Casación definirá qué juez investigará la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino
La Cámara Federal de Casación Penal volverá a intervenir en la investigación por la mansión de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, al aceptar revisar el conflicto sobre qué magistrado debe llevar adelante la causa por presunto lavado de dinero y posible utilización de testaferros.
Según Publica BAE Negocios, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como propietarios del inmueble pero son investigados como presuntos testaferros del dirigente de la AFA. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron a favor de abrir la instancia, mientras que Alejandro Slokar lo hizo en disidencia.
La audiencia quedó fijada para el 12 de agosto a las 11:30, cuando las partes expondrán sus argumentos antes de que Casación resuelva qué tribunal continuará con la investigación.
Una causa que no encuentra juez
El expediente se convirtió en un verdadero laberinto judicial. Desde que se inició, en diciembre del año pasado, ya pasó por cuatro magistrados, varias cámaras de apelaciones y distintos fueros sin que se avanzara sobre el fondo de la investigación.
La discusión gira en torno a si la causa debe permanecer en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de María Verónica Straccia, o regresar al Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, como reclama la defensa, explicó el sitio de noticias.
Hace apenas un mes, la Cámara Nacional en lo Penal Económico había determinado que el expediente debía tramitar en ese fuero. Sin embargo, Pantano y Conte apelaron esa decisión mediante un recurso de queja que finalmente fue admitido por Casación.
La investigación sobre la mansión y los autos de lujo
La causa busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad de 105.000 metros cuadrados ubicada en Pilar, equipada con helipuerto, pista ecuestre y un galpón donde durante un allanamiento se encontraron 54 vehículos de alta gama y colección.
Aunque la titularidad formal corresponde a la firma Real Central S.A., integrada por Pantano y Conte, la Justicia sostiene que ninguno de los dos posee capacidad económica suficiente para justificar la compra del inmueble, valuado en varios millones de dólares.
Durante los primeros allanamientos ordenados por el juez Daniel Rafecas, los investigadores secuestraron un bolso con el nombre de Pablo Toviggino, una placa de reconocimiento del club Barracas Central y documentación que reveló que varios de los vehículos tenían cédulas azules a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Posteriormente, el juez penal económico Marcelo Aguinsky profundizó la investigación y planteó como hipótesis que la adquisición podría haberse financiado con fondos provenientes de la AFA.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figura el uso de una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino por parte de Pantano, con consumos cercanos a 50 millones de pesos mensuales, además del pago de peajes correspondientes a los vehículos hallados en la propiedad.
Una disputa que paraliza el expediente
Más allá de las pruebas reunidas durante los primeros meses, el expediente quedó prácticamente paralizado por la disputa sobre la competencia.
La defensa sostiene que el caso debe investigarse en Campana por una cuestión territorial, ya que la propiedad se encuentra en Pilar. Los fiscales, en cambio, consideran que la presunta maniobra económica corresponde al fuero Penal Económico.
Casación ya había intervenido anteriormente para anular el pase del expediente a Campana y ordenar que la Cámara en lo Penal Económico resolviera el conflicto. Ese tribunal devolvió la investigación a la jueza Straccia, pero ahora el máximo tribunal penal volverá a revisar toda la cuestión.
Qué puede pasar ahora
La audiencia del 12 de agosto será clave para definir el futuro del expediente. Allí expondrán la defensa de Pantano y Conte y el fiscal general de Casación, Mario Villar, antes de que los jueces dicten una resolución.
La decisión no solo determinará qué juzgado continuará la investigación, sino también si la causa logra salir del prolongado conflicto de competencia que lleva más de siete meses y que, hasta el momento, impidió avances significativos sobre las acusaciones de presunto lavado de dinero y posible utilización de testaferros vinculadas a dirigentes de la AFA.