Cristina: “A mí nunca nadie me pagó nada”

Cristina Fernández rechazó la acusación del empresario Gabriel Romero sobre el presunto pago de 600.000 dólares  por la firma de un decreto para favorecer a su compañía. Asimismo, la ex mandataria aprovechó para criticar el “evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido” que realizan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes están al frente de la investigación de la causa de los cuadernos.  
Por lo pronto, en un largo comunicado que publicó a través de sus redes sociales la ex mandataria fue tajante: “A mí nunca nadie me pagó nada”. Así Cristina se refirió al decreto que firmó en la extensión de la concesión de la Hidrovía y para supuestamente favorecer a Emepa, la compañía de Romero.  “Mi intervención como Presidenta se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) con audiencias públicas, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la Sigen, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la intervención del Congreso”, adujo. Pidió a Romero que “indique a quién y cómo le pagó, a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis Gobiernos”.
También cruzó a Bonadio y Stornelli por “el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido”. Comentó que el comportamiento de ambos funcionarios judiciales “es sencillamente escandaloso”.

Llamadas
En sólo un par de horas, el número de acceso rápido 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad recibió 556 llamadas con datos sobre casos de corrupción; de las cuales sólo 70 tenían información sustancial. Dicha cartera ofrece una recompensa de hasta dos millones de pesos para recuperar dinero y otros bienes producto de los delitos en los denominados “cuadernos de las coimas” cuyo autor es Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, que fue mano derecha de Julio De Vido. Las setenta comunicaciones que se consideraron con información relevante fueron derivadas a la Justicia con posibilidad de convertirse en una denuncia. “El objetivo es que toda aquella persona que pueda dar información fehaciente de dinero, propiedades, testaferros, personas que saben que son cosas del pueblo que están en manos de corruptos puedan volver a la gente. Eso se va a convertir en hospitales o equipamientos para las fuerzas de seguridad”, adujeron las autoridades nacionales.