Cacho Bárbaro denunció penalmente al Coordinador del Tabaco de Nación por demoras en fondos para Misiones

El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Marcelo Horacio Reinoso, funcionario del Gobierno de Javier Milei que se desempeña como coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por presuntas irregularidades y demoras injustificadas en la administración de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) destinados a Misiones.

La presentación judicial solicita investigar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, omisión de actos de oficio y otras figuras penales que pudieran surgir durante la investigación.

Según la denuncia, el funcionario nacional habría incumplido obligaciones vinculadas con la tramitación, evaluación y elevación para su aprobación de los Programas Operativos Anuales (POA), mediante los cuales se financian proyectos productivos, sanitarios, de infraestructura y asistencia para las familias tabacaleras.

Bárbaro advirtió que de los 30 subcomponentes presentados por Misiones que permanecen pendientes de aprobación, solamente 12 cuentan con expedientes formalmente abiertos, mientras que los otros 18 ni siquiera tienen número de expediente asignado.

De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, los 12 proyectos que cuentan con expediente representan $74.485 millones, mientras que los restantes 18 suman otros $22.783 millones. En total, se trata de más de $97.268 millones en programas pendientes de aprobación para la provincia.

El legislador sostuvo en su presentación que estas demoras comprometen recursos destinados a sostener la producción tabacalera y la atención de necesidades esenciales de miles de familias rurales.

Entre los programas afectados aparecen iniciativas relacionadas con prestaciones de salud, cobertura médica, asistencia productiva, infraestructura, equipamiento, caminos rurales y otras herramientas destinadas a fortalecer la actividad.

Uno de los casos señalados corresponde a un subcomponente de prestaciones sanitarias que, según la denuncia, fue aprobado en febrero de 2025, antes de que Reinoso asumiera el cargo. Sin embargo, el mismo programa presentado para 2026 continuaba sin aprobación al cierre de octubre, pese a contemplar un incremento del 25% en su monto.

La presentación judicial también cuestiona la falta de convocatoria a la Comisión encargada de determinar los coeficientes de distribución del FET entre las provincias productoras.

Según Bárbaro, el plazo previsto para esa convocatoria venció el 30 de septiembre de 2026 sin que se realizara la reunión correspondiente. Esta situación, sostiene, genera incertidumbre sobre la distribución de los recursos que deben recibir las provincias tabacaleras.

Otro de los puntos de la denuncia está relacionado con la recaudación del Fondo Especial del Tabaco y el control de los aportes de las empresas fabricantes de cigarrillos.

El legislador solicitó investigar si la Coordinación de Tabaco cumplió con sus obligaciones de seguimiento, fiscalización y requerimiento de información a los organismos nacionales competentes, especialmente ante las controversias judiciales y tributarias que afectan la recaudación del sector.

En ese sentido, la presentación menciona la falta de ingreso de recursos vinculados con el impuesto mínimo a los cigarrillos y advierte sobre sus posibles consecuencias para el financiamiento de los programas tabacaleros.

Bárbaro pidió a la Justicia que requiera documentación a la Secretaría de Agricultura, al Ministerio de Economía, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco de la Nación Argentina, para determinar qué ocurrió con los expedientes, los fondos disponibles y los procedimientos administrativos.

También ofreció como testigos a representantes de distintas organizaciones tabacaleras de Misiones, entre ellos dirigentes de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim), la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cámara del Tabaco de Misiones.

Continuidad en los programas

Desde el Partido Agrario y Social señalaron que el objetivo de la presentación es esclarecer las responsabilidades por las demoras administrativas y garantizar que los recursos del Fondo Especial del Tabaco lleguen a los productores misioneros conforme a la legislación vigente.

La denuncia plantea que la falta de aprobación de programas no solamente afecta el funcionamiento de las organizaciones tabacaleras, sino que también compromete la continuidad de prestaciones y proyectos necesarios para las familias productoras.

Bárbaro solicitó formalmente la apertura de una investigación penal preparatoria, la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales, y la determinación de las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.

La presentación quedó radicada ante la Fiscalía Federal de Oberá. Las conductas denunciadas deberán ser investigadas por la Justicia, que tendrá que establecer si existieron incumplimientos administrativos y si estos constituyen delitos.

Para el PAyS, la situación requiere una respuesta urgente del Gobierno nacional, debido a que los recursos cuestionados están vinculados directamente con el sostenimiento de una de las principales actividades productivas de las chacras misioneras.