Buenos Aires, Neuquén y Jujuy rechazan el nuevo protocolo
Aseguraron que iniciaron “un proceso de reforma profunda e integral prácticamente de cero. Eso nos encuentra hoy con una policía diferente”.
El documento divulgado por fuentes del Ministerio de Seguridad, asegura: “Cuando llegamos, nos encontramos con muchos policías que nunca habían hecho una prueba de tiro y no tenían el equipamiento necesario para cuidarnos. Reentrenamos a todo nuestro personal y realizamos más de 350 cursos de capacitación anuales, los equipamos con chalecos, camionetas blindadas”.
Negativa
Mientras, el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, afirmó que la provincia gobernada por Gerardo Morales “no va a adherir” al nuevo protocolo de uso de armas de fuego dictado. “Se hizo una reunión hablando de la resolución 956/18 dictada por la ministra Patricia Bullrich. Yo tengo una opinión formada sobre este tema y quería escuchar las opiniones de jefes de la Policía que tienen muchos años de servicio y todos coincidimos en que hay distritos donde se puede llevar adelante esta medida, nosotros no estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo”, afirmó Meyer. Explicó que “la aplicación” del protocolo dictado por la Nación “en Jujuy no es necesaria”.
“Uno de los jefes de Policía provincial dijo que tenemos los cuerpos preparados para el manejo de armas y son ellos los que actúan en casos de extrema necesidad. Pero no así la totalidad del cuerpo policial, que tiene una actitud preventiva de manejo de calle, pero sin el accionar de manejo de armas”, explicó Meyer. Precisó: “Junto a todos los jefes, que son personas que tienen entre 15 y 20 años de ejercicio, coincidimos: los que tienen que prepararse para esta situación son los cuerpos especiales, Pero estas medidas represivas no son para todos”.
Polémica
Tampoco en Neuquén están previstos cambios en el protocolo de uso de armas de los policías de la provincia en línea con la disposición nacional que flexibilizó la represión armada por parte de las fuerzas federales.
La diferencia entre el manual neuquino y el federal en esta materia es que “la Policía de la provincia para usar el arma debe establecer previamente que la o las personas a reprimir están poniendo en riesgo una o más vidas, mientras que las fuerzas federales podrán hacerlo incluso para detener a un sospechoso en fuga, sin necesidad de que este haya demostrado la portación de armas”, aseguran.
De su lado, el jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró que la nueva reglamentación es un “retroceso grave en la democracia argentina” y que generará “una mayor cantidad de víctimas inocentes”. Además expresó que le “preocupa que aparezcan víctimas inocentes”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Mauricio Macri apoya el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas federales y que la medida la discutió “durante un año” con el mandatario. “Este reglamento, con el presidente Macri, lo discutimos durante un año”, reveló la funcionaria en declaraciones formulas en el canal TN. En ese marco, reiteró: “Nuestro reglamento ni viola los derechos humanos ni es fascista, está basado en las Naciones Unidas, es absolutamente claro, corto, simple, da reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas”. También evaluó que “no corresponde discutir con (la diputada Elisa) Carrió”, quien, en el marco de las fuertes críticas que lanzó contra la normativa, propuso que se debata la idea en el Congreso de la Nación. “La doctora Carrió reconoce que las fuerzas están carentes de marcos legales, carentes para la protección suya y de terceros”, dijo Bullrich en referencia a la carta a las fuerzas de seguridad que publicó la cofundadora de Cambiemos, donde insta a que el reglamento sea convertido en una ley, y en la misma línea, la ministra respondió: “Si lo analiza el Congreso, bienvenido”. Bullrich insistió que la el protocolo está basado en “los convenios que la Argentina firmó como país, está copiado de las Naciones Unidas con comas y puntos”, y cuando le remarcaron que algunos constitucionalistas rechazaron que no estaba incluida la parte que establece las garantías de los ciudadanos, explicó: “Esto es un reglamento del uso de las armas de fuego, no de garantías de los ciudadanos, que están en la Constitución”.
