El ajuste del gobierno nacional golpea a las universidades y encarece el desafío de estudiar una carrera
La vocación convive con el costo del transporte, los materiales y la vivienda. En el NEA, miles de estudiantes dependen de becas, comedores y albergues para sostener su formación, mientras el ajuste presupuestario nacional profundiza las dificultades del sistema público.
Elegir una carrera universitaria ya no implica solamente identificar una vocación o imaginar un futuro profesional. Para miles de jóvenes argentinos que transitan el último año del secundario, la decisión también está atravesada por una pregunta cada vez más presente en los hogares: cuánto cuesta estudiar y qué posibilidades existen de sostener económicamente una formación durante cuatro, cinco o más años.
En un escenario marcado por las dificultades para afrontar los gastos cotidianos, las familias deben contemplar no solo las características de cada profesión, sino también el transporte, los materiales de estudio, la conectividad y, en algunos casos, el alquiler o las cuotas de una institución privada. Son factores que pueden condicionar tanto la elección inicial como la permanencia dentro del sistema universitario.
Un relevamiento realizado por Junior Achievement Argentina entre más de 6.500 alumnos del último año del secundario, participantes del programa Socios, permitió conocer cuáles son las principales aspiraciones académicas de los adolescentes. Los resultados ubicaron a Abogacía, Medicina y Administración de Empresas entre las carreras más elegidas, lo que confirma la vigencia de las profesiones tradicionales dentro de las expectativas de quienes están próximos a comenzar una nueva etapa educativa.
En contrapartida, las especialidades directamente vinculadas con inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad concentraron apenas el 3,6% de las preferencias. Aunque el porcentaje no representa la totalidad de las alternativas tecnológicas disponibles, expone una diferencia entre el protagonismo que estas actividades adquirieron en el mercado laboral y el interés que despiertan entre los estudiantes consultados.
Desde la organización señalaron que el conocimiento previo sobre una profesión y la cercanía con personas que la ejercen suelen influir en las decisiones vocacionales. En ese sentido, las tareas de un médico, un abogado o un administrador resultan más familiares para muchos adolescentes que las funciones específicas de quienes trabajan en disciplinas tecnológicas emergentes.
Una universidad gratuita que también implica gastos
La dimensión de estas decisiones se refleja en las cifras del sistema universitario argentino. Según las estadísticas universitarias correspondientes a 2024, el país contabilizó 2.608.231 estudiantes de pregrado y grado, frente a los 2.567.251 registrados durante 2023. Del total correspondiente a 2024, aproximadamente el 79% cursaba sus estudios en instituciones estatales, mientras que el 21% restante asistía a universidades privadas.
Aunque las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas para los estudiantes argentinos, acceder a una vacante no resuelve necesariamente las dificultades económicas. La compra de libros, una computadora, los gastos de movilidad y alimentación, así como la necesidad de contar con conexión a internet, forman parte de un presupuesto que debe sostenerse durante todo el ciclo lectivo.
La situación puede resultar todavía más compleja para quienes deben abandonar su localidad de origen y trasladarse a otra ciudad para continuar sus estudios. En esos casos, al presupuesto educativo se suman el alquiler, los servicios y los gastos habituales de manutención. La gratuidad, por lo tanto, elimina el arancel académico, pero no los costos materiales que implica estudiar.
En el sector privado, en tanto, los aranceles representan uno de los principales compromisos económicos. Los valores varían de acuerdo con la institución, la carrera elegida, la modalidad de cursada y la cantidad de materias.
Como referencia, los precios publicados por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), vigentes desde septiembre de 2026, establecen un arancel mensual de $487.523 para la Licenciatura en Administración de Empresas, considerando un paquete de cinco materias por cuatrimestre. Bajo esa misma modalidad, Ingeniería Industrial tiene un costo de referencia de $541.874 mensuales, mientras que Abogacía asciende a $582.256.
Estos importes corresponden específicamente a esa institución y no representan un promedio de todo el sistema privado. A las cuotas también pueden agregarse matrículas, materiales específicos y equipamiento necesario para determinadas carreras.
El NEA y el desafío de sostener los estudios
En Misiones y el resto del Nordeste argentino, la discusión sobre los costos de estudiar adquiere una dimensión particular por la distribución territorial de la oferta universitaria y la necesidad de trasladarse desde distintas localidades para acceder a determinadas carreras.
La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) cuenta con 29.131 estudiantes distribuidos en sus seis facultades y la Escuela de Enfermería. Su presencia en Posadas, Oberá y Eldorado, además de otras localidades con propuestas académicas, constituye una alternativa para jóvenes que buscan acceder a la educación superior sin tener que trasladarse a otra provincia.
