Milei ignora la ley de discapacidad y Misiones acumula seis meses sin cobrar

El Programa Federal Incluir Salud es una política del Estado nacional que financia prestaciones médicas para personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. Es decir, personas que carecen de cualquier otro tipo de cobertura formal de salud.

El programa dependía de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo disuelto por el gobierno de Javier Milei a fines de 2025 e incorporado al Ministerio de Salud a través del Decreto 942/2025 en medio de sospechas de corrupción, que se hicieron públicas a través de la filtración de una serie de audios que tenía como protagonista a su titular, Diego Spagnuolo, y otros funcionarios mencionados en maniobras sospechosas como la secretaria general de la presidencia Karina Milei, entre otros.

El mecanismo de funcionamiento del programa indica que el Estado nacional envía una cápita mensual a cada provincia adherida, que administra los fondos a través de una Unidad de Gestión Provincial (UGP).

Con esos recursos, las jurisdicciones pagan a los prestadores que son los centros de día, escuelas especiales, acompañantes terapéuticos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, transportistas, entre otros. Estos proveen servicios a las personas beneficiarias. Las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) como prótesis, internación domiciliaria, tratamientos para la hemofilia y otras, son financiadas directamente por el Estado nacional.

Todas las provincias del país están adheridas al programa. Hasta fines de 2023, el sistema operaba con demoras habituales, pero con un flujo de transferencias continuo. A partir de la asunción de Javier Milei en la presidencia, ese flujo se interrumpió de manera progresiva hasta quebrarse por completo.

Cómo se acumuló la deuda

Los registros indican que los primeros signos de interrupción en los pagos nacionales comenzaron en diciembre de 2023, cuando el último desembolso de la cápita se realizó entre el 7 y el 11 de ese mes a 21 provincias, según informaron fuentes de las entonces nuevas autoridades de la Andis. Desde esa fecha, la regularidad de las transferencias no se recuperó.

El deterioro se profundizó a lo largo de 2024 y se volvió crítico hacia el segundo semestre de 2025. Allí comenzaron las marchas de los familiares de personas con discapacidad, para reclamar la ayuda retenida. También allí se comenzó a trabajar en la declaración de una emergencia nacional.

Según los referentes del sector y datos confirmados por el gobernador Hugo Passalacqua, en el reclamo que elevó al Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada, los pagos del Programa Incluir Salud a las instituciones misioneras se interrumpieron entre octubre y noviembre de 2025. Desde entonces, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril transcurrieron sin que ingresara un solo peso por las prestaciones brindadas.

En paralelo, el presupuesto del área registró una contracción acumulada significativa, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) calculó una caída del 31,3% en términos reales en el primer trimestre de 2026 respecto de los valores de 2023. A eso se suma que los aranceles que perciben los prestadores se encuentran entre un 30% y un 40% por debajo de los valores que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad vigente, según denuncias del sector.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad documentó que existen instituciones en todo el país que no reciben pagos desde octubre del año pasado. En el NEA, más de 45 instituciones de Corrientes, Chaco y Misiones comparten el mismo diagnóstico y comenzaron a coordinar acciones conjuntas.

La postura del gobierno provincial

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua elevó reclamos formales al Estado nacional en dos oportunidades durante la semana del 14 de abril de 2026. El gobernador comunicó en sus redes sociales que solicitó la regularización urgente al ministro de Economía, Luis Caputo, y que reiteró el pedido al ministro de Salud, Mario Lugones. “Tal como lo hicimos días atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses -por una suma superior a los 2.500 millones de pesos- a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud”, expresó Passalacqua el 16 de abril en sus redes sociales.

Según datos aportados por fuentes del gobierno provincial, los fondos adeudados afectan a nueve centros que asisten a entre 1.600 y 2.000 personas con discapacidad y sostienen entre 600 y 800 puestos de trabajo entre profesionales, choferes y personal de apoyo. Para dar contención a esta situación, en estos días la Provincia articula una mesa de trabajo con las instituciones afectadas y el reclamo fue elevado directamente a la Nación con respaldo del gobernador.

