El dolor por Nanci Godoy encontró eco en una marcha docente en Posadas

La tarde gris de este jueves encontró a docentes, representantes sindicales, agrupaciones sectoriales y espacios políticos en la plaza 9 de Julio de Posadas. La concentración reunió diferentes reclamos que atraviesan a la educación pública bajo las consignas 'Justicia por Nanci' y 'Todos con Miriam Quiroz'.

Por un lado, el pedido de justicia por Nanci Godoy, una docente rural de 52 años y directora suplente de la Escuela Nº 626 del paraje El Malezal, en Esquina, Corrientes. Había desaparecido a comienzos de octubre, cuando se dirigía a cumplir sus tareas, y su cuerpo fue hallado el miércoles 28 de octubre en una zona rural. 

También se expusieron las preocupaciones por las condiciones en las que trabajan los docentes rurales, la pérdida del poder adquisitivo y las denuncias de persecución sindical. Desde allí, los manifestantes marcharon hacia la Legislatura provincial para reclamar respuestas y mejoras.

La muerte de Godoy fue el eje que convocó a la jornada en el marco del paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En Misiones, la movilización adquirió también un carácter provincial, con cuestionamientos a las políticas educativas, demandas laborales y el reclamo por la situación de Miriam Elizabeth Quiroz, integrante de la conducción de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM).

Entre las voces que participaron de la concentración estuvo Elena Maidana, docente jubilada, vinculada al movimiento feminista de Misiones y presente en distintas luchas sociales. Para ella, el caso de Godoy permite analizar una trama de violencias que excede las circunstancias particulares de su muerte. "Creo que este asesinato, este femicidio de Nanci Godoy articula o nos permite analizar o poner en consideración una serie de violencias, como que en ese hecho se condensaron y se condensan una multiplicidad de violencias, violencias de un Estado provincial, nacional, que hace del abandono, la desprotección y la crueldad políticas de Estado", expresó a El Territorio.

Relacionó el caso con las condiciones de vida y de trabajo de quienes ejercen la docencia, especialmente en establecimientos alejados de los centros urbanos. 

Consideró que la información que comenzó a conocerse sobre la cotidianeidad de Godoy expone dificultades que atraviesan a otros trabajadores de la educación. "Si uno lee la historia, lo que empezó a aparecer ahora, de cómo era la vida cotidiana de esta docente, de Nancy, y uno tiene que ser muy insensible para que no te incomode, para que no te duela, porque si uno se pone a pensar, pero así están trabajando muchas docentes de nuestro país, las maestras", sostuvo.

La docente jubilada cuestionó la distancia entre los reconocimientos públicos a la tarea educativa y las condiciones materiales en las que se desarrolla. Mencionó el financiamiento de los distintos niveles educativos y describió un escenario de dificultades que, según planteó, se profundiza. "Por un lado hacemos desde la mano del mercado todo el marketing de la fiesta del día del maestro, el día del profesor y le regalamos flores y un discurso de queramos a nuestros maestros. Y por el otro lado, condiciones de trabajo y de vida que hacen de algún modo tu cotidianidad la vuelve un infierno", afirmó. 

En su análisis, vinculó el deterioro de las condiciones laborales con los problemas salariales y la violencia contra las mujeres. "Nosotros decimos ni una menos, pero en realidad es una más", expresó al referirse a los femicidios y a las muertes violentas de mujeres que se conocen en el país.

También advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de que la sociedad se involucre frente a estas situaciones. "Es decir, docentes que trabajan con pluriempleo, que no escapan a la precarización de la vida, a la pérdida absoluta del poder adquisitivo, de sus salarios", señaló y agregó: "entonces creo que ahí nos tendría que servir como para analizar esta complejidad y estas condiciones indignas, y nos tendría que sensibilizar para pararnos de decir basta".

Las condiciones de las escuelas rurales
Florencia Lartigue, docente de la rama de Educación Especial en el nivel primario, también participó de la concentración y puso el foco en las dificultades que enfrentan quienes trabajan en establecimientos rurales. "Nanci tenía que hacer un trayecto larguísimo para llegar a la escuela, que es algo que en Corrientes se da muchísimo, en las escuelas rurales, donde las condiciones son horribles, se tiene que trabajar de una forma, básicamente, inhumana", relató. 

Lartigue sostuvo que la docente correntina estaba expuesta a una situación de abandono estatal y planteó que el reclamo debe servir para discutir las condiciones en las que se desarrolla la tarea educativa. "Esta compañera estaba completamente abandonada por el Estado, esa es la realidad. Estamos acá para manifestarnos por justicia para la colega, porque esto necesitamos un cambio", manifestó.

La docente trasladó esa preocupación a la realidad provincial y mencionó las dificultades para llegar a determinadas escuelas, el estado de los establecimientos y los problemas que afectan el dictado de clases. "Que también se da también acá, dentro de la provincia de Misiones, hay escuelas que tienen condiciones horribles, es muy difícil llegar a las escuelas, ahora que estamos con el tema del niño, también es muy complicado entrar a las escuelas, los chicos no tienen clases, entonces hay una abandono total por parte del Estado", afirmó.

