Hoy definirían la situación procesal de la madre acusada por el crimen de Ilan Vázquez tras una junta médica
La investigación por el crimen de Ilan Mareco Vázquez, el niño de 8 años asesinado el pasado lunes en Santa Ana, tendrá este viernes una jornada clave. Está previsto que se realice una junta médica interdisciplinaria para evaluar el estado de salud mental de la madre del menor, principal sospechosa del homicidio.
La medida fue ordenada por el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, quien suspendió la declaración indagatoria prevista para este jueves y dispuso con carácter urgente la evaluación psiquiátrica y psicológica de la mujer.
El objetivo de la pericia es establecer cómo se encontraba la acusada al momento del hecho, si comprendía la criminalidad de sus actos y si reúne las condiciones para ser considerada imputable o inimputable dentro del proceso penal.
De no surgir inconvenientes, la junta médica se desarrollará durante la jornada de este viernes. Mientras tanto, la mujer continúa detenida y ya cuenta con la asistencia de un defensor oficial designado por la Justicia.
El caso conmocionó a toda la provincia luego de que Ilan fuera hallado sin vida en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, en la zona portuaria de Santa Ana. El niño presentaba una herida de arma blanca en el cuello, lesión que, según confirmó la autopsia, fue la causa de su fallecimiento.
Tras el hecho, la madre fue trasladada al Hospital Madariaga por lesiones en los brazos que habrían sido autoinfligidas. Una vez recibida el alta médica, quedó alojada en una dependencia policial.
La investigación continúa con diversas medidas probatorias. Entre ellas, pericias sobre un cuchillo y un palo tipo masa secuestrados en la escena, además del análisis de testimonios y otros elementos que permitan reconstruir las circunstancias del crimen.
La causa también puso en evidencia antecedentes de denuncias por violencia familiar y presuntos problemas de salud mental de la acusada. Según consta en la investigación, la mujer había sido denunciada por su expareja en 2024 y 2025, y existía una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia. Familiares del niño sostuvieron además que la sospechosa había interrumpido un tratamiento psiquiátrico, aspectos que ahora también son analizados por los investigadores.