Passalacqua expresó en sus comunicaciones que confía en que “primará la sensibilidad” y que el gobierno nacional continuará “asumiendo la obligación institucional, en el marco de la ley”.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud de la Nación no había emitido respuesta oficial a los planteos del Ejecutivo misionero.

Una norma vigente que el Ejecutivo no cumple

La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, con el apoyo de los legisladores misioneros. Esto, luego de que el Poder Ejecutivo vetara el proyecto original en agosto. El Congreso insistió en la norma y el Ejecutivo debió promulgarla mediante el Decreto 681/25, aunque intentó suspender su ejecución condicionándola a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

Un juzgado federal de Campana declaró inválida esa suspensión en diciembre de 2025 y ordenó la aplicación inmediata de la ley. El Estado nacional apeló la sentencia. El decreto reglamentario 84/2026 fue emitido en febrero de 2026 y estableció, entre otros puntos, una compensación de emergencia para prestadores por facturaciones realizadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

Pese a ese marco legal, los representantes del sector señalan que el gobierno no cumplió con las obligaciones establecidas. En ese contexto, el 21 de abril de 2026 el Ejecutivo envió al Senado el proyecto de ley 109/2026, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Adorni y el ministro Lugones, denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”.

La iniciativa propone modificar sustancialmente la Ley 27.793 vigente y eliminar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, herramienta que fija los honorarios mínimos que las obras sociales deben pagar a los profesionales. Desde las organizaciones del sector, la lectura de esa movida fue unívoca, el gobierno busca sustituir por vía legislativa una ley que la Justicia le exigió aplicar y que no ejecutó.

Un problema nacional sin resolución uniforme

El caso de Misiones no es aislado. La crisis del Programa Incluir Salud se replica en todo el territorio nacional, aunque con distinto grado de exposición pública según la relación política de cada jurisdicción con el gobierno central.

En la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra más de la mitad de los beneficiarios del programa a nivel nacional, la deuda acumulada con los prestadores superaba los 710 millones de pesos ya a comienzos de 2024, según datos de la cartera sanitaria bonaerense.

En Salta, las autoridades sanitarias confirmaron que los pagos estaban cortados y que la provincia tenía a unos 50.000 afiliados afectados; ante casos de riesgo de vida, el Ejecutivo salteño comenzó a hacerse cargo de algunas prestaciones con fondos propios.

En La Pampa, el director de Discapacidad provincial, Iván Poggio, confirmó que el último pago recibido correspondía a octubre de 2025 y que desde entonces todos los meses posteriores transcurrieron sin transferencias.

Según Poggio, el problema no responde a limitaciones presupuestarias estructurales sino a decisiones de administración de fondos. “Los fondos de discapacidad salen de un sistema de integración que está vigente hace muchos años. No es que se saca dinero de otro programa. Por eso decimos que esto es una decisión política de pago”, dijo. Hasta la fecha de cierre de este informe, no existe registro público de que el gobierno nacional haya priorizado el pago de deudas del Programa Incluir Salud a provincias en función de su alineación política.

La cronología de los hechos muestra que Misiones, considerada una de las provincias con diálogo abierto con la Nación, no recibió respuesta formal a sus reclamos, mientras el Ministerio de Salud comprometió verbalmente, en el marco de la movilización nacional del 22 de abril, el pago de las deudas acumuladas hasta enero de 2026 sin establecer un cronograma concreto.

El bloque misionero en el Congreso votó en disidencia el Presupuesto 2026 de la Nación, que en su versión original incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue uno de los puntos que no prosperó.

En Posadas también se sintió la protesta

El miércoles 22 de abril, Posadas fue una de las ciudades del país que se sumó a la jornada nacional de protesta convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La concentración comenzó pasada las 8.30 en la plaza 9 de Julio y las columnas marcharon por calle Colón hasta Alberdi, en dirección a la Legislatura provincial. La convocatoria reunió a personas con discapacidad, familiares, prestadores, acompañantes terapéuticos y representantes de diversas instituciones. La columna abarcó poco más de una cuadra en su punto de mayor concentración.

