Deuda de Nación con la Unam asciende a $60 millones y peligra el pago de servicios

Martes 15 de octubre de 2019 | 05:00hs.
Por Emmanuel López Del Valle

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Las universidades del país se encuentran inmersas en una profunda crisis. Al desfasaje presupuestario, del 70 por ciento en cuatro años, se suma la deuda y demora en el envío de las partidas para garantizar el manejo de las casas del altos estudios. Y en el caso de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), el débito supera los 60 millones de pesos.

Desde julio, Nación dejó de enviar el dinero para solventar tanto el pago de servicios públicos como para la concreción de políticas de bienestar estudiantil. Es por ello que las autoridades de la Unam elevaron el reclamo a la Secretaría de Políticas Universitarias a los efectos de normalizar el abono de julio, agosto, septiembre y el de este mes.

En el caso de que no se efectivice el pago, varias de las facultades afrontarían dificultades en el abono de servicios de luz, agua e internet en los próximos meses.
A ello se agrega el incremento en las partidas presupuestarias para Ciencia y Técnica y Educación para la universidad quedaron opacadas por la inflación. Si bien la suba será del 58 por ciento en términos nominales, por un total de 2.837.346.601 pesos, las autoridades plantean que tal monto no cubre lo perdido producto de la inflación.

En tanto, gremios docentes plantean que el monto para todas las universidades del país para el próximo año sólo ahonda el ajuste. La cifra es  de 195.565.815.886 pesos según estableció la Ley de Presupuestos de la Administración Pública Nacional. En el caso de no revisarse los valores, el inicio de clases corre peligro.

Deuda y desfasaje

Alicia Bohren, rectora de la Unam, especificó que el presupuesto quedó desfasado y a ello se sumó la demora en el envío de las partidas. 
“Hace cuatro meses que Nación no deposita el dinero y ya nos debe más de 60 millones de pesos. Es un dinero clave porque estamos al límite de la disponibilidad de la ejecución del presupuesto para el normal funcionamiento de la universidad”, indicó a El Territorio.

En este sentido, detalló que la última vez que el gobierno nacional envió capital fue a mediados de julio y sólo abonó la mitad de lo previsto. A ello se agrega la deuda de los montos correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

Al respecto, Bohren comentó que días atrás se llevó a cabo una reunión en conjunto con los decanos para analizar el estado de situación de cada una de las facultades. Y que, hasta la fecha, las unidades académicas ya ejecutaron entre el 60 y el 80 por ciento de los gastos previsto de 2019.

“Se distribuyó el dinero para cubrir las demandas de mantenimiento de los gastos de las unidades académicas, como así también para mantener en pie las políticas de inclusión que son prioridad de la universidad, como por ejemplo el funcionamiento del comedor”, manifestó.

Ante esta situación, explicó que se elevó un pedido a la Secretaría de Políticas Universitarias para que se normalice la entrega del presupuesto.
Luego aclaró: “Estamos pendientes de esta situación. Nos mandan sólo una media cuota y con eso tenemos que hacer malabares. A la fecha podemos decir que la universidad cumplió con sus obligaciones de pago. Pero sólo para este mes. Si Nación no envía el dinero para los próximos días, varias de las facultades y los institutos estarán con sus números en rojo”.

Explicó que el retraso de los fondos es de larga data y que ello derivó en la postergación del desarrollo de otros proyectos para priorizar el pago de servicios públicos.

“El momento es crítico y no sólo para la Unam, ya que es igual para todas las universidades del país. El año pasado elaboramos y aprobamos un Plan de Desarrollo Institucional que, por la demora del envío de fondos, todavía no lo pudimos ejecutar. Ese dinero era clave para la ejecución de líneas de acción, de capacitación y para que se pongan en marcha otras carreras. Pero para todo eso se necesita de financiación urgente”, precisó la rectora.