Sin embargo, para quienes viven lejos de las sedes universitarias, el transporte y la alimentación representan gastos que se acumulan mes a mes. Y cuando la carrera elegida no se dicta en la localidad de origen, la necesidad de mudarse puede convertirse en una de las principales barreras para continuar la formación.
La propia UNaM sostiene programas de asistencia que permiten dimensionar la importancia de estos recursos. La institución cuenta con alrededor de 1.000 estudiantes alojados en sus albergues, distribuidos en distintas dependencias de la provincia, mientras que las becas de comedor alcanzan a cerca de 4.000 estudiantes. También dispone de asistencia vinculada con la salud.
Estas prestaciones no son un beneficio accesorio para quienes las necesitan. El alojamiento puede evitar que un estudiante deba afrontar un alquiler que su familia no está en condiciones de pagar, mientras que el comedor contribuye a garantizar una necesidad básica durante la cursada. En muchos casos, la posibilidad de acceder a estos servicios incide directamente en la decisión de comenzar o continuar una carrera.
La situación se replica en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que recibe estudiantes de Corrientes, Chaco y otras provincias de la región. En 2024, la institución registró 64.256 estudiantes de grado y pregrado. Además, el 72% de los nuevos inscriptos de ese año provenía de familias cuyos padres no habían accedido a la educación universitaria.
Ese dato refleja el papel de la universidad pública como herramienta de movilidad social en una región donde el acceso a la educación superior puede modificar las oportunidades laborales de una familia. También expone la importancia de sostener las políticas de inclusión para que el ingreso no sea solamente una posibilidad formal, sino el comienzo de un recorrido que pueda completarse.
El ajuste universitario y las dificultades para permanecer
Las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes se desarrollan, además, en un contexto de tensión entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei por el financiamiento del sistema. La discusión no se limita al funcionamiento administrativo de las instituciones: involucra los salarios docentes y no docentes, las becas, las actividades de investigación, el mantenimiento de los edificios y los recursos necesarios para garantizar las clases.
Un informe presupuestario publicado en septiembre de 2026 señaló que la ejecución del programa nacional destinado al desarrollo de la educación superior cayó un 40,5% en términos reales entre enero y julio de 2023 y el mismo período de 2026. El estudio indicó que la mayor parte del ajuste acumulado se explicaba por la reducción del gasto salarial docente y no docente.
El deterioro también alcanzó los ingresos de quienes sostienen la actividad académica. Un reporte económico estimó que, en marzo de 2026, el salario real de un docente universitario con un cargo estable, sin antigüedad ni promociones, se encontraba un 34% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
Si bien el Gobierno anunció en junio de 2026 un acuerdo que contempló una recomposición de la masa salarial universitaria del 24,33%, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios, esas medidas no eliminan por sí mismas el deterioro acumulado que señalan los análisis presupuestarios.
La discusión resulta especialmente sensible para las provincias del NEA, donde las universidades públicas cumplen un papel central en la formación de profesionales, la investigación y la vinculación con las necesidades productivas y sociales de la región. Menos recursos pueden traducirse en mayores dificultades para sostener las actividades académicas, actualizar equipamiento, desarrollar investigaciones y acompañar a quienes necesitan asistencia para estudiar.
En ese escenario, el desfinanciamiento universitario no debe analizarse únicamente como una cuestión contable. Cuando los presupuestos pierden capacidad de compra y los salarios se deterioran, las consecuencias pueden alcanzar a toda la comunidad educativa. Y cuando, al mismo tiempo, las familias deben destinar una porción creciente de sus ingresos a los gastos cotidianos, sostener una carrera se vuelve más difícil incluso para quienes lograron ingresar.
La contradicción es evidente: mientras se alienta a los jóvenes a formarse para responder a las transformaciones del mercado laboral, el sistema público que permite a miles de ellos acceder a esa formación enfrenta restricciones presupuestarias y demandas de recomposición. La educación superior requiere recursos estables para garantizar no solo el ingreso, sino también condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
El endeudamiento juvenil, otra señal de alerta
Las dificultades para financiar una formación universitaria aparecen en un contexto económico en el que una parte importante de los hogares recurre al crédito para cubrir necesidades habituales.
Un estudio sobre jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires reveló que el 57% de los consultados indicó que en sus hogares habían tenido que pedir dinero prestado o utilizar algún mecanismo de crédito para afrontar gastos cotidianos. La investigación, realizada sobre 946 casos, también identificó que seis de cada diez participantes reportaron reducciones en el consumo familiar.
