Discapacidad, las barreras

Domingo 16 de septiembre de 2018
Griselda Acuña

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

“Intentá pararte, probá una vez más”. La frase revive cada vez que hojea en su memoria sobre situaciones absurdas que experimentó en la vida. Mariana tiene 33 años y está en silla de ruedas desde que cumplió 22, después de dar a luz a su hijo. Una bacteria se coló en su columna vertebral dejándola paralítica, modificando todo a su alrededor. La primera vez que tramitó el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el médico que integraba la junta evaluadora le pidió que se levantara de la silla, aunque su historia clínica demostraba que había perdido completamnte la sensibilidad en sus piernas.
La voz de Mariana es la de muchos otros que pasaron por tragos amargos al momento de reclamar derechos. La modernidad no significa nada para aquellos que padecen una condición discapacitante. Las barreras sociales, administrativas, arquitectónicas para la vida en comunidad de las personas con discapacidad (PCD) son difíciles de derribar. Están ahí, siguen estando pese a los discursos y las buenas intenciones.
Nada es sencillo. Tramitar el CUD, gestionar una pensión, el reconocimiento de la gratuidad en el transporte público o bien trasladarse en colectivo por la ciudad.
La burocracia atenta contra la paciencia y la voluntad. Ni hablar de circular en la vía pública o simplemente hacer compras en un supermercado. La ciudad se resiste a adaptarse a quienes tienen problemas motrices. “El cartel dice ‘Caja Exclusiva para Discapacitados o Embarazadas’, pero apenas pasa el carrito de mercadería, no pasa una silla de ruedas o una persona con andador” relata Inés, quien tiene a su hijo en silla de ruedas y cada vez que debe reponer la heladera necesita disparar un operativo doméstico porque no puede llevar a su hijo al súper.
Otro capítulo de novela es tramitar el carné de conducir. Mientras el Estado exige un sinnúmero de requisitos para acceder al CUD, el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de Posadas permite la renovación del carné solo por un año para personas con discapacidad.
Las prohibiciones se cumplen a rajatabla, no así el reconocimiento de los derechos. La ley, no obstante, contempla la posibilidad de renovar el carné hasta tres años previa solicitud de junta médica. Otra más, en tanto esta dependiente de la Municipalidad. Un trámite que no es simple ni inmediato.
También están los marginados del sistema, como es el caso de la familia Acosta, de Eldorado. Fermina (41) y Eugenio (36) tienen seis hijos, de los cuales tres son discapacitados y jamás accedieron ni siquiera al Certificado de Discapacidad. El analbabetismo levantó un muro. La madre no sabe leer, no supo cómo realizar el trámite y tampoco tuvo quién la ayudara.
Como esta familia deben existir otras cientas que son invisibles.  Hay casos excluidos porque no fueron detectados y hay casos detectados que por burocracia no acceden a beneficios que contribuyen a la calidad de vida. Es la triste historia de Yisela Soledad Dos Santos, quien hace seis años espera por una pensión (página 7). La joven tiene 24 años, padece una parálisis congénita del lado derecho, no camina, ni tiene control  de esfínteres. No obstante, el estado espera la curatela judicial para darle la pensión a su hermana, quien en la actualidad es su tutora.
Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 10 % de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad.
En la región NEA, la población con discapacidad alcanza al 14 por ciento, cuatro puntos por encima de la media nacional. El dato reviste importancia porque permite interpretar la cantidad de personas fuera del sistema. Misiones, por ejemplo, tiene registrados sólo 18.000 ciudadanos con CUD sobre más de 1 millón de habitantes.
El Territorio visualiza el drama al que se exponen aquellos que sufren una condición que no eligieron.
El país tuvo cambios en materia de discapacidad. Desde el año pasado funciona la Agencia Nacional de Discapacidad que depende directamente de Presidencia de la Nación. Se perciben gestos pero el cambio no es radical. De hecho, las trabas están más vigentes que nunca.
Es sabido que hubo un uso político partidario de determinados beneficios, lo cual devino en la rigidez de las estructuras al momento de reconocer los derechos establecidos por ley. Pero todos los extremos son malos.
La línea es muy delgada. Y, quizás, si los parámetros y protocolos son tan inflexibles como lo expresan las autoridades aplicadoras puede derivar en un contrasentido. La exclusión de la discapacidad.
Queda plasmada entonces la necesidad de avanzar, de generar empatía y simplificar los procesos. Concretar en hechos lo que ya está legislado. 

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