Familias de Puerto Argentino piden intervención por la tenencia de sus tierras
La problemática por la tenencia de tierras volvió a generar preocupación entre las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, ubicados a unos ocho kilómetros de San Pedro. Se trata de vecinos que, en muchos casos, residen y desarrollan actividades productivas en la zona desde hace décadas, pero que no cuentan con permisos de ocupación ni títulos de propiedad que permitan regularizar formalmente su situación.
El conflicto cobró mayor fuerza durante las últimas semanas a raíz de una serie de situaciones que los vecinos describen como hechos de violencia y hostigamiento contra quienes habitan y trabajan en los lotes en disputa.
Ante este escenario, representantes de las familias afectadas presentaron un pedido formal ante el Concejo Deliberante de San Pedro y mantuvieron una reunión con los ediles. Durante el encuentro expusieron la situación que atraviesan y solicitaron acompañamiento institucional para avanzar en el proceso de regularización dominial.
Según manifestaron, entre los episodios denunciados se encuentran la quema de viviendas, el retiro de motocicletas y herramientas de trabajo, el ingreso a propiedades y otras situaciones que, aseguran, mantienen atemorizadas a las familias. De acuerdo con lo expresado por los vecinos, estos hechos estarían vinculados con personas que se atribuyen derechos sobre los terrenos, en el marco de una disputa que lleva años sin una resolución definitiva.
Un reclamo por seguridad jurídica
A través de una nota formal, los representantes de Puerto Argentino 1, 2 y 3 solicitaron la intervención y el acompañamiento del Concejo Deliberante en las gestiones destinadas a regularizar la situación de las tierras.
Una vez finalizada la sesión ordinaria, los vecinos se reunieron con los concejales y plantearon la necesidad de que el cuerpo legislativo participe activamente de las gestiones ante los organismos provinciales y de una eventual instancia de negociación con quien sería el titular de los terrenos.
En ese sentido, remarcaron que cualquier definición debe desarrollarse dentro de un marco legal claro y con la presentación de los títulos de propiedad o documentación judicial que respalde los derechos invocados.
Los vecinos aseguraron que no se oponen a retirarse de los terrenos en caso de que exista una determinación legal que así lo establezca, pero reclamaron que el proceso se lleve adelante de manera transparente y con las garantías correspondientes.
En caso de una eventual reubicación, además, solicitaron que se contemple una solución habitacional para las más de 120 familias afectadas.
Denuncian hostigamiento y hechos de violencia
En la presentación ingresada al Concejo Deliberante, los vecinos se identificaron como productores y representantes comunitarios de los tres parajes y señalaron que atraviesan una problemática histórica vinculada con la falta de regularización de las tierras.
“Desde hace años, las familias que habitamos y trabajamos activamente en estas tierras nos encontramos atravesando una seria situación de inseguridad jurídica respecto a la tenencia de los inmuebles que ocupamos”, expresaron en la nota, que cuenta con las firmas de representantes de las familias residentes.
Durante la reunión con los ediles también manifestaron su preocupación por presuntas situaciones de hostigamiento. Entre los hechos mencionaron el retiro de motocicletas sin previo aviso, el ingreso a viviendas y episodios de violencia que, según señalaron, generan un clima de tensión permanente.
En ese marco, solicitaron que cesen este tipo de situaciones y que se les permita continuar con sus actividades productivas, especialmente durante esta época del año, cuando las familias se encuentran preparando las tierras para la siembra.
Los productores remarcaron la necesidad de poder desarrollar tareas habituales, como el corte de capuera, en condiciones normales de trabajo y sin temor a que sus herramientas o medios de movilidad sean retirados.
Asimismo, manifestaron su compromiso de no continuar con la tala de árboles, en línea con las políticas provinciales vinculadas con el cuidado del monte y la preservación ambiental. También solicitaron que no se permita el ingreso de nuevas personas a los lotes en conflicto hasta que se esclarezca la situación.
123 familias relevadas
Los vecinos aseguraron que existe voluntad de diálogo y negociación por parte de las familias involucradas. En ese sentido, informaron que actualmente fueron relevadas 123 familias, cada una con una carpeta individual que contiene información sobre el grupo familiar, la ubicación georreferenciada mediante GPS y otros datos técnicos.
Según explicaron, podría existir un número ligeramente mayor de familias en condiciones similares, aunque el relevamiento formal realizado hasta el momento alcanza las 123 carpetas completas.
La situación presenta distintas realidades. Sin embargo, gran parte de las familias no cuenta con documentación que acredite formalmente la propiedad de los terrenos. En algunos casos, llevan más de 30 años instaladas en el lugar, donde desarrollan chacras y distintas actividades productivas que constituyen su principal fuente de sustento.
Uno de los referentes que acompaña el reclamo describió la gravedad de la situación durante la reunión con los ediles: “Está muy complicado, están quemando casas, les llevan las motos y las herramientas de trabajo”.
Frente a este panorama, los vecinos plantearon la necesidad de una intervención institucional que permita esclarecer la situación dominial y establecer garantías mientras avanzan las gestiones correspondientes.
El Concejo solicitará informes
Durante el encuentro, los concejales se comprometieron a solicitar información a los organismos oficiales competentes, especialmente a la Dirección de Tierras, para conocer en detalle la situación dominial de los terrenos involucrados.
Además, manifestaron su voluntad de acompañar una instancia de diálogo y articulación entre las partes involucradas, que incluiría al presunto titular de las tierras, las autoridades y los productores, con el objetivo de encontrar una salida consensuada al conflicto.
El Concejo también planteó la necesidad de elevar las situaciones denunciadas a las instancias correspondientes para contribuir al cese de los hechos de violencia y los presuntos atropellos señalados por los vecinos, y garantizar que las familias puedan continuar con sus actividades productivas.
Entre ellas se encuentran la siembra de verduras y distintos cultivos anuales, fundamentales para el sustento de quienes viven en los parajes.
En paralelo, se remarcó la importancia de preservar la convivencia en la zona y evitar nuevas acciones de tala, en consonancia con los compromisos asumidos durante las conversaciones sobre el cuidado del ambiente.
Con la presentación realizada este martes, el reclamo ingresó formalmente al ámbito legislativo municipal. Ahora, las familias esperan el acompañamiento del Concejo Deliberante y la intervención de los organismos provinciales competentes para comenzar a avanzar en una problemática que, para muchos habitantes de Puerto Argentino, lleva décadas sin una solución definitiva.