Al llegar a la Legislatura, los organizadores entregaron una nota dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, para que los senadores misioneros trasladen el reclamo a los ámbitos de decisión nacional.

Los ejes del reclamo fueron el rechazo al nuevo proyecto de ley del Ejecutivo nacional y la exigencia del cumplimiento de la Ley 27.793 vigente, incluyendo el pago de las deudas acumuladas con los prestadores.

Sebastián Calderón, director del Centro de Día Cenemi, reveló durante la jornada que Misiones se sumará a una denuncia penal ya radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5, contra el presidente Milei, el ministro Lugones, el exdirector de Andis Diego Spagnuolo y el actual secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches.

Florencia Esquinazi, directora del Instituto Owatá, describió el estado de ánimo del sector sosteniendo que “estamos preocupados y desbordados ya; todos los rumores que estaban circulando son ciertos y es algo preocupante”.

La referente cuestionó además el sentido de la reforma impulsada por el gobierno nacional al decir que “volvemos a discusiones de 10 años, 20 años atrás cuando Argentina se suma a la Convención Internacional a favor de las personas con discapacidad, se genera una ley que tiene carácter constitucional. Y hoy estamos discutiendo cosas que ya se trabajaron, que ya se hablaron, que ya se hicieron, que ya se vienen trabajando y que ya demostraron que este es el camino. Entonces, ¿por qué volvemos otra vez a tener que tener este tipo de discusiones?”.

Sobre el proceso de auditorías que el gobierno viene aplicando a los beneficiarios, fue categórica, “es alarmante, es angustiante para nosotros que nos dedicamos a esto y que acompañamos a las familias con discapacidad. El tema de las auditorías, ya hemos visto que acá en Misiones fue un desastre, fue vergonzoso”.

Amanda Álvarez, directora del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (Cadifu), cuestionó la narrativa oficial que asocia el sistema de pensiones con el fraude. “Siempre ponen a la persona con discapacidad con un estigma de que todo lo que sucede alrededor de esa persona con discapacidad es fraudulento, es un acto de corrupción y tenemos que estar todo el tiempo demostrando que no es así”.

Álvarez, que además es madre de un niño con discapacidad, apeló a esa doble condición para interpelar al conjunto de la sociedad. “No lo hago solamente por mi población, que son 200 personas que atendemos, sino lo hago por Gerónimo y por los Gerónimos que vienen. Entonces, nadie está exento de tener una persona con discapacidad en su seno familiar”.

Y agregó, “me parece que tenemos que llamar a la empatía de la sociedad, a una mirada más contemplativa, a reflexionar sobre lo que sucede, a leer, porque se dejan guiar mucho por los títulos estos que son taquilleros, y en realidad no están viendo lo que hay detrás”.

El testimonio de María Rosa Rodríguez de Olivera, mamá de una persona con discapacidad, graficó la consecuencia concreta de la interrupción de los pagos en la vida cotidiana. “Mi hija, por ejemplo, hasta la semana pasada era beneficiaria del instituto al que ella asistía. Estaba acostumbrada, tenía su rutina como todos los demás chicos. Como Incluir Salud no cumplió con los pagos y deben desde octubre del año pasado, que no pagan los salarios, los profes no pueden seguir trabajando. Nadie puede trabajar más de seis meses gratis. Están endeudados, no se les reconoce sus trabajos, sus servicios a los terapeutas. Y por eso nos vieron obligados a dejar de dar servicio a los chicos”.

Y acotó que “esta situación se replica, no solo acá, sino en todo el país. Hay instituciones que han cerrado y chicos que se han quedado sin ninguna terapia y eso implica para ellos un atraso enorme. En cualquier avance, por más mínimo que se logre, es un retroceso terrible en su desarrollo y en su calidad de vida. Ese es un tema. Otro tema es que ahora se quiere avanzar sobre los derechos que se habían adquirido con las leyes”.

A esta altura, con una ley de emergencia aprobada que además tiene el aval de la Justicia para su cumplimiento, la decisión de la Casa Rosada de mantener el déficit fiscal a fuerza de ajustes en sectores vulnerables muestra que el nivel de sensibilidad social de las autoridades es prácticamente nulo.