Sobre el incremento de partidas para la casa de altos estudios  previsto para el año próximo, afirmó que será del 58 por ciento en términos nominales. Sin embargo, consideró que tal suma no alcanza para cubrir el alza de los insumos que se produjo en el año.

“Es un valor que no cubre todos los aumentos. Este año hubo un incremento del 23 por ciento, pero la inflación superó el 50 por ciento. La brecha es aún mayor si se tienen en cuenta todas las subas de los últimos cuatro años”, comentó.

Si bien reconoció que el alza en el monto presupuestario fue mayor que la del año pasado, manifestó que los números deberán revisarse.
“En el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), todos los rectores advirtieron sobre el desfinanciamiento en las universidades. Hay aumentos en términos nominales pero quedan opacados por todo el acumulado inflacionario”, añadió.

Clases sin garantía

A lo largo del año, las 57 universidades nacionales concretaron paros, con el objetivo de exigir incrementos salariales y denunciar el ajuste presupuestario para las casas de altos de estudios.

En este sentido Luis Tiscornia, secretario general del gremio docente Conadu Histórica, expresó a El Territorio que “durante los primeros días de octubre se concretaron jornadas de lucha para visibilizar el descontento de las universidades, por la falta de escucha de las autoridades nacionales y por una mayor atención a los reclamos de la comunidad universitaria que vivió tiempos de ajuste durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri”.

Asimismo, adelantó que mañana se concretará una reunión en conjunto con el Ministerio de Educación nacional y los gremios para definir la aplicación de la cláusula gatillo, que se resolvió meses atrás.

“Esperamos la aplicación de la cláusula porque nuestro salario quedó completamente desfasado. Queremos respuestas urgentes”, indicó. 
A su vez, no descartó que se efectúe un nuevo paro docente, en el caso de no arribar a un acuerdo.
Entre los principales reclamos que expondrán ante el ministro Alejandro Finocchiaro, enfatizó que serán en torno a la pérdida del poder adquisitivo y el fuerte desfasaje del presupuesto universitario, como consecuencia de la elevada inflación y de las devaluaciones.

“Todos los presupuestos que destinó Macri para la educación superior siempre quedaron muy atrasados por la inflación. Y ahora se acentuó aún más por la devaluación. Ahora volveremos a insistir para que haya alguna compensación o el panorama para lo que resta del año y para el próximo estará complicado”, dijo.
En este sentido, el gremialista planteó la posibilidad de no iniciar el período lectivo 2020 para el nivel superior. “El dinero que se envió siempre estuvo por debajo. En campaña Macri prometió elevar al 1,5 por ciento del PBI para ciencia. Actualmente, apenas supera el 0,5 por ciento. Tenemos que comenzar a negociar desde ahora, octubre y noviembre, para que se garantice el comienzo de las clases, si no el inicio estará en peligro”, manifestó.

También refirió que, en un eventual cambio de gobierno, “la educación tiene que ser una de las principales prioridades, y se deberá negociar la compensación salarial”.

Consultado sobre el presupuesto para todas las universidades en 2020, Tiscornia expresó su postura:  “Antes el gobierno decía que el número superaría los 210 mil millones. Pero no llega ni siquiera a ese monto. Se trata de un monto que sólo reitera la línea de ajuste de este gobierno neoliberal y que, de aprobarse, llevará a las universidades al borde de la parálisis”. 

En cifras

$2.837.346.601

Es el dinero que recibirá la Universidad Nacional de Misiones para 2020. Representa un incremento del 58 por ciento, comparado con el presupuesto del 2019, que fue de 1.793.210.028 de pesos.

$195.565.815.886

Es el monto asignado para las 57 universidades del país, según estipula el proyecto de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el próximo año.


