Bolsonaro anunció por Twitter privatizaciones en transportes

viernes 04 de enero de 2019 | 6:00hs.
Bolsonaro se fotografió junto a su gabinete en la ceremonia de asunción el 1 de enero en Itamaratí.
Bolsonaro se fotografió junto a su gabinete en la ceremonia de asunción el 1 de enero en Itamaratí.
Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el martes y desde entonces, tal como era de esperarse, comenzó a tomar medidas que generan controversia, no sólo por su contenido, sino también por su forma de hacerlas públicas.
Ayer reunió por primera vez a su Consejo de Gobierno, integrado por 22 ministros, siete menos de los que tenía su antecesor Michel Temer. Lo hizo con el objetivo de definir las primeras líneas de la gestión.
Pero antes del encuentro se despachó a través de su cuenta en la red social Twitter (@jairbolsonaro) y anunció la concesión de varios servicios relacionados con el transporte.
Afirmó allí que su programa inicial de concesiones, por el que cederá aeropuertos, puertos y ferrocarriles al sector privado, atraerá inversiones por 7.000 millones de reales, unos 1.842 millones de dólares.
“Rápidamente atraeremos inversiones iniciales por cerca de 7.000 millones de reales con concesiones de ferrocarriles, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarios", afirmó. Y agregó que “con la confianza del inversor bajo condiciones favorables para la población rescataremos el desarrollo inicial de la infraestructura de Brasil”.
Las concesiones y su calendario estaban en el temario del primer encuentro del Consejo de Gobierno que se reunió ayer.
El asunto ya había sido abordado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes de Freitas, que en el discurso que pronunció el miércoles en la ceremonia de transmisión del cargo afirmó que adoptará medidas para destrabar las inversiones en el sector.
También lo comentó el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien se refirió a las “rápidas” privatizaciones y concesiones como uno de los “pilares” del programa económico de recorte netamente liberal que pretende implantar.

Las medidas controvertidas
En apenas 72 horas de gobierno, Bolsonaro ya impuso un paquete de medidas que dio que hablar en la región.
En primer lugar le cambió la dependencia a la Fundación Nacional del Indio (Funai), que pertenecía al Ministerio de Justicia, y ahora pasó a estar vinculada al nuevo Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Si embargo, la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras ocupadas por indígenas y las tradicionales comunidades de ex esclavos negros (quilombas) será responsabilidad del Ministerio de Agricultura, que normalmente tiene intereses contrarios a estos grupos y favorece al agronegocio.
También excluyó a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) como beneficiaria de las políticas y programas destinados a la promoción de los derechos humanos que impulsa el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
Estableció que la Secretaría de Gobierno tendrá entre sus competencias supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales que tienen presencia en Brasil.
Por otra parte, la Comisión de Amnistía, responsable por las políticas de reparación y memoria de las víctimas de la última dictadura militar brasileña, dejó de estar bajo la gerencia del Ministerio de Justicia y pasó también al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
El Consejo de Control de las Actividades Financieras (Coaf) pasó a ser administrado por el Ministerio de Economía al fusionado Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El salario mínimo para este año fue aumentado de 954 reales a 998 reales, un valor menor a los 1006 reales que había previsto antes del salir del Gobierno Michel Temer.
También el Ministerio de Relaciones Exteriores alteró su régimen administrativo para poder incorporar en cargos de jefatura a profesiones que no necesariamente pertenezcan al cuerpo diplomático. Y la jefatura de Gabinete despidió a cerca de 320 empleados públicos vinculados a la cartera, que luego pasarán por un proceso de entrevista y análisis para ser recontratados solamente aquellos que no fueron indicados durante las administraciones de Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rouseff.