Casación anuló la causa por espionaje en la que estuvo procesado Mauricio Macri

La sala III de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Righi, declaró “la nulidad de todo lo actuado” desde la foja 1 de la causa sobre la actuación del espía Ciro James, y el tribunal criticó que se haya iniciado una investigación por un delito de acción pública basándose en una denuncia por un delito de acción privada, entre otras irregularidades. La denuncia fue presentada en 2009 por el familiar de las víctimas de la AMIA y militante kirchnerista Sergio Burstein, quien dijo que le habían intervenido su teléfono. Por esta causa, Oyarbide mantuvo 13 meses a Palacios con prisión preventiva en una cárcel común.

En su resolución, ese tribunal sostuvo que “al menos en lo que a las intervenciones telefónicas se refiere, un expediente que a la hora actual se puede decir armado en derredor de una acción privada desdibujada durante largos años como una acción pública”, en alusión a la pinchadura del teléfono del militante K. Agregó que “no se pudo probar la acusación” de Oyarbide contra Palacios como “parte de una estructura criminal vinculada a la interceptación ilegal de líneas telefónicas”. La denuncia en el 2009 provocó que Palacios renunciara a la jefatura de la Policía Metropolitana y el kirchnerismo intentó hacerle un juicio político a Macri como destituirlo como jefe de gobierno. En diciembre de 2015, el juez federal Sebastián Casanello -quien ocupó al juzgado que suborgaba Oyarbide- anuló el procesamiento de Macri en esta causa impulsada por sectores de la SIDE pero elevó al resto de los procesados a juicio oral.

Los camaristas advirtieron que “todo el proceso resultó viciado porque el juez federal investigó de oficio un delito de accion privada, como lo era el previsto en el artículo 153 del código penal, que solo puede recibir impulso por el afectado. No del juez”.

La denuncia se hizo un domingo en una comisaria mientras Burstein estaba en Nueva York con la entonces presidenta Cristina Kirchner participando de la asamblea de la ONU. Ese domingo, casualmente Oyarbide estaba de turno y luego se quedó con la causa sin mandarla a sorteo. Este ex juez está actualmente procesado en la causa de los cuadernos por haber recibido sobornos a cambio de resoluciones judiciales y hace tres semanas denunció presiones de los K durante su gestión como magistrado.

“Quedó en evidencia así, una franca violación a las normas del código penal y del código procesal penal por haberse perseguido de oficio delitos de acción privada, vicio sustancial de procedimiento que provocó la nulidad de todo lo actuado a su respecto a partir de fojas 1, con el consiguiente archivo en lo que al delito previsto por el artículo 153 concierne y en los términos del artículo 195”. agregaron los jueces de la sala III de la Cámara de Casación.

En 2015, un desconocido hizo una llamada para alertar a la hija de Sergio Burstein que “el teléfono de tu viejo que termina en 3107 lo tiene pinchado el Fino Palacios” y se puso en marcha esta causa ahora anulada.

Esa llamada, realizada el domingo 22 de setiembre del 2009 a las 20.08, a la casa de Burstein -uno de los dirigentes de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la AMIA- fue hecha desde el teléfono 5219-6565 de un locutorio ubicado en avenida de Mayo 1343 .

Las cámaras de seguridad del locutorio registraron aquel día la imagen de un hombre de unos 40 años como el autor de la llamada de alerta a Burstein. Pese a esa imagen, Oyarbide no lo identificó. El hombre del locutorio fue encontrado por una investigación de Clarín en su casa de Villa Bosch. Se llama Hugo David Alvarez y sería miembro de la SIDE .

Luego de que Clarín publicó el 14 de noviembre la foto de Alvarez que consta en el expediente, una llamada anónima dijo a este diario que se trataba “del gordo Alvarez, un empleado del Gobierno que frecuenta los cafés de alrededor del palacio de Tribunales”. Se trata de “un agente de la SIDE” que usa el seudónimo “Hugo Altamirano”. Dos fuentes habían afirmado que Alvarez, que tiene buenos antecedentes, recibió la orden de hacer la llamada a la hija de Burstein (el dirigente de la AMIA estaba ese día con Cristina Kirchner en Nueva York) aquel día “a través de una secretaria de un alto funcionario de la SIDE”.

El teléfono de Burstein había sido intervenido por la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE (conocida como OJOTA, en tribunales) por orden del juez de instrucción número 1 de Misiones y a pedido de Ciro James, que estaba a punto de ingresar a la policía Metropolitana bajo las órdenes de “El Fino” Palacios, un enemigo de Burstein en la interna de la investigación del atentado de 1994. Es decir, que era una intercepción secreta por ley y, sin embargo, fue descubierta y alertada a Burstein, quien recibió durante el gobierno de Cristina, un subsidio del ministerio de Justicia para pagar los abogados de su agrupación “18J” que apoyaba el pacto con Irán por la AMIA de la ex presidenta.