El descubrimiento del plan que tenía Néstor Fabián “El Negro” Rojas (54) para matar al juez Fernando Verón sacudió por completo a Misiones, pero ahora El Territorio pudo confirmar que desde enero hay varias funcionarias judiciales del ámbito federal con custodia a raíz de la detección de una información que daba cuenta de la intención de atentar contra la vida de una de ellas por parte de otros involucrados. 

Desde el martes, la realidad misionera se vio modificada. Fue ese el día en que salió a la luz el perverso plan que presuntamente craneaba el sindicado narco-sicario Negro Rojas desde el penal de máxima de seguridad de Ezeiza y que incluía a una banda local para las tareas de inteligencia y a posibles mercenarios brasileños que iban a ser contratados para acabar con la vida del magistrado Verón. 

Ese objetivo se detectó a partir de las pericias telefónicas realizadas por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a los aparatos incautados a manos de una sospechosa banda detenida a fines de mayo tras un control vehicular en Candelaria y un posterior allanamiento en Posadas. 

Entre esos detenidos habían un posadeño y un paraguayo que registraban comunicaciones con Rojas, actualmente alojado en el penal de Ezeiza e imputado por tres homicidios con ribetes mafiosos: El doble homicidio de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, cometido a fines de 2015 en la zona de El Acuerdo en Posadas y el crimen de su ex socio, Aldo Canteros, en agosto de 2018 en Gobernador Roca. 

“Filmá todo, así ya voy armando, es necesario, yo sé lo que te digo. Hacele seguimiento estos días temprano, cuando sale a trabajar. Lo mandamos a un semáforo y chau de última. Preocupate por eso porque ese nos va a traer problemas a todos. Foto, filmación y el horario que sale para el trabajo. Esa es la hora, yo traigo la gente”, fue uno de los mensajes que le atribuyen a Rojas a modo de orden para sus cómplices en Posadas.  

El blanco era el juez Fernando Verón, que tiene la causa por el doble homicidio de El Acuerdo y que, en su momento, tuvo el expediente por los cuatro misteriosos brasileños que cayeron fuertemente armados en San José, grupo que también tendría vinculos con el narcosicario. 

El descubrimiento de todo esto sacudió la estantería de todo el poder judicial de la provincia, pero la realidad indica que independientemente de lo orquestado por Rojas, desde enero ya existía una alerta que obligó a proporcionarle custodia las 24 horas a varias funcionarias judiciales del ámbito federal.

El otro alerta

Según pudo reconstruir El Territorio en base a diversas fuentes calificadas, todo comenzó a principios de este año cuando autoridades paraguayas se comunicaron con sus pares en Argentina para ponerlos al tanto de los peligrosos indicios que habían detectado tras detener a dos delincuentes. 

Las fuentes señalaron que en medio de una serie de procedimientos por robo de bancos y otros delitos perpetrados en la zona, la Policía paraguaya terminó atrapando a dos sospechosos en cuyo poder incautaron teléfonos celulares que volvieron a ser la clave para advertir otro grave plan. 

De acuerdo a la información brindad a este matutino, en dichos teléfonos los pesquisas paraguayos encontraron serie de mensajes que daban cuenta de la intención de atentar contra una funcionaria judicial de la provincia de Misiones. En detalle, el chat incluía la escalofriante pregunta: “¿Cuánto me cuesta matar a ...?”. La respuesta fue: “20.000 dólares”. 

Las fuentes señalaron que la amenazante información no pudo ser individualizada. Lo único que se pudo establecer es que el blanco iba a ser una mujer y ante ello se optó por brindarle custodia a todas las funcionarias judiciales del ámbito federal de la provincia, fiscales y juezas, principalmente. 

En paralelo a la medida de prevención tomada, desde Argentina decidieron iniciar una profunda investigación para esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables.

De esta forma, se supo que a partir de los rastreos tecnológicos se pudo determinar fácilmente que los alarmantes mensajes a los paraguayos detenidos en Ciudad del Este habían salido de un teléfono que es utilizado dentro de la Unidad Penal 17 de Candelaria. 

Sin embargo, indicaron que el aparato no era utilizado por ningún reo en particular, sino que se trata de un teléfono al cual todos los internos tienen acceso para comunicarse con familiares, abogados y allegados, por lo cual resultó complicado establecer quién de todos los detenidos fue el autor de los mensajes. 

Las fuentes añadieron que desde Paraguay enviaron los teléfonos de sus detenidos, mientras que el aparato de la UP 17 fue incautado. Todo fue remitido a la GNA para que sus especialistas inicien las pericias técnicas, aunque hasta el momento no se pudieron obtener mayores pistas.

Bajo este panorama, los voceros consultados aclararon que hasta ahora no se pudieron recolectar mayores elementos como para establecer si se trató de una amenaza real o latente, pero ante la gravedad que la información obtenida pudo representar se decidió actuar en consecuencia para preservar la seguridad de las funcionarias misioneras. 

A pesar de ello, se informó que la alerta sigue vigente, por lo cual las medidas de custodia también continúan. Las funcionarias en cuestión cuenta con seguridad las 24 horas, al igual que sus familiares, y son escoltados en cada movimiento. Personal de la Policía de Misiones, de la Gendarmería y de otras fuerzas se alternan las labores.

En lo que si coincidieron todas las fuentes consultadas es en destacar la cooperación entre ambos países tanto en el rápido aviso de la información detectada como en la articulación de medidas tendientes a la lucha contra el crimen organizado.

“Esto prende un alerta para reforzar la seguridad”