Caza de personas

Domingo 14 de julio de 2019
Los operativos oficiales para deportar a familias que recibieron órdenes para salir de Estados Unidos continuarán tras las redadas a nivel nacional que, según anunció el presidente Donald Trump, comenzarán hoy, informaron autoridades. 
Matthew Albence, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), señaló que las personas sobre las que habrán de concentrarse son predominantemente centroamericanos que llegaron hace poco a la frontera de Estados Unidos. Según cálculos preliminares, habría  al menos 50.000 personas que pretenden en estos momentos solicitar el asilo en el suelo norteamericano.  
De su lado, el vicepresidente Mike Pence recorrió días pasados dos instalaciones de detención en la frontera de Texas para intentar mostrar que el gobierno trata adecuadamente a los migrantes, incluyendo una visita a una estación donde cientos de hombres estaban hacinados en jaulas sin camas. Los migrantes enjaulados se encontraban en un área en la estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Cuando vieron llegar a los reporteros, muchos comenzaron a gritar, diciendo que estaban allí desde hace 40 días o más y que tenían hambre y querían lavarse los dientes. Los agentes que vigilaban las jaulas portaban máscaras. El grupo de periodistas que cubrían al Vicepresidente fue obligado a retirarse en 90 segundos. “Esto es duro”, reconoció Pence en una conferencia de prensa posterior. “Sabía que veríamos un sistema sobrepoblado. Está abrumado, y por eso el Congreso tiene que actuar”.   
Un periodista de The Washington Post dijo que las jaulas estaban tan atestadas que era imposible que todos los hombres se acostaran en el concreto. La escena se parecía a lo que un inspector describió en un duro informe entregado la semana pasada luego de visitas a instalaciones de la Patrulla Fronteriza cerca del río Bravo, incluyendo la que Pence vio. Un funcionario consideró que la situación es una “bomba de tiempo activa”, según fue citado en el informe. Michael Banks, agente a cargo de la estación de McAllen visitada por Pence, dijo que a los hombres detenidos allí se les permite lavarse los dientes una vez al día. Indicó que se les dio desodorante después de bañarse, pero reconoció que muchos de ellos no se habían bañado en veinte días. Dijo también que algunos de ellos habían estado allí 32 días. Trump señaló horas antes que había enviado a Pence a la frontera para desmentir los reportes de que las condiciones en los centros de detención de migrantes son pésimas. “Están muy llenos porque tenemos mucha gente, pero están en buen estado”, afirmó Trump.  
Se quejó de que el diario New York Times había reportado “falsamente” sobre las condiciones imperantes. Horas antes en su gira, Pence visitó otras instalaciones de detención con una serie de carpas blancas grandes donde la mayoría de los detenidos descansaban sobre alfombras similares a los utilizadas en jardines de niños. Para cubrirse tenían  mantas térmicas de aluminio. El Vicepresidente hizo una evaluación menos positiva. Enfatizó que había pedido un mayor gasto del Departamento de Seguridad Nacional debido a la situación de hacinamiento, incluyendo un paquete de ayuda humanitaria de 4.600 millones de dólares que el Congreso aprobó recientemente.
Trump también enfrentó críticas por las condiciones dentro de una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, donde se encontró a niños en condiciones de suciedad y cuidando a niños de menor edad en medio del hacinamiento. Cinco niños inmigrantes han muerto desde fines del año pasado tras haber sido detenidos por el gobierno. Familias centroamericanas que huyen de la violencia, la pobreza y la sequía han estado llegando a Estados Unidos en cifras récord este año, alcanzando su nivel más elevado en mayo, cuando la Patrulla Fronteriza detuvo a casi 133.000 personas. Las instalaciones para mantener detenidos a los adultos y los niños se llenaron rápidamente, obligando a muchos migrantes a languidecer en sitios inadecuados de la Patrulla Fronteriza mucho más tiempo que las 72 horas que la ley requiere normalmente.

Debates 
Cuatro legisladoras demócratas que visitaron recientemente centros de detención en la frontera de Texas le dijeron a una comisión de la Cámara de Representantes que vieron áreas fétidas y atestadas  “frente a la bandera estadounidense” y acusaron a Trump de crueldad intencional para desalentar la llegada de inmigrantes. En contraposición, cuatro republicanos de estados fronterizos le dijeron al mismo panel que los demócratas no estaban haciendo nada para aliviar la crisis. Los culparon por una postura que según uno de los republicanos estaba dirigida a “los seguidores en Twitter y la política cínica”. La audiencia ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno permitió captar los puntos de vista enfrentados de cada partido en torno a las estrictas políticas de Trump para contener la inmigración, dejando entrever que están destinadas a ser uno de los temas más destacados en las campañas para los comicios presidenciales y legislativos de 2020.

Protestas contra el Gobierno

Activistas realizaron una vigilia en Manhattan ayer en protesta por los planes del gobierno de Donald Trump por una ofensiva para atrapar inmigrantes. Los activistas se manifestaron en la zona de Foley Square, exigiendo que las autoridades clausuren los centros de detención donde hay migrantes viviendo en condiciones hacinadas e insalubres. “Se asemejan a los campos de concentración”, aseguraron. El gobierno concreta una campaña de arrestos del Servicio de Inmigración y Aduanas (conocido como ICE). Activistas exhortaron a los inmigrantes a esconderse para evadir las medidas de fuerza. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió que la ciudad no cooperará con el ICE. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, llamó a los inmigrantes a contactar una línea telefónica para ayudarlos.

