Cuatro meses de protestas y más de 2.000 arrestos en Nicaragua

La estudiante de economía agrícola de 21 años, con casi dos meses de embarazo, intentaba escapar de Nicaragua con su novio, pero un policía en motocicleta les cerró el paso cuando subían a un taxi junto con otros jóvenes.
Los rodearon cinco camionetas policiales con hombres armados y enmascarados vestidos de civil. Policías uniformados comenzaron a revisar las mochilas de los estudiantes. Uno de ellos sacó una bandera nicaragüense azul y blanca. “¡Estos son los terroristas que mataron a nuestros compañeros policías!”, gritó el agente, usando el término con el cual el presidente Daniel Ortega se refiere a quienes han protestado contra su gobierno desde abril. La joven pareja y sus amigos se sumaron a los más de 2.000 arrestados en Nicaragua en casi cuatro meses de protestas y represión oficial.
El Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, una organización no gubernamental, estima que siguen detenidas en cárceles, prisiones y comisarías al menos 900 personas, a quienes algunos consideran presos políticos. Algunos de los detenidos permanecen incomunicados por días o semanas, interrogados brutalmente para que revelen nombres y amenazados con cargos de terrorismo antes de ser dejados en libertad sin explicaciones, en momentos en que el gobierno de Ortega trata de aplastar la resistencia.
“Yo recibí golpes en la cara, cachetadas, me machucaron los dedos de la mano, y bastantes golpes en las costillas y en el estómago”, dijo la estudiante embarazada. “Cuando estaba en el suelo me atacaron con patadas”, agregó.
“En este momento Nicaragua, sin exageraciones, es una cárcel”, dijo Vilma Núñez, presidente del Centro de Derechos Humanos y vicepresidente de la Corte Suprema durante el primer gobierno sandinista de Ortega en 1979.
Añadió que la búsqueda sistemática de los participantes en las protestas por el gobierno es una “cacería humana”.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su equipo de monitoreo en Nicaragua encontró que “las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia”.
Los detenidos fueron objeto de abusos, no se les informó de sus derechos ni de las acusaciones y se les arrestó sin órdenes judiciales. Sus familiares no fueron notificados de adónde los llevaron, añadió.
Durante semanas, Ortega negó que escuadrones paramilitares y grupos de la juventud sandinista que han chocado o atacado a los manifestantes estuvieran colaborando con la policía.
Pero cuando se le preguntó cómo era posible que manifestantes capturados por paramilitares enmascarados terminaran en las cárceles, el presidente dijo: “Tenemos una policía voluntaria que coopera con la Policía”