Preventiva para un político de Eldorado en causa por abuso

Después de tres meses detenido, la Justicia dictó que permanezca bajo prisión preventiva Julio B., un ingeniero forestal, docente y dirigente político de la ciudad de Eldorado que en 2024 fue denunciado por abusar sexualmente de su sobrina cuando era menor de edad.

Los cargos que se le imputan son abuso sexual gravemente ultrajante y agravado, exhibición obscena agravada por la edad de la víctima, abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente y promoción de corrupción agravada. Los episodios investigados por el Juzgado de Instrucción Dos de esa ciudad habrían ocurrido desde 2012, cuando la denunciante tenía apenas 7 años.

A lo largo del proceso judicial, la joven logró contar con detalle lo padecido en manos de su familiar. Inicialmente Julio B. permanecía imputado en libertad y debía cumplir con determinadas normas de conducta, entre ellas, no acercarse a la víctima ni a su familia, y tampoco salir del país.

Último punto que incumplió. Es que, según informes de la Dirección Nacional de Migraciones, el político eldoradense salió del país por lo menos tres veces entre agosto del 2025 y enero del 2026.

Movimientos que para la jueza subrogante, María Laura Rodríguez, fueron suficientes para reconocer desobediencia judicial y entorpecimiento del proceso penal. Consecuentemente, el 16 de abril de este año Julio B. fue detenido por advertirse un peligro de fuga.

Finalmente este 27 de julio, el nuevo juez de Instrucción Dos, César Lirussi, resolvió que continúe el proceso bajo prisión preventiva.

La medida se basó en el peligro de fuga y de entorpecimiento de la realización de pruebas, sumado a que previamente el imputado ya había incumplido la prohibición de salir de territorio argentino, conducta dispuesta por la Justicia.

La denuncia se radicó en abril del 2024 en la Fiscalía de Oberá, fecha en que la víctima (actualmente ya mayor de edad) decidió contar los reiterados episodios que sufría de parte de su pariente desde que tenía 7 y hasta casi cumplir 18 años. Por el lugar donde se habrían cometido los actos denunciados, el expediente pasó al Juzgado con asiento en Eldorado.

En la exposición judicial logró plasmar cómo esos abusos escalaron y se volvieron frecuentes a medida que transcurría el tiempo.

Las charlas en terapia y el acompañamiento recibido en ese ambiente fueron clave para que pudiera poner en palabras lo que había padecido desde temprana edad.

A la violencia sexual también se sumó la manipulación y el pacto de silencio que Julio B. intentó sostener.

A lo largo de la pesquisa, y por pedido de los letrados querellantes Ramiro Riveros y Sebastián López, declararon familiares de la víctima como del denunciado. También prestó declaración la profesional en salud mental que acompañó a la joven en su proceso para identificar lo vivido y denunciarlo.

Informes psicológicos también aportaron datos clave para revisar la magnitud del trauma causado.

Primer semestre de retardo

A pesar de eso, la investigación no se desarrolló sin traspiés. Ocurre que en junio del 2025, la querella denunció a la jueza Rodríguez (por entonces a cargo de la causa) por retardo de justicia.

Aquel documento se presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Posadas. Allí, reclamaron que la instrucción se encontraba paralizada desde, por lo menos, seis meses.

En ese medio año que transcurrió, el expediente se encontraba en la Cámara de Apelaciones después de que la defensa de Julio B., a cargo del abogado Gustavo González, apelara la imputación alegando que los hechos denunciados habrían prescrito.

Sin embargo, y según explicó el letrado Riveros en una entrevista dada en junio del 2025 a El Territorio, las pericias y pruebas debían continuar en el expediente de origen. Esto ya que el sistema digitalizado del Poder Judicial permite (y obliga) que las investigaciones prosigan con la incorporación de resoluciones en su formato digital.

En agosto del 2025, la Justicia ratificó que Julio B. siga siendo investigado por abuso sexual.