Preventiva para comerciante acusado de abuso sexual y producción de Masi

La causa por abuso sexual y producción de material de explotación sexual infantil que tiene como imputado a un extrabajador del Mercado Concentrador de Posadas tuvo un avance significativo en las últimas semanas. Ocurre que, tras la incorporación de pericias clave, el Juzgado de Instrucción Siete de la capital dictó el pasado 1° de abril la prisión preventiva para Roberto P. (57), quien continuará detenido mientras se profundiza la investigación.

El expediente, que tiene como víctima a un adolescente de 13 años, se encuentra en plena etapa de instrucción. En ese marco, avanzan la toma de testimoniales y la elaboración de informes determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

Según pudo saber El Territorio, el menor ya atravesó la instancia de Cámara Gesell, una herramienta fundamental para resguardar su testimonio.

El caso despertó bronca y consternación no sólo en el entorno familiar sino en la comunidad local, principalmente tras conocerse que el imputado tenía antecedentes y una condena previa (del 2018) por delitos sexuales contra menores.

Sobre el caso que salió a la luz este año, cabe recordar que la investigación comenzó cuando la madre del adolescente radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional I el 5 de febrero pasado. A partir de ese momento, la intervención fue inmediata y, a las pocas horas, el sospechoso fue detenido en el Mercado Concentrador con la colaboración de familiares de la víctima, quienes lograron impedir que se diera a la fuga.

Sobre la indagatoria realizada a los pocos días, fuentes judiciales indicaron que el comerciante de 57 años designó un abogado particular y luego escuchó atentamente las pruebas en su contra leídas por el magistrado Miguel Mattos, vinculadas a los hechos que se le atribuyen, que incluyen abusos, filmaciones y amenazas, todo en perjuicio de un menor de edad.

En esa instancia, y por recomendación de su defensor, el acusado optó por guardar silencio. Desde entonces permanece imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil, delito contra la integridad sexual y amenazas”. Con la reciente resolución judicial, se deberá determinar a qué unidad penal será trasladado para continuar el proceso hasta la elevación a juicio y el dictamen de una sentencia.

De acuerdo a lo incorporado en el expediente, la denuncia inicial se originó a partir de manifestaciones del entorno familiar del menor, quienes alertaron sobre comunicaciones insistentes a través de redes sociales y la utilización de presuntos perfiles falsos por parte del sospechoso, para establecer contacto con el adolescente.

Según la reconstrucción del caso, el acercamiento se habría dado bajo la excusa de ofrecer tareas laborales informales. A partir de allí, el sospechoso habría sometido al adolescente en reiteradas oportunidades desde fines de diciembre, según el testimonio de la madre, en hechos que se habrían producido en el domicilio del implicado.

“Yo le dije que no hacía falta (que trabaje), que yo le compraba un teléfono, que íbamos a ver la manera, pero él quería tener su plata y entonces empezó a ayudarlo, que iban a armar muebles acá en casa”, reconstruyó la mujer en diálogo con este diario. En la misma línea, la abuela del menor sostuvo que “mi nieto casi no trabajaba, este señor lo llevaba a que le haga compañía en el local del Mercado Concentrador, estaba ahí pocas horas”.

Las sospechas comenzaron cuando el adolescente dejó de asistir al lugar. “Hacía dos semanas que no estaba yendo y Roberto me escribió, preguntándome por mi hijo, que qué le pasaba”, recordó la madre.

La insistencia empezó a ser preocupante, reconoció: “Este señor me escribía, me preguntaba por él, me decía que mi hijo necesitaba una figura paterna. Yo le decía que no se meta”.

A esos contactos se sumaron mensajes desde cuentas falsas en redes sociales que, según la investigación, también habrían sido utilizadas para intentar vincularse con otros menores de edad en Posadas. Incluso, el propio adolescente habría advertido esos intentos. “No me esperaba esto para nada. Es una frustración muy grande”, lamentó la mujer.

Celulares y un payé

En un primer allanamiento en la vivienda del acusado, en el barrio Las Rosas, con la intervención del juez Mattos, el fiscal especializado en ciberdelitos Juan Pablo Espeche y efectivos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas, se secuestraron tres teléfonos celulares, un pendrive y un disco rígido, además de otros elementos considerados relevantes para la causa.

Entre los elementos hallados, los investigadores incorporaron también un objeto de tipo esotérico conocido como “payé”. Lo que encontraron llamó la atención por demás: se trataba de un ajo que contenía en su interior un papel con el nombre de un menor de edad, presunta víctima.

El elemento fue documentado en el acta por su posible relevancia dentro del contexto investigativo.

Antecedentes de abuso

Otro aspecto que despertó preocupación es la posibilidad de que existan más víctimas y la reincidencia del delincuente. Esto se desprende de los antecedentes del imputado, ya que en 2018 fue condenado por hechos de similares características en perjuicio de otro menor de edad.

Según fuentes judiciales, en aquel caso el hombre contactó a un adolescente entre 2015 y 2016 bajo la promesa de enseñarle un oficio. Tras generar un vínculo de confianza, los abusos se produjeron de manera reiterada y durante varios meses en su domicilio, utilizando el mismo modus operandi de amenazas con videos de abuso sexual.

En agosto de 2018, el acusado admitió su culpabilidad en un juicio abreviado ante el Tribunal Penal Dos de Posadas y fue condenado a seis años de prisión efectiva. Cumplió la pena, recuperó la libertad y retomó su actividad comercial.