Universidades con menos fondos para becas e infraestructura

El Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu publicó días atrás un informe que da cuenta sobre la profundización del ajuste dentro del ámbito universitario.Según estipula el proyecto de Ley de Presupuesto, enviado días atrás por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, los fondos asignados para las 57 universidades del país mostrarán una caída real del 9,6 por ciento, en relación con el de este año.“El proyecto consolida en el Presupuesto 2020 el profundo ajuste ya producido ese año e iniciado en 2016”, especifica el informe. El número consignado por Nación es de 195.565.815.886 de pesos.La incidencia del presupuesto en el Producto Bruto Interno (PBI) pasará del 0,85 por ciento en 2015 al 0,66 por ciento para 2020.En tanto, las transferencias para las universidades incrementarán el 36 por ciento en términos nominales, que pasarán de 143 mil millones a 195 mil millones. Pero la suba quedará licuada porque la inflación de este año no será compensada para el próximo. Es decir, para que el aumento del año próximo recuperara lo que se perdió en 2019, debería ser superior al 80 por ciento, especificaron.En tanto, los montos para infraestructura caerán un 9,4 por ciento nominales, y alcanza un 44 por ciento si se contempla el acumulado inflacionario durante 2019, que llegó al 30 por ciento. “Los fondos sólo alcanzan para pagar salarios y gastos de funcionamiento, relegando la imprescindible mejora de las instalaciones, así como el financiamiento de medidas pedagógicas”, apunta el texto de Conadu.En lo que respecta a las becas para el estudiantado y las de formación para el Conicet subirá 37 por ciento para 2020. E implica una baja real del 4,6 por ciento si se considera la última corrida cambiaria y una caída del 16 por ciento acumulado en un año.Además, el informe advierte sobre la desigualdad en el incremento presupuestario entre las universidades del país. Es que algunas casas de altos estudios recibirán subas menores al 60 por ciento, mientras que otras tendrán un 90 por ciento más. Entre los centros de estudio más afectados figuran la de General Sarmiento, Quilmes, Entre Ríos, La Pampa, Comahue, San Juan, La Rioja y Misiones.
El Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu publicó días atrás un informe que da cuenta sobre la profundización del ajuste dentro del ámbito universitario.

Según estipula el proyecto de Ley de Presupuesto, enviado días atrás por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, los fondos asignados para las 57 universidades del país mostrarán una caída real del 9,6 por ciento, en relación con el de este año.
“El proyecto consolida en el Presupuesto 2020 el profundo ajuste ya producido ese año e iniciado en 2016”, especifica el informe. El número consignado por Nación es de 195.565.815.886 de pesos.

La incidencia del presupuesto en el Producto Bruto Interno (PBI) pasará del 0,85 por ciento en 2015 al 0,66 por ciento para 2020.
En tanto, las transferencias para las universidades incrementarán el 36 por ciento en términos nominales, que pasarán de 143 mil millones a 195 mil millones. Pero la suba quedará licuada porque la inflación de este año no será compensada para el próximo. Es decir, para que el aumento del año próximo recuperara lo que se perdió en 2019, debería ser superior al 80 por ciento, especificaron.

En tanto, los montos para infraestructura caerán un 9,4 por ciento nominales, y alcanza un 44 por ciento si se contempla el acumulado inflacionario durante 2019, que llegó al 30 por ciento.
 “Los fondos sólo alcanzan para pagar salarios y gastos de funcionamiento, relegando la imprescindible mejora de las instalaciones, así como el financiamiento de medidas pedagógicas”, apunta el texto de Conadu.

En lo que respecta a las becas para el estudiantado y las de formación para el Conicet subirá 37 por ciento para 2020. E implica una baja real del 4,6 por ciento si se considera la última corrida cambiaria y una caída del 16 por ciento acumulado en un año.

Además, el informe advierte sobre la desigualdad en el incremento presupuestario entre las universidades del país. Es que algunas casas de altos estudios recibirán subas menores al 60 por ciento, mientras que otras tendrán un 90 por ciento más. Entre los centros de estudio más afectados figuran la de General Sarmiento, Quilmes, Entre Ríos, La Pampa, Comahue, San Juan, La Rioja y Misiones. 

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