Instan a ir a la Justicia en los casos de endeudamiento con tasas usureras

El endeudamiento de las familias sigue creciendo. Y aunque desde Nación apuntan a que tomar deuda es una decisión personal, lo cierto es que la situación de crisis no deja muchas más opciones en los hogares argentinos. Ya sacar un préstamo no significa hacer grandes compras – como lo dijo el presidente Javier Milei aludiendo a la deuda por adquisición de televisores -; hoy se toma crédito para pagar las cuentas o comprar alimentos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salieron al cruce por los dichos de Milei. Salvador Femenía, vocero de la Came, atribuyó el endeudamiento a la caída del ingreso real y no al consumo de bienes. “Es por la caída del poder adquisitivo”, afirmó (ver: Came desmiente...).

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) con datos provistos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) afirma que, durante junio de 2026, la morosidad con entidades financieras alcanzó 7,6% y continúa ubicándose en niveles históricamente elevados para las últimas dos décadas (ver “Las familias...”).

En Misiones esto es visible. En Eldorado, por ejemplo, un grupo de trabajadores se encuentra realizando una huelga de hambre frente a un banco en rechazo a los “intereses que implementan las entidades bancarias y financieras en los préstamos solicitados” y “la falta de políticas para el desendeudamiento”.

Por todo ello, desde el Colegio de Abogados de Misiones apuntaron a la necesidad de conocer los derechos e ir a la Justicia en los casos que así lo requieran. Antonio López Forastier, presidente de la entidad, afirmó: “Estamos viviendo un momento de transición en lo que tiene que ver con la forma en que tomamos crédito; históricamente uno tomaba crédito ya sea en la entidad bancaria o en alguna de las financieras conocidas de la ciudad, ahora se han agregado todo lo que tienen que ver con la fintech y los gastos ocultos que tiene que ver fundamentalmente con los intereses”.

Ir a la Justicia

“Estamos en presencia de algo que desde el punto de vista legal es difícilmente defendible. Si uno lleva a debate esta cuestión que tiene que ver con los altos intereses de estos sitios digitales, los jueces lo que hacen es apoyarse un poco en lo que es el sistema formal. Porque antes cuando se sacaba un crédito en la entidad bancaria se obtenía cierta información básica, aunque fuera difícil entender lo que es un costo total financiero, un costo total efectivo, es decir, esa letrita chiquitita”, apuntó López Forastier.

Al tiempo que añadió: “Una de las primeras recomendaciones es que consulten con el abogado de confianza; porque lo que hay que hacer es llevar a la Justicia este tipo de situaciones. Generalmente el deudor quiere evitar el proceso judicial porque piensa que ir a un juicio será peor. Pero en este caso en particular y con estas tasas del tipo usureras, justamente la reacción debe ser la contraria. Uno tiene que tratar de llegar ante el juez para poner sobre la mesa la discusión”.

El letrado afirmó que las empresas y fintech conocen acerca de estas cuestiones y por ello eligen no judicializar. Es allí donde comienzan los bloqueos, el veraz y todo lo que arrastra este tipo de endeudamiento.

López Forastier aclaró que la discusión se debe dividir en dos partes. Por un lado, el endeudamiento del capital que se toma; y por otro, los gastos de intereses ocultos a la ciudadanía. “Es ahí donde se genera la problemática y es ahí donde uno ve que falla la matemática del gobierno porque la gente no está diciendo ‘yo no quiero devolver lo que tomé’, lo que se quiere es una regulación adecuada para devolver algo razonablemente parecido a lo que a lo que se tomó o a lo que las entidades bancarias determinan, porque en estos casos, superan con creces a los intereses de los bancos tradicionales”, adujo.

Y como segunda recomendación, sostuvo “no abrir cuentas corrientes, no se debe aceptar la apertura de una cuenta de este tipo”, porque bajo la promoción de paquetes, los bancos luego utilizan esto como forma de embargo y bloqueo de dinero disponible.

Seguidamente, agregó: “Todo tipo de visibilización de esta problemática, ya sea colectiva o individual, es útil y debe hacerse. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el reclamo que cada uno tiene, debe hacerlo de manera individual. Creo que se fue de las manos al Estado esto al no regularlo. Tenemos normas de defensa del consumidor que protegen esto. Es decir, cualquier persona sabe que puede tomar una cuenta y cuánto dinero está recibiendo, pero no cualquier persona está en condiciones de saber cuánto tiene que devolver y cómo se aplican los intereses si se atrasa”.

“Hay que consultar rápido con el abogado de confianza, porque si se sigue refinanciando y refinanciando, cuando el cliente llega al estudio, prácticamente tiene firmado una situación tan disvaliosa que ni siquiera llevándole al proceso judicial a veces es solucionable. Por eso la primera recomendación, reitero, es consultar con el profesional cuanto antes”, concluyó. 

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