Un polémico tratado para que Guatemala retenga a los migrantes

La frontera de México con los Estados Unidos es una de las regiones más vigiladas del mundo.
Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad de que esta nación se convierta en un “tercer país seguro”, lo que implicaría que reciba a miles de migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia, librando así a los estadounidenses de un asunto que “los incomoda”. 
Mañana el presidente Donald Trump y su homólogo guatemalteco Jimmy Morales se reunirán en Washington para tratar asuntos sobre migración y seguridad y, según funcionarios estadounidenses, para rubricar un acuerdo para colocar a Guatemala como “tercer país seguro” está en la mesa. También lo está la decisión del gobierno de Trump de realizar redadas contra migrantes, las cuales se inician hoy. 
Sin embargo, según analistas, Guatemala no reúne las condiciones de salud, educación, empleo, infraestructura y seguridad que los migrantes que dejan sus países necesitan.  
“Guatemala no tiene las condiciones para garantizar la seguridad a habitantes extranjeros que están huyendo por violencia, tal como lo señalan los estatutos internacionales de refugiados”, aseguró Úrsula Roldán, directora del Instituto Proyección e Investigación sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landivar, Guatemala. 
Los analistas coinciden en que de Guatemala huyen las personas debido a la pobreza, el hambre y la violencia, por lo que otros migrantes vendrían a encontrar esas condiciones de las que ya huyen los guatemaltecos. 
Según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) denominado “La Desnutrición crónica infantil en Guatemala: una tragedia que el debate político no debe evadir”, en 2019 hay cerca de 890.000 niños y niñas menores de cinco años que padecen desnutrición crónica en este país.
Por su parte, el Banco Mundial  asegura en un estudio de 2014 que un 60 por ciento de la población, de la cual el 52 por ciento es indígena,  es pobre.
Roldán explicó que en promedio las solicitudes de asilo al gobierno estadounidense tardan en resolverse dos años, por lo que cree que ése podría ser el tiempo que los migrantes podrían quedarse en Guatemala sin servicios de salud o empleo para una vida digna. 
“Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) hay más de 50.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos”, dice la analista. 
El diputado opositor guatemalteco, Paul Briere, coincide en que no existen condiciones en Guatemala para ser un tercer país de recepción de migrantes que quieren ir a Estados Unidos. “Su destino final no es Guatemala; el destino y sueño de todos ellos es Estados Unidos ¿Qué puede ofrecerles Guatemala diferente a lo que tiene en El Salvador y Honduras? Absolutamente nada si estamos en condiciones precarias como ellos”, aseveró. 
Las suspicacias ya empiezan a recaer sobre cuáles serían las intenciones de Morales al firmar un acuerdo de este tipo. La activista Eleonora Muralles dice que el presidente intenta congraciarse con Estados Unidos para buscar apoyo e inmunidad frente a varios procesos legales y denuncias en su contra en Guatemala.

Censo que pretende indagar sobre la nacionalidad 

Después de no lograr que su pregunta sobre ciudadanía fuera incluida en el censo, el presidente Donald Trump afirma ahora que su plan alternativo brindará un conteo incluso más preciso, porque permitirá determinar la nacionalidad de 90% de la población,  “o más”. Sin embargo, ese plan enfrentará obstáculos logísticos y restricciones legales. Trump quiere condensar una enorme cantidad de datos de siete agencias gubernamentales, y posiblemente de 50 estados. Se desconoce cómo la información de esos sistemas diferentes podría ser analizada, combinada y comparada.
Trump ordenó al Departamento de Comercio, encargado del censo, que forme un grupo de trabajo.
“Las barreras logísticas son importantes, aunque no insorteables”, declaró Paul Light, alto miembro de Estudios de Gobernanza en la Universidad de Nueva York, con historial de investigación en reforma gubernamental. “El gobierno federal no invierte y no ha estado invirtiendo desde hace mucho tiempo, en el tipo de sistemas de datos y reclutamiento de expertos que serían necesarios para la construcción de este tipo de base de datos”, adujo. Trump aseveró que tiene intención de incluir la pregunta de cuántas personas viven en el país de manera ilegal, aunque ya existen cálculos recientes y que podría utilizar esos datos para distribuir los escaños legislativas de acuerdo a la ciudadanía. También es una manera para que Trump muestre a su base de simpatizantes que no se está replegando en la batalla por la pregunta sobre su tema distintivo: la inmigración.  
El gobierno enfrentó el año pasado desafíos jurídicos cuando un juez federal dispuso que creara con rapidez un sistema que permitiera rastrear a las familias de inmigrantes que habían sido separadas por las autoridades de inmigración. Lo que se encontró fue que los sistemas de las agencias eran incompatibles. 
“Compartir información no es un hábito entre las agencias federales”, declaró Light. Trump pretende con su plan evitar las impugnaciones jurídicas contra un asunto relacionado con inmigración, ya que las cortes le han prohibido preguntar sobre la ciudadanía en el censo de 2020. Sin embargo, ese plan podría desatar más acciones jurídicas dependiendo de lo que el gobierno pretenda hacer con la información sobre la ciudadanía. 
La orden de Trump requiere datos detallados, como archivos a nivel nacional de todos los residentes permanentes, información de llegada y partida facilitada por Aduanas y Protección Fronteriza y registros de beneficiarios del seguro social. Asimismo información sobre el Medicaid y los sistemas de salud infantil, sobre visas de refugiados y de asilo.

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