Embargos de Arca paralizan a las pymes y ponen en riesgo el pago de salarios

Los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) generan creciente preocupación entre las pequeñas y medianas empresas de Misiones, que alertaron sobre las dificultades para sostener sus operaciones, pagar salarios y cumplir con sus obligaciones fiscales cuando quedan bloqueadas sus cuentas bancarias. Desde la Asociación de Productores y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom) y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) reclamaron cambios en los procedimientos y alternativas que permitan a las empresas regularizar sus deudas sin quedar paralizadas financieramente.

El presidente de Apicofom, Guillermo Fachinello, cuestionó la política de embargos y sostuvo que la situación afecta especialmente a la forestoindustria, aunque también alcanza a otras actividades productivas. “Los embargos nos están destruyendo, después está el problema de que tardan mucho en levantarlos y la voracidad que tienen”, afirmó. Según explicó, durante sus recorridas por la provincia encontró numerosas empresas y productores que habían recibido requerimientos del organismo recaudador, en un contexto de dificultades económicas que se suma al costo de la energía y a la caída de la actividad.

En la misma línea, el presidente de la CCIP, Federico Panozzo, señaló que la entidad ya solicitó una reunión con Arca para trasladar la preocupación del sector comercial. “Hace un mes presentamos en Arca una solicitud para reunirnos y explicar la preocupación que hay entre comerciantes por los embargos. No tenemos números exactos de afectación, pero hay muchas consultas sobre qué hacer cuando llega un embargo”, indicó.

A nivel nacional, entre enero y agosto, Arca trabó 135.744 medidas de embargo sobre empresas, un 52% más que en el mismo período de 2025. Más de ocho de cada diez recayeron sobre microempresas, que tienen menos espalda para sostener su actividad con fondos inmovilizados. A eso se suman las dificultades para cumplir con proveedores y bancos. En agosto se rechazaron 82.050 cheques por falta de fondos, por más de $283.000 millones. Bajaron frente a julio, pero seguían un 14,4% por encima de un año atrás.

La mora bancaria de las empresas pasó del 2,7% del crédito en noviembre de 2023 al 3,6% en julio de 2026, un aumento del 33%. En las familias, la proporción de crédito irregular saltó del 2,7% al 12,9%, multiplicándose por casi cinco. Con esa tensión en la cadena de pagos, sostener la actividad y recuperar el consumo se vuelve más difícil. Tampoco es bueno para inversiones y mucho menos para dar créditos.

Cuentas bloqueadas y salarios en riesgo
Uno de los principales problemas señalados por ambos dirigentes es que los embargos pueden impedir que las empresas dispongan del dinero necesario para mantener su funcionamiento cotidiano. Muchas pymes se financian con sus propias cuentas corrientes, el descuento de cheques y los ingresos que generan mediante sus ventas. Cuando esos recursos quedan inmovilizados, se interrumpe el circuito de pagos y cobranza, con consecuencias directas sobre proveedores, servicios y trabajadores.

“Cuando te embargan la cuenta, hasta te cuesta o te imposibilita hacer una liquidación de un personal”, advirtió Fachinello. También explicó que las empresas pueden quedar impedidas de liberar cheques destinados al pago de la energía o de utilizar fondos disponibles para cancelar las mismas obligaciones fiscales que originaron el reclamo. Incluso puede suceder que una firma tenga dinero suficiente en una cuenta para afrontar la deuda, pero no pueda utilizarlo porque el embargo alcanza a otras cuentas operativas.

Panozzo, por su parte, describió una situación en la que las dificultades para sostener los compromisos fiscales se agravan cuando caen los planes de pago y se produce un nuevo bloqueo bancario. “Este agobio que tienen, la caída de los planes de pago que tienen y seguido a ello la traba con un embargo en cuenta operativa, complica mucho más la situación porque no se puede pagar la deuda, levantar los planes o cumplir con otros compromisos que también tienen como urgente, como por ejemplo el pago de haberes a los colaboradores”, sostuvo.

El titular de la CCIP explicó que el sector viene reclamando por distintas vías algún plan o modificación en la forma de aplicar estos procedimientos, con el objetivo de evitar que una medida destinada a recuperar deudas termine impidiendo que las empresas generen los recursos para pagarlas.

Demoras y costos para levantar embargos
A las restricciones para operar se suman los gastos legales y las demoras que implica recuperar el acceso a las cuentas. Fachinello señaló que el levantamiento de un embargo no es inmediato y que las empresas deben afrontar primero los honorarios de los abogados y los trámites correspondientes, un proceso que puede demandar varios días. Durante ese tiempo, las firmas deben buscar alternativas de financiamiento para cumplir con sus compromisos, aun cuando sus recursos están bloqueados.

El dirigente de Apicofom también cuestionó los requerimientos por obligaciones fiscales que se remontan a 2022, especialmente cuando los intereses acumulados y los nuevos recargos elevan las deudas hasta convertirlas en montos difíciles de afrontar. A su entender, las pymes familiares, muchas de ellas con dos o tres generaciones de actividad en Misiones, necesitan condiciones para continuar trabajando y ponerse al día con el fisco.

“No nos vamos a esconder a ningún lado. Creo que nos tienen que dar las posibilidades de seguir trabajando y pagar esta deuda. Es muy agresivo este sistema que están tomando”, expresó. Asimismo, consideró que el incremento de los embargos se hizo más visible durante las últimas semanas, aunque aseguró que la tendencia venía creciendo desde comienzos de año.

Alerta por la informalidad laboral
Otra de las preocupaciones planteadas por Fachinello es que las restricciones para operar formalmente terminen empujando a más empresas hacia la informalidad. Según advirtió, la falta de alternativas para sostener la actividad puede derivar en un crecimiento del trabajo precario, con consecuencias directas para los empleados, que pierden beneficios como el aguinaldo, las vacaciones y otras garantías del empleo registrado.

“Lo que vemos nosotros es la cantidad de gente que está mutando a la informalidad”, afirmó el titular de Apicofom, quien consideró que el fenómeno podría hacerse más evidente hacia fin de año. En ese marco, reclamó mayor acompañamiento político para atender las urgencias de las empresas y evitar que las dificultades financieras profundicen el deterioro de la actividad productiva y comercial.

Ambas entidades coinciden en la necesidad de revisar los mecanismos de cobro y ofrecer alternativas que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones sin quedar imposibilitadas de operar. El reclamo apunta a encontrar una salida que contemple tanto la regularización de las deudas fiscales como la continuidad de los negocios, el pago de salarios y el sostenimiento del empleo formal.