Otro indicador surge de un informe económico que ubicó la irregularidad en los pagos de préstamos entre personas de 18 a 30 años cerca del 40%, el porcentaje más elevado entre los grupos etarios analizados.
Si bien estas cifras no significan que los universitarios estén tomando préstamos específicamente para financiar sus carreras, permiten dimensionar las dificultades económicas que enfrenta una parte de la población joven y los riesgos de asumir obligaciones financieras difíciles de sostener.
El problema tampoco se limita a quienes deben pagar una cuota universitaria. También se registraron casos de estudiantes de universidades públicas que encontraron dificultades para continuar su formación porque no podían afrontar los gastos de transporte y materiales.
En este contexto, las becas, los programas de acompañamiento económico y las distintas alternativas de asistencia estudiantil adquieren importancia para favorecer tanto el ingreso como la permanencia en la educación superior. Sin embargo, estas herramientas necesitan financiamiento suficiente y políticas sostenidas para alcanzar a quienes las requieren.
Las carreras con mejores perspectivas laborales
Además de la vocación y las posibilidades económicas, la inserción laboral constituye otro elemento que interviene en la elección de una profesión. Los cambios tecnológicos y productivos están modificando los perfiles que demandan las empresas y abriendo oportunidades en disciplinas que combinan conocimientos tradicionales con nuevas herramientas.
Un relevamiento de tendencias laborales identificó doce carreras y áreas profesionales con perspectivas favorables de empleo. Entre ellas aparecen Ingeniería, Programación, Enfermería, Ciencia y Análisis de Datos, Logística, Economía y Finanzas, Biotecnología y Ciencias Ambientales. La selección también contempla Marketing Digital, Ciencias de la Computación, Negocios Digitales y Energías Renovables.
Estas áreas presentan oportunidades vinculadas con las nuevas necesidades empresariales, la transformación tecnológica y los cambios que atraviesan los procesos de producción y servicios.
En algunos casos, las posibilidades laborales están relacionadas con la incorporación de herramientas digitales a actividades que ya existían. La logística, por ejemplo, requiere cada vez más conocimientos sobre sistemas de seguimiento y análisis de información, mientras que las áreas administrativas y financieras demandan perfiles familiarizados con la automatización y el procesamiento de datos.
En otros sectores, como la salud, la biotecnología o las energías renovables, la especialización responde a necesidades profesionales que requieren actualización permanente. Para los jóvenes del NEA, conocer estas tendencias puede contribuir a tomar decisiones informadas, aunque las oportunidades efectivas también dependen de la estructura productiva de cada provincia y de la posibilidad de acceder a formación de calidad.
La elección de una carrera, por lo tanto, no debería reducirse a una comparación de salarios potenciales. La vocación, las condiciones de cursada, las oportunidades de empleo y la situación económica familiar forman parte de una misma decisión.
Cuánto esperan ganar los trabajadores argentinos
Las expectativas salariales también permiten observar qué ocurre en el mercado laboral y cuáles son las remuneraciones a las que aspiran los postulantes de diferentes sectores.
El último Index de Bumeran disponible, correspondiente a agosto de 2026 y publicado en octubre, ubicó el salario pretendido promedio en Argentina en $1.948.059 brutos mensuales.
En el caso de las posiciones junior, la remuneración solicitada fue de $1.427.593, mientras que para los perfiles semisenior y senior alcanzó los $1.989.027. En puestos de jefatura y supervisión, la cifra ascendió a $2.671.864.
Estos valores representan pretensiones salariales y no necesariamente los sueldos que reciben efectivamente los trabajadores. Tampoco garantizan que una carrera con mayor remuneración potencial permita conseguir empleo de manera inmediata, ya que la inserción depende de la experiencia, la demanda de cada actividad y las condiciones económicas.
Para los jóvenes que están por terminar el secundario, elegir una profesión supone así mucho más que proyectar un ingreso futuro. También implica evaluar si podrán afrontar los años de formación necesarios para obtener un título y construir una trayectoria laboral.
En el NEA, donde la universidad pública representa una vía fundamental de acceso a la educación superior para miles de familias, sostener esa posibilidad requiere algo más que mantener la gratuidad formal. Hace falta garantizar condiciones materiales para estudiar, políticas de asistencia accesibles y un financiamiento universitario que permita preservar la calidad educativa.
Porque una carrera puede comenzar con una vocación, pero para llegar al título también hacen falta tiempo, recursos y oportunidades. Cuando el costo de permanecer en las aulas se vuelve una carga difícil de sostener, el riesgo es que el futuro profesional de muchos jóvenes termine condicionado no por sus capacidades, sino por el dinero disponible en sus hogares.