Casación ratificó la orden de detención de Aída Ayala

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó ayer la exención de prisión que se le había otorgado a la diputada misionera por Chaco Aída Ayala. Así se ratificó su detención en el marco de una causa que la tiene imputada por presunto lavado de dinero.
   Fuentes judiciales informaron a NA que los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky votaron por revocar el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que había otorgado ese beneficio a la legisladora chaqueña de la Unión Cívica Radical.
Al Máximo Tribunal Penal habían llegado recursos de la Fiscalía, de las defensas de varios imputados, entre ellas, la de Ayala, y contra la detenciones de los empresarios Alejandro Fischer y Carlos Huidobro.
Los magistrados Borinsky y Gemignani resolvieron mantener la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, que había pedido la detención de la legisladora previo al desafuero en la Cámara de Diputados.
Además, el Tribunal anuló el fallo que excarceló al abogado Rolando Acuña y declaró inadmisibles los recursos de los empresarios para evitar su detención.
Tras el fallo de Casación, será la jueza de primera instancia Niremperger quien disponga las detenciones.
Ayala, ex intendente de Resistencia, está procesada en la causa junto con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, junto con los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez, como así también Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas,  Cristian Ocampo; además de los ex funcionarios Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio.
La diputada está acusada por presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora; en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La referida legisladora está señalada como la “ser jefa de una banda” destinada a beneficiarse a través del pago de sobreprecios a proveedores de recolección de residuos, cuando se desempeñaba como intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015.