante esa disyuntiva hoy se encuentran los inimputables, pero no sólo en Misiones, sino a nivel país.
“Lo que pasa es que como tienen esta característica de peligrosidad, la medida de seguridad que establece el juez es para resguardar a ellos mismos y a terceros. Es, incluso, resguardar al sistema de salud, porque hace muchos años el Carrillo tenía un pabellón y hubo un accidente con algunos que tenían tendencias pirómanas. Pero yo creo que tomando los recaudos, que es lo que creo que se va a hacer ahora, de seguridad pertinentes, ellos pueden volver estar en una clínica”, opinó la presidente de la comisión.
Tanto para todo el equipo de la comisión, como así también para los demás integrantes de la mesa que trata el tema de los inimputables, otra arista a abordar con urgencia son las acciones de los juzgados penales, los cuales también desembocan en historias particulares que no deberían darse.
“La declaración de inimputabilidad la hace el juez de instrucción. Y para los jueces, que si bien tienen detenidos durante los procesos, como no son condenados -por los inimputables- es como que quedan a la deriva de un órgano de control específico. Claramente, el poder judicial está colapsado, más aún el fuero penal, por eso las demoras que ya no son noticias en la resolución de las causas, entonces la problemática hace que por ahí el inimputable no sea prioridad”, añadió la entrevistada.
Esto, a su vez, deriva que en muchos inimputables queden alojados en Loreto y, al margen de las cuestiones médicas, también sufran roturas en sus lazos familiares y/o afectivos que los terminan perjudicando aún más.
“Hay muchas personas en ese pabellón de Loreto que no tienen familiares porque además de que cometen actos que están en contra de la ley, muchas veces esos actos también son contra su propia familia, entonces se apartan de ellos, no los quieren, los abandonan. Por suerte vemos que hay trabajo de ONG y de Iglesias que hacen el acompañamiento”, indicó Núñez al culminar la entrevista.

Por Jorge Posdeley
fojacero@elterritorio.com.ar

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