La doble vara de La Libertad Avanza que intenta controlar el gasto ajeno y tapar el propio:
Hay una inconsistencia que merece ser señalada con claridad, porque habla de una forma de entender la transparencia que depende más de la conveniencia que de los principios.
Esta semana, Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, anunció el lanzamiento de una aplicación para que los ciudadanos puedan controlar el gasto del presupuesto del Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa se presentó con el tono habitual del espacio: transparencia, rendición de cuentas, el Estado bajo la lupa de la gente. Hasta ahí, todo bien. El control del gasto público es una herramienta democrática valiosa y cualquier iniciativa que lo facilite merece ser bienvenida, independientemente de quien la impulse.
El problema aparece cuando se mira lo que el mismo espacio político hace en el orden nacional, con las mismas manos y al mismo tiempo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, conocida como OPC, es el organismo técnico creado por ley para proveer al Poder Legislativo de información independiente sobre los gastos de las cuentas públicas nacionales. Es, en términos simples, el ojo técnico que permite que los legisladores y la ciudadanía tengan una segunda mirada sobre los números que publica el Poder Ejecutivo.
Su director, Gabriel Esterelles, un técnico con treinta años de trayectoria que había llegado al cargo ganando un concurso público, renunció esta semana tras una intervención impulsada desde la Comisión Bicameral de Supervisión que preside el diputado nacional de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, con la firma también del senador Agustín Monteverde y legisladores del PRO y la UCR.
El proceso que llevó a esa renuncia no fue sutil. La auditoría encargada desde la Comisión duró más de dos meses y medio, durante los cuales se le solicitó a la OPC documentación de todo tipo, incluyendo comprobantes de peaje del vehículo oficial.
Además, se le quitó al organismo su Servicio Administrativo Financiero, dejándolo sin margen de maniobra presupuestaria propia. Fuentes parlamentarias citadas por el portal de noticias LetraP.com.ar indicaron que el organismo llegó a no contar con fondos asegurados para pagar los sueldos del personal técnico hasta fin de año. Se suspendió además la incorporación de quince analistas especializados que habían ganado un concurso entre más de ciento veinte postulantes.
El resultado fue la renuncia del director y de los coordinadores de Relaciones Institucionales y de Administración. La OPC quedó acéfala a pocos días de que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, precisamente el momento del año en que ese organismo tiene mayor relevancia institucional, dado que es quien puede auditar de manera independiente las pautas macroeconómicas, la proyección de inflación y el nivel de transferencias a las provincias que propone el Palacio de Hacienda.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro fue uno de los que señaló la gravedad del hecho, advirtiendo que sin la OPC en funcionamiento los legisladores y la sociedad pasan a depender exclusivamente de la información que el Ejecutivo decida publicar y cuándo decida publicarla. El misionero Oscar Herrera Ahuad también prepara un pedido de explicaciones al respecto.
La doble vara
El contraste es difícil de ignorar, mientras que en Misiones, La Libertad Avanza lanza una interesante propuesta con una app para que la gente controle el gasto del gobierno provincial. En el Congreso de la Nación, referentes del mismo espacio intervienen, auditan y asfixian financieramente al único organismo técnico independiente que existe para controlar el gasto del gobierno nacional, hasta dejarlo sin conducción en el peor momento posible.
Controlar el gasto ajeno y neutralizar el control del gasto propio no es transparencia. Es lo contrario. Y hacerlo con la firma de los mismos actores políticos que en Misiones presentan iniciativas de apertura de datos no es una casualidad ni un malentendido. Es una estrategia que merece ser leída con la misma lupa que se le propone aplicar al presupuesto provincial.
La transparencia no se mide por las aplicaciones que se lanzan. Se mide por los organismos de control que se sostienen cuando sus informes incomodan.