Excomisario se negó a declarar sobre la desaparición de Mario Golemba

De a poco se reconstruye la historia sobre la desaparición forzada de Mario Golemba, esta vez, con los testimonios (o al menos la mayoría) de los 17 detenidos en la causa. Los sospechosos son o eran agentes de la Policía de Misiones que trabajaron en la comisaría de Dos de Mayo donde el joven productor fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008.

Entre ellos se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien se abstuvo de declarar ante la jueza federal de Posadas Verónica Skanata, según pudo confirmar El Territorio de sus fuentes.

Katz fue detenido el último lunes junto a otros 15 policías (seis de ellos en actividad y los demás retirados), acusados de tener algún grado de participación en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, en facilitar su permanencia bajo custodia clandestina y en maniobras posteriores que, según la hipótesis fiscal, permitieron ocultar lo sucedido.

Por otro lado, se confirmó que ayer se presentó espontáneamente Alfredo Lorenzo Ortiz, uno de los agentes que permanecía prófugo. Sobre este imputado se resolvió que permanezca bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, mientras que los demás están alojados en el Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería.

A lo largo de la pesquisa, testigos cuyos nombres se reservan, relataron haber visto y oído a Golemba pidiendo ayuda y siendo golpeado brutalmente dentro de la comisaría. Uno de los citados ante la Justicia contó que el cuerpo fue retirado del lugar cubierto con una lona: a 18 años de aquello, la familia de Mario todavía busca sus restos.

Detenidos

Entre los detenidos, además de Ortiz y del excomisario Katz, quien estuvo al frente de la comisaría de Dos de Mayo cuando Golemba estuvo allí, se encuentran los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz y el secretario José Roberto Pereyra Da Silva.

Al listado se suman el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge, quien cumplía funciones en Seguridad Vial; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla.

También permanecen bajo arresto el radio operador retirado Cristian Andrés Silva; además de Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, retirado, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer, también retirado.

A pocas horas de confirmada la novedad judicial, la Jefatura de la Policía informó el lunes el apartamiento temporal de los seis imputados que se encontraban activos en la fuerza, y la apertura de sumarios administrativos para la totalidad de los implicados.

Los allanamientos y detenciones se realizaron en Posadas, Oberá, San Vicente y Dos de Mayo. Por las distancias, y para agilizar el procedimiento, varias de las indagatorias se realizaron esta semana bajo videollamada y se prevé que continúen.

Mientras tanto, la Justicia busca evitar que los acusados puedan mantener contacto entre sí. Para la querella, este punto tiene especial relevancia por la hipótesis de que hubo un “pacto de silencio institucional” que habría operado en torno a la desaparición y posible asesinato de Golemba.

“Lo que se pretende de alguna forma es que no estén comunicados. Si se los ponía a todos adentro, se comunican y el mismo pacto de silencio institucional va a seguir vigente”, observó Rafael Pereyra Pigerl, abogado patrocinante de la familia Golemba, en comunicación con El Territorio.

Trabajo articulado

El letrado destacó especialmente el trabajo realizado por el Centro de Reunión de Información “Misiones” (Crimis) de Gendarmería Nacional y por el equipo de la Fiscalía Federal Dos de Posadas.

Los letrados Horacio Ford y Paula Cambas trabajaron, bajo directivas de la fiscal Silvina Gutiérrez, reuniendo pruebas y documentos que luego dieron forma al dictamen de la detención de este numeroso grupo de implicados. Pedido que, finalmente, fue acordado por la jueza Skanata.

“Las intervenciones, todo lo que tiene el grupo Crimis de Gendarmería, es impresionante cómo trabajan, con una calidad y expertise que está desarrollando también la provincia”, valoró.

El querellante explicó además que los operativos forman parte de una estrategia de investigación que incluyó seguimientos previos y vigilancia antes de concretar las detenciones.

Las medidas eran esperadas en el entorno cercano de Mario. En particular, su hermano Eliezer encabeza desde hace años una lucha judicial por saber qué ocurrió con el joven productor.

La emoción es notoria, y en lo sensible del caso, el trato continuo y humano son fundamentales. Así lo valoró también el abogado Pereyra Pigerl, quien contó que “desde el domingo estábamos en contacto, porque pensábamos que los operativos se realizarían ese día. Pero hablamos continuamente y en todo momento”, confió.

