Más de mil misioneros obligados a demostrar nuevamente su discapacidad

La suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral volvió a generar preocupación entre las personas con discapacidad y sus familias. 

En Misiones, la medida alcanza a 1.026 beneficiarios, mientras que a nivel nacional son 21.812 las prestaciones incluidas en el nuevo listado dispuesto por el Gobierno de Javier Milei.

La decisión se enmarca en el proceso de auditorías impulsado por la administración nacional sobre las pensiones por discapacidad. La nueva disposición dejó sin efecto la restitución de prestaciones que habían sido rehabilitadas durante 2025, luego de los reclamos judiciales que cuestionaron las bajas realizadas en los procedimientos anteriores.

El diputado provincial Cristian Castro cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso y advirtió sobre las dificultades que tienen los beneficiarios para cumplir con los requisitos administrativos y médicos. Aclaró que no se opone a que el Estado controle la asignación de estos recursos, pero reclamó procedimientos que contemplen las condiciones de vida y las posibilidades reales de las personas alcanzadas. “Nosotros no estamos en contra de la auditoría. Hay muchas personas que seguramente tienen una pensión y no corresponden. No estamos en contra de que el Estado verifique, pero que esto se haga de una forma correcta, no de la forma salvaje que se llevó a cabo el año pasado”, sostuvo.

Un caso que expuso las consecuencias

Durante una entrevista radial en la que participaban Castro y el diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro, se comunicó Juan Carlos Ferraz, un hombre con un 94% de discapacidad que quería saber si su prestación estaba incluida en el listado de suspensiones. La consulta se realizó a través de una herramienta digital que desarrolló el equipo de Castro para facilitar la búsqueda de beneficiarios. Hasta ese momento, las personas debían acceder a un archivo PDF y revisar manualmente si sus nombres aparecían entre los alcanzados por la medida. Con el DNI de Ferraz pudieron comprobar que su pensión estaba suspendida. 

La situación tomó otra dimensión cuando el hombre explicó que necesitaba ese ingreso para afrontar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas. Según relató Castro, ya no tenía dinero para comprar alimentos.

El caso también expuso las barreras que enfrentan algunas personas para realizar trámites administrativos. Ferraz no sabía leer ni escribir y tampoco recordaba su número de documento, por lo que tuvo que comunicarse con un sobrino para conseguirlo y completar la consulta.

Castro indicó que Bárbaro conoce al beneficiario y que se comprometió a acompañarlo para reunir la documentación necesaria y gestionar la recuperación de la prestación.

Las dificultades en el interior

El diputado estimó que alrededor de 1.100 beneficiarios de Misiones estaban incluidos en el proceso. Además, informó que el aplicativo de consulta había registrado unas 12.000 búsquedas y detectado cerca de 500 personas cuyos documentos figuraban en el listado.

De acuerdo con Castro, quienes aparecen en la nómina no percibirían el pago correspondiente a noviembre y cuentan con un plazo de 60 días para presentar la documentación requerida ante la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), organismo que reemplazó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

Si no cumplen con ese procedimiento, podrían quedar expuestos a la baja definitiva de la prestación.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad concreta de reunir los certificados e informes médicos actualizados dentro de ese plazo. El legislador señaló que los hospitales públicos atraviesan dificultades para otorgar turnos, una situación que condiciona especialmente a quienes necesitan estudios y evaluaciones para acreditar nuevamente su discapacidad. “Esta persona, si tiene que presentar documentación actualizada, imaginate, no se están consiguiendo turnos para el Madariaga, y los hospitales del interior también estamos muy complicados”, planteó.

A esa dificultad se suma la situación de quienes tienen movilidad reducida o necesitan asistencia para trasladarse. Para Castro, el diseño de los procedimientos administrativos tampoco contempla las particularidades territoriales de provincias como Misiones, donde muchos beneficiarios viven lejos de los centros de atención.

El diputado cuestionó además, la disponibilidad de oficinas para realizar consultas presenciales. Según explicó, en Misiones existe un único punto de atención vinculado a Andis, ubicado en la Udai de Anses de Posadas, donde trabaja una persona del organismo.

También se incorporaron las oficinas de Pami como espacios de consulta. Sin embargo, Castro relató que un beneficiario del interior acudió a una de esas dependencias y terminó siendo derivado al propio legislador para averiguar qué documentación debía presentar.

Barreras para acceder a los canales digitales

Entre las alternativas para gestionar los trámites figuran el correo electrónico, la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), Mi Anses y Mi Argentina. Estas herramientas permiten iniciar gestiones sin concurrir personalmente a una oficina, aunque su utilización requiere conocimientos y acceso a dispositivos y conectividad.

El diputado advirtió que esas condiciones representan una barrera para parte de la población alcanzada por las suspensiones. 

El caso de Ferraz, que necesitó la ayuda de un familiar para conseguir su número de DNI, refleja las dificultades que puede encontrar una persona con discapacidad para resolver por sus propios medios un procedimiento completamente digital.

La discusión vuelve a poner en el centro las fuertes condiciones de implementación de las auditorías nacionales y su impacto sobre los beneficiarios. 

En Misiones, donde más de mil prestaciones quedaron alcanzadas por la medida, la disponibilidad de atención presencial, los turnos médicos y el acompañamiento para completar los trámites aparecen como factores determinantes para evitar que personas con discapacidad pierdan un ingreso del que dependen para su subsistencia diaria.