Bolsos millonarios: De Vido negó haber participado de una asociación ilícita

Ayer fue un viernes intenso en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por las presuntas coimas en la obra pública pagadas por empresarios a ex funcionarios del kirchnerismo, una trama revelada a raíz de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno.
Tras un día en el que también hubo varias novedades, el juez Claudio Bonadio tomó declaración al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a importantes empresarios. Mediante un escrito De Vido sostuvo que no formó parte de una “asociación ilícita” y pidió u sobreseimiento en la causa por presuntas coimas en obras públicas. “Niego total y categóricamente los hechos que se me están atribuyendo, se trata de afirmaciones imprecisas, desprovistas de tiempo, lugar o modo”,  señaló.
En el texto, el ex funcionario aseguró: “No formé parte de ninguna asociación ilícita, hay persecución penal y pido el sobreseimiento”.
La declaración de De Vido fue la última de la ronda de indagatorias a ex funcionarios, que aún tiene pendiente la cita entre la ex presidente Cristina de Kirchner con Bonadio el lunes venidero.
También fue citado Luis Betnaza, el número dos del Grupo Techint y mano derecha de Paolo Rocca. Fue convocado como imputado luego de haberse presentado a declarar como testigo y autoincriminarse.
Luego de que el ex director de esa empresa, Héctor Zabaleta, fuera detenido y las oficinas del holding fueran nuevamente allanadas, el N° 2 del principal grupo económico de la Argentina se acercó al juzgado a aportar información. Allí señaló que los pagos que aparecen en los escritos del chofer corresponden a exigencias del gobierno kirchnerista para interceder ante Hugo Chávez por la estatización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco) por el que negociaban una compensación. Afirmó que se trató de cuotas mensuales 100.000 dólares para destrabar el acuerdo.
Venezuela expropió Sidor  en 2009 y pactó una compensación de cerca de 2.000 millones de la moneda norteamericana. Antes de eso ya se había quedado con otras menores como Tavsa (tubos) y Matesi (briquetas).
Techint denunció esa decisión del gobierno chavista.
Pero ahora se conoce que además le pidió intervención a los Kirchner para frenar la expropiación, en virtud de la estrecha relación entre ambas administraciones.
Según Betnaza, esa gestión requirió de pagos mensuales de 100.000 dólares.
 Betnaza fue el primero de los empresarios en apartarse del libreto que coordinadamente los tenía como víctimas de una extorsión a cambio de financiar las campañas electorales kirchneristas.
Además, el “club de los arrepentidos” sumó otro miembro con Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma Esuco.  
Asimismo, Bonadio citó a su ronda de indagados a Aldo Benito Roggio, titular de una de las principales constructoras que opera en el país y a nivel regional, que tendrá que presentarse el martes.
Wagner cerró un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli y se sumará así al “club de los arrepentidos”.
Lo cierto es que la declaración de Wagner puede ser clave en la causa.
Como titular de Camarco  durante ocho años, entre 2004 y 2012 se estima que podría brindar información sobre la ruta del dinero de la construcción, eje principal en la investigación.
El ex titular de Camarco prestó declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa por los cuadernos con detalles de las presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo.

Para la campaña
El empresario Hugo Eurnekian se presentó también ayer en los tribunales federales de Comodoro y admitió ante Bonadio haber aportado fondos a la campaña electoral del kirchnerismo en 2013.
A través de un comunicado de la empresa, manifestó ante el juez que durante 2013 realizó “un aporte a la campaña electoral” y que dicho aporte fue”a título personal exclusivamente, con fondos propios debidamente registrados en sus declaraciones juradas impositivas”. Eurnekian se presentó voluntariamente en el juzgado de Bonadio para aclarar su situación a raíz de la mención de su domicilio particular en los cuadernos del chofer Centeno.
El empresario estuvo acompañado por su abogado, Mariano Cúneo Libarona.

Bancos principales
Fuentes judiciales no descartan que en los próximos días el coletazo por los cuadernos de Centeno llegue a los despachos de los banqueros más importantes del país. ¿Fueron ellos quienes cedieron el dinero a los empresarios, que luego fue entregado a los funcionarios?
El fiscal federal Federico Delgado aseguró esta semana que la trama por los sobornos de Odebrecht en Brasil tiene correlato y similitudes con el escándalo destapado por el remisero de Baratta en la Argentina. “Es bastante similar en cuanto a los actores, las fechas, los nombres que dan vuelta por los medios de comunicación”, señaló el investigador.
Además agregó: “Son casos parecidos, con protagonistas, montos, intermediarios, bancos similares, en los mismos países”.
Así Delgado abrió una puerta que podría derivar en una crisis de credibilidad, aún mayor a la que hoy se vive en el país.
Si se sigue ésta línea, la hipótesis investigativa girará en torno al presunto lavado de dinero, minimizando así el cohecho, los aportes ilegales de campaña o la extorsión. El lavado de activos prevé penas de tres a diez años de prisión y una multa que puede variar entre dos y diez veces el monto de la operación.
El cepo cambiario rigió desde octubre de 2011 a diciembre de 2015. En los segundos cuatro años de gobierno de Cristina Fernández, el que deseaba comprar dólares debía pedir permiso a la Afip y tenía topes mensuales para adquirir divisas. Cuando la medida comenzó a regir, el tipo de cambio apenas superaba los 4 pesos, pero la presión del “blue” lo fue inflando. Al final del camino, cuando Mauricio Macri lo desarmó, cotizaba unos 13,50 pesos.
El historial del cepo fue in crescendo. En febrero de 2012 se dictaminó que las empresas no podrían comprar divisas para girar regalías y dividendos al exterior. Al mes siguiente, en marzo de 2012, el Banco Central estableció que sólo se podía extraer moneda extranjera en cajeros del exterior contra cuentas locales en dólares y siempre que esas cuentas tuvieran fondos, al tiempo que se comenzaron a bloquear los giros minoristas fuera del país. En mayo, la Afip bloqueó la compra de dólares para el atesoramiento y anunció más controles a los “arbolitos”.
Luego, se impidió el retiro de dólares en cajeros automáticos, se incluyó en el cepo al turismo, se eliminó la posibilidad de comprar divisas para ahorro, aparece el “dólar tarjeta”, se limitó el uso de dólares para comprar viviendas, se fijó un tope de 2.000 dólares por mes para los que percibían ingreso por más 80.000 pesos mensuales, se redujeron los cupos compradores para importadores. Para ese entonces, “conseguir un fajo de 10.000 dólares legales era más difícil que ganar un Mundial de Fútbol”, según un dicho popular. Sin embargo, de los cuadernos de Centeno se desprende que los empresarios involucrados en las coimas juntaban más de un millón de la moneda norteamericana sin inconvenientes, sin topes ni máximos.