En ese sentido, destacó el avance alcanzado después de 18 años sin respuestas sobre los responsables de la desaparición en democracia de Golemba. “Tratamos de valorar todo lo que se actuó, porque cuando la Justicia no funciona se desvaloriza, pero cuando funciona muchas veces no se valora”, apuntó.

Mario tenía 27 años y vivía en Picada Indumar con sus padres y hermanos. El 27 de marzo viajó a Oberá para atenderse con una nutricionista: al salir, envió un mensaje a su novia de que esperaba tomar un colectivo para regresar a su casa “cerca de la tardecita”.

Esa misma noche, según primeros testigos del caso, el joven ingresó a la comisaría de su localidad esposado. Siguiendo las pistas recabadas a lo largo de la investigación, ahí lo golpearon al punto de que otros detenidos oyeron desesperados pedidos de auxilio.

La pesquisa reconstruyó, en base a estos testimonios clave, que Golemba fue trasladado de la comisaría prácticamente sin vida, tapado con una manta. A los dos días, Antonio Golemba e Irma Komka, padres del joven productor, radicaron una denuncia ante la comisaría Seccional Primera de Oberá.

Pacto de silencio

La Fiscalía Federal sostiene que los hechos no fueron episodios aislados. Al contrario, habrían formado parte de un pacto de silencio institucional, en el que los distintos policías realizaron aportes funcionales desde sus respectivos roles dentro de la estructura de la fuerza, para que lo sucedido con el productor quedara en las sombras.

Siguiendo esta línea investigativa, los funcionarios habrían utilizado la estructura operativa de la comisaría de Dos de Mayo para concretar la detención ilegal de Golemba, someterlo a torturas y violencia física, y posteriormente hacerlo desaparecer.

Uno de los ejes centrales de la hipótesis fiscal es la existencia de un “pacto de silencio institucional” que habría comenzado a desplegarse desde el momento de la desaparición con el objetivo de impedir que se conociera qué había ocurrido con el joven.

Según la imputación, ese entramado se habría manifestado “mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.

Para la fiscalía, la responsabilidad no alcanzaría únicamente a quienes presuntamente participaron de manera directa en la violencia ejercida contra Golemba. Esto se debe a que la desaparición forzada de persona es considerada un delito de carácter permanente y de lesa humanidad, por lo que también podrían responder quienes tomaron conocimiento de la presencia ilegal de la víctima y omitieron deliberadamente denunciar aquello o adoptar medidas para frenar lo que estaba pasando.

En esa línea, la fiscalía sostuvo que esos comportamientos contribuyeron a preservar el pacto de silencio, mantener oculto lo que sufrió Mario Fabián Golemba “y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”, subraya el escrito oficial difundido por la Fiscalía Federal.

En un principio, la investigación estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, y durante los primeros años no se logró avance alguno.

En junio de 2021, a partir de un planteo realizado por la querella que representa a los familiares, el expediente pasó al fuero federal con asiento en Posadas y comenzó a investigarse bajo la figura de desaparición forzada de persona, reconocido como un delito de lesa humanidad.

La causa se tramita ante la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Gutiérrez, que se manejó a lo largo de estos cinco años con gran hermetismo y cautela. Cuenta con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” (Crimis) de la Gendarmería Nacional Argentina, con la colaboración en la investigación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Dos hermanos policías están bajo la lupa

El listado de los detenidos por la desaparición de Mario Golemba informado por la Fiscalía Federal arrojó luz a un vínculo que, aunque no tiene relación directa con el delito en perjuicio de Mario, resultó llamativo.

Sucede que uno de los implicados, Ramón Cardozo, que se desempeñaba hasta hace poco en la División Seguridad Vial de la Policía, es un familiar directo del sospechoso del femicidio de Soledad Machuca (35), la preceptora que fue atacada en su casa de Posadas en febrero de 2025.

Cabe recordar que Gustavo Cardozo, imputado en el homicidio agravado por mediar violencia de género, también se desempeñaba como policía. A raíz de la causa judicial, fue pasado a disponibilidad mientras continúa la investigación.

Respecto a Ramón Cardozo, la pesquisa determinó que aquel 27 de marzo se desempeñó como guardia en la comisaría de Dos de Mayo donde trasladaron y golpearon a Golemba.

Actualmente, del amplio grupo, cerca de nueve agentes tendrían relación directa con la desaparición forzada del productor de Picada Indumar. El resto de los procesados son investigados por haber colaborado de algún modo en el ocultamiento u omisión de prevención del delito.