Exigen con urgencia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre el deterioro del sistema educativo público

La comunidad universitaria volverá a movilizarse en todo el país el próximo martes 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria, en medio de un creciente conflicto por el financiamiento de las casas de estudio públicas. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, tendrá su acto central en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país. En Misiones, se convocarán a las 14 en el mástil ubicado en las avenidas Mitre y Uruguay de Posadas y marcharán hacia la plaza 9 de Julio. En esta oportunidad -según detallaron en la conferencia de prensa- todas las sedes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) marcharán en la capital provincial. 

Esta cuarta manifestación busca visibilizar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada recientemente por la Justicia, pero que -según denuncian las universidades- aún no se cumple de manera efectiva. Entre los principales reclamos figuran la actualización presupuestaria, la recomposición salarial docente y no docente, el sostenimiento de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios. También hacen hincapié en “el deterioro del sistema educativo a causa de un Estado ausente”.

Desde el sector universitario advierten que las transferencias nacionales acumulan una fuerte caída desde 2023 y aseguran que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya genera renuncias, vaciamiento de cátedras y dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

En el marco de la convocatoria, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, Cristian Garrido, advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en el sistema educativo y llamó a defender el acceso a la educación pública en todos sus niveles.

“El derecho que está en juego es el acceso a la educación pública y la posibilidad de que amplios sectores de nuestra sociedad tengan acceso a una formación universitaria pública, gratuita y de calidad”, expresó en diálogo con El Territorio.

Escenario actual

Garrido señaló que las universidades nacionales atraviesan un escenario de incertidumbre presupuestaria desde hace tres años y remarcó que el problema no solo afecta a las casas de estudio, sino también al sistema nacional de educación, ciencia y tecnología. “Es el tercer año de incertidumbre respecto de la ejecución presupuestaria y de si los fondos asignados van a ser suficientes para cubrir el funcionamiento pleno de todas nuestras actividades”. 

En ese sentido, detalló que la Facultad de Humanidades cuenta con 18 carreras de pregrado y grado, distribuidas en cinco edificios, además de las tareas de investigación y extensión que continúan desarrollándose pese al contexto adverso.

El decano indicó que siguen sin resolverse los reclamos salariales de docentes y no docentes, mientras que los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y las inversiones en infraestructura continúan afectados. “Los montos de las becas están congelados y se redujeron en cantidad. También siguen sin respuesta las inversiones en equipamiento e infraestructura”, afirmó.

Posteriormente, recordó que durante 2025 no hubo inversión nacional destinada a infraestructura universitaria y advirtió sobre la caída del porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a educación pública. “Hace 20 años que no veíamos un porcentaje tan bajo de inversión en educación pública. No se requiere una suma demasiado significativa para garantizar que nuestros jóvenes puedan seguir accediendo a la universidad”, remarcó.

Objetivos de la marcha

Sobre los objetivos de una nueva marcha universitaria, Garrido insistió en la necesidad de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que “permita recomponer salarios, fortalecer las becas y sostener el crecimiento académico e institucional".

“La implementación de la ley de financiamiento universitario es fundamental para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, fortalecer las becas estudiantiles y seguir avanzando en nuevas carreras y propuestas de formación”, señaló.

También sostuvo que el deterioro salarial ya impacta directamente en la calidad educativa, debido a que muchos docentes deben buscar otras fuentes de ingreso para sostenerse económicamente. “La calidad educativa está en riesgo si no se mejoran los salarios de docentes y no docentes. Hoy se sigue enseñando, investigando y haciendo extensión por un 50% menos de sueldo”, expresó.

Finalmente, el decano se refirió a la situación de los estudiantes y aseguró que muchos deben priorizar el trabajo para sostener sus estudios y sus familias, lo que transforma las condiciones de cursada y permanencia en la universidad. “Ya no son estudiantes que trabajan como complemento. Hoy son trabajadores y trabajadoras que buscan la forma de estudiar mientras resuelven primero cómo sostener su vida cotidiana”, concluyó.

Bienestar estudiantil 

Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam advirtieron sobre las dificultades que atraviesan los estudiantes para acceder a las becas Progresar y señalaron que cada vez son menos los beneficiarios dentro del sistema universitario. Ricardo Oettel, secretario del área, explicó que los problemas no son nuevos, aunque en los últimos años se profundizaron. En ese sentido, remarcó que anteriormente las universidades contaban con información clara y anticipada sobre las fechas de inscripción, requisitos y renovaciones de las becas, algo que dejó de suceder.

“Antes teníamos previsibilidad respecto a las fechas de apertura, cierre y requisitos para que los estudiantes puedan acceder a la beca. Eso dejó de pasar. Hoy nos enteramos de las convocatorias por los medios de comunicación o cuando aparece publicado en el Boletín Oficial”, sostuvo.

Según detalló, esta situación obliga a las áreas universitarias a realizar un seguimiento permanente para informar a los estudiantes, teniendo en cuenta además que las convocatorias permanecen abiertas por períodos limitados. Como ejemplo, indicó que históricamente las inscripciones se realizaban en marzo, mientras que este año comenzaron en abril.

Oettel también cuestionó que algunas carreras no figuren dentro del sistema de inscripción de Progresar, lo que impide que estudiantes puedan acceder al beneficio. Señaló que el problema afecta a distintas facultades y universidades nacionales. “Hoy un estudiante quiere inscribirse a la beca y no encuentra su carrera dentro de la plataforma del Progresar. O sea, se queda sin la beca”, afirmó.

En particular, mencionó el caso del profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, por el cual realizaron reclamos formales desde el año pasado mediante notas y correos institucionales enviados al área de Capital Humano, organismo del que depende el programa. Según indicó, recientemente recibieron una respuesta en la que se les informó que esa carrera sería incorporada recién en una segunda etapa de inscripción, prevista para fines de julio o principios de agosto.

Otro de los puntos que marcó el funcionario universitario fue el deterioro del poder adquisitivo de la beca. Actualmente, el monto asciende a 30 mil pesos mensuales. “El monto quedó congelado. Hoy con la beca te comprás un kilo y medio de carne”, cuestionó.

En ese marco, remarcó que para muchos estudiantes la ayuda resulta insuficiente frente al contexto económico actual y recordó que no todas las facultades cuentan con herramientas de contención como comedores universitarios, albergues o becas complementarias.

Finalmente, Oettel alertó sobre la caída sostenida en la cantidad de beneficiarios dentro de la Universidad Nacional de Misiones. “Pasamos de tener casi 12 mil becados a 7 mil y después a 5 mil. Este año todavía no sabemos cuántos estudiantes van a acceder, pero la tendencia es a la baja”, concluyó.