Un reclamo por libertad sindical
En el marco de la movilización, El Territorio accedió a un manifiesto fechado el 29 de octubre de 2026 y dirigido al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías. La presentación lleva las firmas de organizaciones sindicales integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y otras entidades adherentes.

El escrito solicita que la Legislatura requiera explicaciones al Consejo General de Educación por el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada el 20 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N.º 1 de Posadas, en el expediente iniciado por UDNAM y la docente Miriam Elizabeth Quiroz.

Según el documento, el juzgado ordenó que el CGE no efectivizara la aplicación de la Resolución N.º 6554/26, con el propósito de preservar las condiciones laborales de Quiroz mientras se sustancia la controversia judicial. La medida, de acuerdo con el escrito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La docente integra la Comisión Directiva de UDNAM y se desempeña en la Escuela Provincial Nº 284 Comandante Tomás Espora. Las organizaciones firmantes sostienen que la controversia requiere una respuesta institucional porque involucra tanto su situación laboral como el ejercicio de la representación sindical. "La situación denunciada respecto del eventual incumplimiento de dicha resolución judicial reviste una particular gravedad institucional, dado que involucra el alcance de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional competente y la obligación de los organismos estatales de adecuar su actuación a las disposiciones judiciales vigentes", señala el texto.

El manifiesto plantea que el asunto compromete principios como la legalidad, la tutela judicial efectiva, la división de poderes y el respeto por las decisiones de los tribunales. También argumenta que la protección de quienes ejercen responsabilidades gremiales resulta necesaria para garantizar la libertad sindical y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores.

En ese sentido, las entidades aclaran que la protección judicial reclamada no constituye un privilegio personal. "La protección de quienes ejercen responsabilidades gremiales no constituye un privilegio personal, sino una condición necesaria para el ejercicio efectivo de la libertad sindical y para el funcionamiento democrático de las organizaciones de trabajadores", expresaron.

Pedido de información 
La presentación solicita que la Cámara de Representantes promueva un pedido de informe al CGE para conocer las actuaciones realizadas desde que recibió la notificación judicial. 

Entre los puntos requeridos figuran la fecha de recepción de la cautelar, las medidas administrativas dispuestas para cumplirla y la situación laboral y funcional actual de Quiroz. También exige que se informe si se adoptaron decisiones posteriores que pudieran afectar las condiciones laborales que la Justicia ordenó preservar, además de solicitar copias de resoluciones, disposiciones e instrucciones vinculadas con el caso.

Otro de los puntos pide identificar a las áreas y funcionarios responsables de tramitar y ejecutar las decisiones relacionadas con la Resolución Nº 6554/26. Asimismo, reclama información sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos sindicales de Quiroz durante la vigencia de la protección judicial.

Las organizaciones solicitan que la respuesta sea expresa, circunstanciada y acompañada de documentación respaldatoria. Además, piden que el asunto reciba tratamiento urgente, atento a la vigencia temporal de la medida cautelar.

"El control de la actuación de los organismos públicos constituye una herramienta fundamental para la transparencia administrativa, la determinación de responsabilidades y la protección de los derechos de la ciudadanía", sostiene el documento.

En sus consideraciones finales, los firmantes, que se sumaban en la plaza, remarcan que la existencia de un conflicto entre una trabajadora y una autoridad educativa no habilita, por sí misma, a desconocer una medida judicial vigente. Por eso, reclaman que la Legislatura tome conocimiento de la situación y ejerza sus atribuciones para obtener las explicaciones correspondientes.

El planteo constituye una denuncia de las organizaciones sindicales y un pedido de investigación institucional. La eventual existencia de incumplimientos y las responsabilidades que pudieran derivarse deberán determinarse a partir de las actuaciones y de las respuestas de los organismos competentes.

Recomposición salarial y mejores condiciones laborales 
La concentración y la marcha hacia la Legislatura reunieron así distintos reclamos de la docencia misionera. El pedido de justicia por Nancy Godoy funcionó como eje de una convocatoria que también puso en discusión las condiciones de las escuelas rurales, las dificultades de acceso a los establecimientos, la situación salarial y la protección de los trabajadores que participan de la actividad gremial.

Las declaraciones recogidas durante la jornada mostraron la preocupación de docentes en actividad y jubilados por las condiciones materiales en las que se sostiene la educación pública. 

En una jornada atravesada por el dolor, la angustia y la bronca, la movilización en Posadas reunió demandas que exceden un caso particular. La convocatoria puso en la calle las condiciones de trabajo, el salario, el funcionamiento de las escuelas y las garantías para ejercer la representación sindical, con un pedido de respuestas dirigido tanto a las autoridades educativas como a las instituciones provinciales.